En el Día Internacional de la Paz ponemos el foco en la influencia creciente que tiene la falta de agua como causa de conflictos armados y en la necesidad de cooperación mundial para conseguir una paz duradera en un contexto de cambio climático
Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta fecha en 1981 como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Sin embargo, lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas. Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que puedan desarrollarse en igualdad y en las que se respeten los derechos humanos.
La paz mundial se está viendo amenazada en las últimas décadas por un nuevo factor: el cambio climático. Un reciente informe de Naciones Unidas vaticina que los cambios ambientales aumentarán las probabilidades de conflicto de manera decisiva. El estudio estima que en un escenario con cuatro grados centígrados más de temperatura media, el impacto del clima en los conflictos aumentará más de cinco veces. Incluso en un escenario de dos grados centígrados de calentamiento (el objetivo declarado del Acuerdo Climático de París), la influencia del clima en los conflictos sería más del doble.
En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos, en coordinación con el personal del Consejo de Seguridad Nacional del país, ha lanzado un conjunto de análisis de los componentes centrales de seguridad nacional y política exterior. En todos ellos se destaca que el aumento de las temperaturas y los efectos físicos extremos provocarán conflictos por el agua y el desplazamiento de cientos de millones de personas durante los próximos 30 años.
Asimismo, identifica once países de «gran preocupación», además de dos regiones enteras África Central y las islas del Pacífico, al ser «enormemente vulnerables a los efectos físicos» de la crisis climática y por no “tener la capacidad suficiente para adaptarse». El informe señala que el aumento de las temperaturas, eventos climáticos extremos y subida del nivel del mar amenazarán la seguridad hídrica, energética, alimentaria y sanitaria de estas regiones multiplicando la probabilidad de conflictos armados.
En países como Etiopía, Sudán, Kenia o Somalia, ya existe una clara vinculación entre las consecuencias del cambio climático y los conflictos entre diferentes colectivos sociales, como agricultores y ganaderos. Todos ellos motivados principalmente por las sequías, los recursos hídricos, la falta de alimento o las migraciones poblacionales.
¿Hacia las guerras del agua?
La ONU advierte que, para el año 2050 la demanda mundial de agua dulce crecerá en más del 40% y por lo menos una cuarta parte de la población mundial vivirá en países con una “falta crónica o recurrente” de agua potable. Actualmente ya hay más de 800 millones de personas que carecen de acceso a servicios hídricos básicos.
Todo esto sin tener en cuenta los efectos cada vez más alarmantes del cambio climático. Las sequías y los desastres climáticos aumentan cada año, y suponen una presión añadida para un sistema hídrico que en muchos países es altamente irregular. Según la Organización Meteorológica Mundial, en tan sólo cinco años dos de cada tres personas en el planeta sufrirán restricciones en su suministro de agua.
Además, la ONU también ha avisado que, debido a la escasez, se está intensificando la utilización del agua como arma en situaciones de guerra y conflictos armados. Allí, la restricción o el control del acceso al agua puede convertirse en un instrumento de destrucción masiva.
Aunque históricamente una de las estrategias bélicas más habituales, sobre todo en asedios, ha sido la de impedir la entrada de recursos a la zona sitiada, en los conflictos actuales se ha vuelto habitual utilizar este tipo de tácticas contra población civil de manera indiscriminada. A través del bloqueo de pozos o fuentes, o con el sabotaje a infraestructuras de agua y saneamiento, se intenta que la población se quede sin agua y se vea obligada a huir para sobrevivir.
El ejemplo más sangrante y reciente lo encontramos Siria, un país que lleva más de una década sumergido en una guerra civil que parece no tener fin. Las principales ciudades, como Alepo y Damasco, y otras poblaciones más pequeñas han sufrido cortes de agua y sabotajes por ambos bandos durante los conflictos. Es decir, durante años, millones de personas han sido despojadas de agua segura y potable de manera aleatoria, para presionar al bando contrario a ceder.
