Expertos internacionales, comunitarios y nacionales reunidos en la Jornada “Realidad y Futuro del sector Agua en España” han coincidido en señalar que el agua es el elemento determinante del desarrollo socioeconómico estratégico del país pese a la escasa importancia que tiene en los mecanismos de reconstrucción
España arrastra un déficit inversor en materia hidráulica del 49% para alcanzar los niveles necesarios que permitan al país alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente en lo que afecta a los ODS6 que garantiza el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado, al ODS9 referente a la Industria, innovación e infraestructura , al ODS 11 para lograr ciudades y comunidades sostenibles y al ODS15 que garantice la vida de los ecosistemas terrestres.
De hecho, según ha afirmado Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, en la Jornada “Realidad y Futuro del sector Agua en España”, celebrada esta mañana, al ritmo de inversión media anual realizada en materia hidrológica entre 2016 y 2019, de 1.103 millones de euros, el país no terminará las medidas planificadas en el tercer ciclo hidrológico en 2045, hasta 18 años más tarde de lo previsto (2027) y sobrepasando en 15 años lo que marca la Agenda 2030.
El sector del agua es el más necesitado y el más sancionado, ha apuntado Núñez, ya que la mayor multa de la historia de Europa a España es sobre Agua y sigue creciendo cada año: ya van 53,4 millones por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Una multa que sigue aumentado 10 millones cada semestre sin cumplir y que el Gobierno prevé que supere los 80 millones de euros.
Sólo el 3,6% del total de los 51.096 millones de euros Next Generation para el periodo 2021/2022 se destinan a políticas de agua
Estos Fondos Next Generation, en lo relativo a agua, “son una oportunidad desaprovechada, de manera que se tendrá que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritarias en materia hidráulica”, insiste Núñez.
Los expertos han apuntado a la imperiosa necesidad de facilitar e incentivar el “exitoso sistema de colaboración público-privada (PPP) que viene funcionando con éxito, tanto dentro como fuera de España, ya que, por concesión, las empresas de infraestructuras españolas han contratado de media 12.070 millones de euros al año, representando las concesiones hidráulicas el 7,4%.
«Con el ritmo inversor actual España llegará 15 años tarde a la Agenda 2030»
España es un país atractivo para los inversores, pero la regulación actual impide la atracción de financiación privada, lastrada por la actual Ley de Desindexación de la economía española, para la que piden modificaciones urgentes que faciliten esta colaboración que movilice capital privado, tal y como pretenden los propios fondos Next Generation.
El agua como prioridad europea
Desde la Comisión Europea se ha anunciado que efectivamente la gestión del agua es una prioridad para el ejecutivo comunitario y ha señalado que para 2022 se presentará una nueva revisión de la Directiva de Saneamiento que obligará a dar un paso más a todos los estados miembro hacia un cuarto nivel de tratamiento enfocado en el control y eliminación de los micro-contaminantes ( tanto biocotaminación y microplásticos), control y eliminación de nitratos y fosfatos, para evitar el exceso de nutrientes en las aguas regeneradas, incorporación de la economía circular a la depuración, valorizando lo que hoy son residuos y reduciendo las emisiones de CO2 de las plantas depuradoras.
Un salto de curso en materia de saneamiento y depuración al que España se enfrenta con la asignatura pendiente desde hace 30 años y que quizá se resolvería adecuando el esfuerzo inversor que recomienda la propia OCDE, según ha mostrado la representante de la CE.
Gonzalo Delacámara, asesor en política de agua de la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y naciones unidas, ha insistido en la necesidad de conectar las políticas de gestión del agua con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo estratégico de los países.
En este sentido, Delacámara ha señalado que los principales fallos de la política hidráulica española se dan en la Gobernanza, estamos en un marco estratégico inversor que tiene que contemplar, no solo los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras actuales, sino los costes ambientales; «pero solo estamos centrados en asegurar el servicio para hoy y olvidamos el verdadero desafío que es la inversión necesaria para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo, y eso exige una coordinación de todas las políticas sectoriales».
Para Delacámara, esta coordinación debe trascender la mera incorporación de las herramientas de optimización, digitalización, innovación y circularidad disponibles, sino que hay que impulsar un incentivo real para alcanzar los objetivos y no poner tanto el foco en el precio del servicio del agua sino en asegurar su asequibilidad dando protección a los colectivos vulnerables.
Caso de éxito en Navarra
Entre los casos de éxito destacados de colaboración público-privada en España, Ramiro Angulo, responsable de Agua en Alta del Grupo Agbar ha destacado la creación hace ya 14 años en Navarra de Aguacanal. Un consorcio inicial de siete empresas, del que Agbar gestiona un 50%; concesionario de la Fase I de la Zona Regable del Canal de Navarra, encargado de proyectar, financiar, construir y explotar los 15 sectores de riego con una superficie total de 26.000 hectáreas. Una construcción, que da servicio a 6.600 regantes de 27 municipios, con una población total de 44.000 habitantes.
Este proyecto es un ejemplo único de participación público-privada en el sector de las concesiones de infraestructuras de regadío adjudicado por el Gobierno de Navarra a Aguacanal mediante el peaje en sombra: un modelo en el que la concesionaria adelanta primero el dinero para acometer la obra pública y durante los siguientes 30 años recibe un canon fijo por la construcción, el mantenimiento, la financiación y para obtener un beneficio por esta infraestructura. Aguacanal tiene la gestión hasta 2036 y sin este modelo de colaboración no hubiera sido posible por la incapacidad de la administración de acometer la inversión necesaria.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha reprochado a la administración haber ejecutado sólo dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos durante la intervención de su presidente, Andrés del Campo.
Del Campo ha insistido en que en los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-2021) se incluían 11.224 medidas y una inversión prevista de más de 22.000 millones de euros.
Sin embargo, según los últimos datos disponibles, hasta diciembre de 2018 únicamente se habían finalizado el 7% de las medidas, con una inversión ejecutada de 3.650 millones de euros, aproximadamente el 16%, cuando el periodo transcurrido superaba el ecuador temporal del plan.
Esta falta de inversión es uno de los motivos por el que los regantes consideran que la planificación hidrológica está desenfocada al anteponer el extremismo ecologista a la satisfacción de necesidades básicas como el agua, de las que depende la producción de alimentos, lo que plantea la amenaza de no tener suficiente agua para regar durante los próximos años.
En la clausura el Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán ha querido hacer hincapié en que para 2021 esperan tener ejecutado el 90% del presupuesto previsto en materia de gestión hidráulica y ha reiterado que la Planificación Hidrológica es esencial para poder garantizar la seguridad hidrológica a largo plago, una seguridad que no es posible si no se prioriza la sostenibilidad.
