Las empresas privadas, sobre todo cuando ya están testadas, generan ahorro y un menor gasto público por su eficiencia, experiencia, conocimiento y aprendizaje, afirma Santiago Muñoz Machado, eminente jurista especialista en Derecho público y Derecho administrativo y director de la Real Academia Española. El experto entiende que, ante la dispersión competencial, el Estado podría aprobar una ley que regulara el ciclo integral del agua urbano, además de impulsar la tarea de un organismo de supervisión