El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido a todas las personas al margen de su poder adquisitivo y hacerlo efectivo como tal exige el compromiso de todos los implicados, Administración y operadores especialmente. Así se ha destacado en la Jornada “El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables”
La pandemia del COVID-19, más allá de la tragedia, ha dejado importantes lecciones para el conjunto de la sociedad. Una de esas lecciones es la importancia que tiene el acceso al agua potable y al saneamiento para la salud. Su esencialidad, reconocida desde el principio de la crisis sanitaria, ha puesto en evidencia que la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad del recurso son un elemento vital que ha sido la barrera fundamental para frenar la expansión del virus.
Pero el coronavirus también ha dejado como secuela un agravamiento de las situaciones de los colectivos vulnerables. El cierre y las limitaciones a la actividad económica ha multiplicado las familias en situación de vulnerabilidad sobrevenida y ha agudizado las dificultades de los colectivos que ya tenían problemas para afrontar los pagos de los servicios básicos. Y no solo los hogares han sufrido este agravamiento; la vulnerabilidad ha quedado más patente todavía en aquellos colectivos de asentamientos irregulares o infraviviendas en zonas no urbanizadas que también requieren protección y garantías para hacer efectivo su derecho humano al agua.
Establecer índices que permitan valorar y objetivar el compromiso de Administraciones y empresas gestoras del ciclo urbano del agua con los colectivos y personas vulnerables es el objetivo del Convenio de colaboración suscrito entre Cáritas y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) presentado esta tarde en la Jornada “El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables”.
En su intervención, Francisco Caamaño, presidente del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), promotor de la Jornada, ha destacado la importancia del Convenio porque permitirá “medir de una manera objetivable el compromiso de las empresas del agua urbana con las personas vulnerables”.
Y es que, para Caamaño, no se puede estimar ni hacer juicios de valor sobre la calidad del servicio del agua urbana sin atender a la variante de la justicia social, independientemente de si lo gestionan empresas públicas o privadas. «Máxime en un Estado social y de derecho como el español”.
“Estos indicadores son muy importantes para hacer eficaz un derecho de las personas, que de otra manera podría quedar en papel mojado” y ha concluido que, siendo el derecho al agua un derecho de las personas “debe aplicarse y ser reconocido y para eso hacen falta cumplir unos requisitos mínimos de calidad, salubridad, disponibilidad”, entre otros.
La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad ya preexistente y estructural, y ha agravado la vulnerabilidad sobrevenida
Para la responsable de derechos humanos de Cáritas, Sonia Olea, en lo que respecta al derecho al agua y al saneamiento “hay un compromiso de garantía de un derecho fundamental que compete a la administración pública, una garantía reconocida por el derecho internacional y nacional. Luego está la responsabilidad de las empresas gestoras del agua urbana para dar cobertura a este derecho para los colectivos vulnerables”.
En este sentido ha destacado que, si bien la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad ya preexistente y estructural, y ha agravado la vulnerabilidad sobrevenida por las dificultades económicas que el coronavirus ha dejado en muchas familias, “en los últimos meses no se han producido cortes de agua a ninguna familia vulnerable”.
Olea ha explicado que Cáritas ha aportado al sector la realidad que se vive en la calle y un listado “donde las empresas pueden chequear y ver qué pueden hacer por las familias”.
Hay múltiples situaciones de vulnerabilidad que exigen respuestas diferentes, desde viviendas urbanizadas, infravivienda, asentamientos en zonas no urbanizables… y cada situación exige una respuesta adecuada, ha añadido Olea, para la que la responsabilidad de estas respuestas “no es solo de las empresas, sino también del conjunto de la sociedad. Los vulnerables deben ser acompañados, pero la garantía es responsabilidad de la administración pública”.
Por su parte, Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de agua urbana (AGA), ha recalcado que el derecho humano al agua es un compromiso adquirido que está en el ADN de todas las operadoras del sector agua urbana, tanto públicas como privadas, y ha explicado que Naciones Unidas establece un límite de asequibilidad para el acceso al agua y al saneamiento, del que España se encuentra muy por debajo. “España tiene una de las facturas del agua más baratas de Europa. Apenas llega al 75% de la media europea cuando en otros servicios como la luz o la telefonía están muy por encima de este porcentaje. Esto nos muestra que la factura del agua no es el elemento de exclusión para acceder al derecho al agua puesto que la factura que es más que asequible”, explicó.
Gustavo Vargas, responsable estatal de Agua y Energía de FICA-UGT, ha hecho un llamamiento a las autoridades porque esta pandemia ha demostrado la vulnerabilidad de la sociedad y “como sindicato de clase pedimos que la administración, especialmente la local, marque quiénes son los vulnerables y estructuren los mecanismos de protección social para garantizar el servicio a los vulnerables, para una vez definidos e identificados, se les pueda efectivamente garantizar el derecho al agua y saneamiento”.
Vargas ha señalado que “la gratuidad no puede ser la norma general porque detrás del acceso al agua y al saneamiento hay un esfuerzo de todo un sector que tiene que estar arbitrado por la administración para que se pueda proteger a los que realmente lo necesitan”.
Fernando Arlandis, subdirector de estudios y responsable de implantación del plan estratégico del Canal de Isabel II, ha señalado la importancia del agua como elemento estratégico de las ciudades, y cómo esta se convierte en un eje vertebrador para garantizar la igualdad, la sanidad, y otros muchos derechos que dependen del adecuado acceso a este recurso.
En este sentido, Arlandis ha destacado el continuo proceso de aprendizaje que se produce en los operadores del ciclo urbano del agua, y particularmente en el Canal de Isabel II, para desarrollar medidas que efectivamente protejan a los vulnerables. “A través de nuestro Canal Colabora integramos a las personas vulnerables para que puedan beneficiarse de las medidas de las que disponemos”, señaló.
Federico Ramos de Armas, director general de Suez Madrid, ha insistido en que el sector es plenamente consciente de la necesidad de proteger a los colectivos y a las personas vulnerables, y ha valorado el apoyo fundamental que supone la alianza con Cáritas para hacer realidad el derecho humano al agua. “Está en nuestro ADN dar un servicio de calidad, y eso exige dar una respuesta a los colectivos vulnerables y ser conscientes de la situación de quienes pasan dificultades económicas. Se trata de un problema social y estructural, pero desde luego por nuestra parte está plenamente incorporado”, afirmó.
«Si los operadores del ciclo urbano del agua quieren prestar un servicio de calidad, es imprescindible proteger al vulnerable»
Ramos de Armas ha resaltado que en toda España han impulsado medidas de ayuda a los vulnerables, como las tarifas sociales, los fondos de solidaridad, o los mecanismos de flexibilización del pago, y es que “si los operadores del ciclo urbano del agua quieren prestar un servicio público de calidad, es imprescindible proteger al vulnerable”, ha insistido, señalando además cómo uno de los retos de los operadores el acompañar a los usuarios que se encuentren en dificultades, para comunicarles las opciones y mecanismos de acción social disponibles. Acompañarlos en el proceso de solicitud y contribuir así a hacer efectivo su derecho al agua.
Esta es la mejor forma de hacer realidad un derecho humano que, como se puso de manifiesto en la jornada, en España se encuentra plenamente garantizado.