La herramienta de alerta temprana global Agua, Paz y Seguridad (WPS por sus siglas en inglés), combina variables ambientales como lluvias y malas cosechas con factores políticos, económicos y sociales para predecir el riesgo de conflictos violentos relacionados con el agua con hasta un año de anticipación. Aunque por el momento solo cubre África y Asia, la intención de sus desarrolladores es llegar a todo el planeta. Además, está disponible en línea para que lo use cualquiera y emite informes periódicos ya que su objetivo principal no es otro que el de crear conciencia sobre la magnitud del problema, especialmente en las regiones con estrés hídrico.
Agua como arma de guerra
El informe de Unicef Water Under Fire: Ataques a los servicios de agua y saneamiento en conflictos armados y los impactos en los niños, centra su atención en nueve países en guerra de Oriente Medio, África, Asia y Europa donde se estima que casi 48 millones de personas, incluidos los niños, necesitan urgentemente servicios de agua potable y saneamiento. Lugares como Libia, Palestina, Ucrania o Yemen donde conflictos enquistados desde hace años amenazan seriamente las posibilidad de supervivencia de los miembros más vulnerables de la población civil: mujeres, ancianos y niños.
“El acceso al agua es un medio de supervivencia que nunca debe utilizarse como táctica de guerra”, señala el director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine. “Los ataques a la infraestructura de agua y saneamiento son ataques a niños. Cuando el flujo de agua se detiene, enfermedades como el cólera y la diarrea pueden propagarse como un incendio forestal, a menudo con consecuencias fatales. Los hospitales no pueden funcionar y las tasas de desnutrición y emaciación aumentan. Los niños y las familias a menudo se ven obligados a salir en busca de agua, lo que los expone, en particular a las niñas, a un mayor riesgo de sufrir daños y violencia”, explica.
Y es que, en los lugares que sufren un conflicto armado, los niños menores de cinco años tienen 20 veces más probabilidades de morir debido a enfermedades diarreicas que a la violencia. De hecho, la mayoría de los niños que crecen en estos contextos extremadamente inseguros y frágiles a menudo tienen una situación más de ocho veces peor en los indicadores de agua, saneamiento e higiene que los niños nacidos en ambientes estables y protegidos.
Cooperación, el único camino
Lo cierto es que, a pesar de que el rompecabezas de la inseguridad hídrica preocupa mucho a diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, la “infraestructura” para evitar conflictos relacionados con el agua ya existe, en forma de tratados integrales apadrinados por Naciones Unidas. Son la Convención sobre la protección y el uso de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales (Convención sobre el agua), y la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (Convención sobre los cursos de agua).
La propia ONU señala que «las ventajas de sumarse a estas convenciones son múltiples». Por un lado, permiten “apoyar el diseño, desarrollo e implementación de acuerdos de cuenca” sin reemplazar los arreglos específicos entre países, ya que proporcionan un marco legalmente vinculante que facilita el que los países lleven a cabo sus actividades hídricas de manera “predecible y transparente”. Pero, sobre todo, ayuda a los países a “maximizar los beneficios de la cooperación transfronteriza” al incluir la lucha contra el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos, salvaguardar la gestión sostenible del agua y la protección de los ecosistemas y proporcionar una distribución equitativa de los beneficios.
Por otro lado, las convenciones “suponen una plataforma común en la que compartir experiencias”, mejorar la capacidad nacional de gestión y promover la diplomacia del agua, lo que lleva a un fortalecimiento de la gobernanza del vital líquido tanto a nivel nacional como transfronterizo. Además, esta base legal y política suele llevar aparejada “un aumento de la financiación para el desarrollo de cuencas transfronterizas” y se traduce también en un mayor apoyo político a la cooperación transfronteriza a nivel mundial.
“La paz en nuestra era significa mucho más que la mera ausencia de guerra entre estados, ya que la paz actual requiere herramientas sólidas y sofisticadas para la seguridad y la cooperación. Por eso, a día de hoy, la seguridad del agua y los recursos de la gestión del agua representan la piedra angular de la prevención de conflictos globales”, explicaba hace cuatro años Danilo Türk, ex-presidente de Eslovenia y director del Panel mundial de Alto Nivel sobre Agua y Paz. Una visión que, lejos de apagarse con el transcurso del tiempo y la llegada de problemáticas acuciantes como la pandemia de coronavirus, cada vez gana más fuerza en las organizaciones internacionales.
