La Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) y Cáritas han firmado un convenio de colaboración para definir los indicadores de excelencia que permitan medir y evaluar la sensibilidad y el compromiso de los prestadores de servicios de agua urbana hacia las personas y colectivos vulnerables
A pocos días de que decaiga el Estado de Alarma que blinda el escudo social para proteger el acceso de los colectivos vulnerables a los bienes y servicios esenciales, el sector del agua urbana ha dado un paso más para afianzar el derecho humano al agua potable y saneamiento para estos colectivos.
Aunque el 99% de los operadores de los servicios de agua en España, con independencia de que la gestión sea pública, mixta o privada, cuenta con mecanismos de acción social para asegurar la asequibilidad y cumplir el Derecho Humano al Agua, la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) y Cáritas han firmado un convenio de colaboración para definir los indicadores que permitan medir y evaluar la sensibilidad y el compromiso de los prestadores de servicios de agua urbana hacia las personas y colectivos vulnerables.
Un convenio que se dará a conocer esta tarde durante la celebración de la Jornada online “El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables” organizada por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) y que contará con la participación de Francisco Caamaño, presidente de Osur; Sonia Olea, responsable de Derechos Humanos de Cáritas; Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana (AGA); Gustavo Vargas, responsable estatal de Agua y Energía de FICA-UGT; Fernando Arlandis, subdirector de estudios y responsable de implantación del Plan Estratégico del Canal de Isabel II; y Federico Ramos de Armas, director general de Suez Madrid.
Francisco Caamaño, presidente del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), ha adelantado en una entrevista concedida a El Ágora que “con el convenio que hemos alcanzado con Cáritas podemos objetivar una serie de indicadores para incorporar a nuestra evaluaciones ese compromiso y sensibilidad de las autoridades competentes y gestoras del servicio con los colectivos vulnerables, respecto a los servicios del agua urbana. Porque con el agua no se trata solo de prestar un buen servicio; también hay que prestarlo a todos”.
Para el presidente de OSUR esta protección ha de ser un elemento clave para valorar la prestación de los servicios de agua urbana. “La red y el agua siempre son públicos. El agua es de hecho un bien de dominio público, y aunque la prestación puede ser pública, privada mixta, en todos los casos hay que atender, por iniciativa municipal, a los colectivos vulnerables porque hablamos de un derecho universal”
La responsable de Derechos Humanos de Cáritas, Sonia Olea, ha destacado la importancia de este Convenio porque el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, que determina la supervivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás Derechos Humanos.
Es este sentido ha insistido en que, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local al respecto, es obligación de los ayuntamientos abastecer de agua potable a las personas que viven en sus municipios, y ellos tienen la responsabilidad de facilitar el acceso a agua potable donde no la hay.
Para Olea aún queda camino para mejorar el compromiso y la protección a los vulnerables. En el caso de viviendas, es esencial atender a su debido disfrute y garantizar la no pérdida del acceso al agua potable desde la coordinación con Servicios Sociales, a través de bonificaciones, protocolos sobre suspensión de servicio u otras medidas.
En el caso de infraviviendas o asentamientos irregulares hay que garantizar un punto de acceso a agua potable y saneamiento a menos de un kilómetro, y en cualquier caso, en los espacios públicos debe haber una fuente de agua potable por cada 1.000 habitantes, distribuidas además de forma uniforme por el territorio.
Para Olea el derecho al agua potable tiene varias dimensiones que abarcan desde la accesibilidad y la asequibilidad, a la calidad del agua potable y la propia disponibilidad, y señala que Cáritas, como organización conocedora de la realidad social y acostumbrada a acompañar a personas y familias vulnerables, se ha encontrado situaciones en las que las «había economías que no se podían permitir pagar el propio suministro del agua, no podían hacerse cargo de las instalaciones y cañerías obsoletas que necesitaban una reparación inmediata, e incluso en casos de extrema emergencia humanitaria y sanitaria, donde ni siquiera tenían acceso a agua potable». Es el caso de algunas personas y familias que residen en vivienda inadecuada –infravivienda horizontal y vertical, caravanas, asentamientos rurales y urbanos-, y de personas en situación de calle en pueblos y ciudades donde ya no quedan apenas fuentes públicas de agua potable.
Agua del grifo cien por cien segura
Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores pueden confiar plenamente en su calidad. El agua de grifo es de absoluta confianza.
Por otro lado, el sector está haciendo un gran esfuerzo para anticiparse mediante una adecuada gestión preventiva de los riesgos. Así, 64% de los abastecimientos tienen implantados Planes Sanitarios del Agua, y el 19% los tienen en fase de implantación, en concordancia con las futuras exigencias de la Directiva Europea de Aguas de Consumo. La implantación alcanza el 100% en las áreas metropolitanas.
El agua más asequible de Europa
Actualmente, el precio medio para uso doméstico es de 1,90 €/m³ (sin IVA), correspondiendo el 56% de esta cantidad (1,06 €/m³) al servicio de abastecimiento, y 0,83 €/m³ (el 44%) al servicio de saneamiento.. La factura del agua supone el 0,90% del presupuesto familiar y se sitúa muy por debajo del 3% marcado por la ONU, para abastecimiento, como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua. España tiene pues una de las tarifas de agua urbana –que engloba el uso doméstico, industrial y comercial− más bajas de Europa. Y ello a pesar de ser uno de los países europeos con mayor escasez en recursos hídricos.
Por lo que cuesta un refresco pagamos el equivalente a dos días y medio de consumo en una vivienda de una familia de tres miembros. Con 1,90 euros se puede disponer del mismo volumen de agua que 1.000 botellas de agua de un litro compradas en un supermercado y que costarían unos 390 euros aproximadamente.
Compromiso con los vulnerables
Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, el 99% de los operadores de los servicios de agua urbana ─empresas públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales─ cuentan con mecanismos de acción social que permiten asegurar la asequibilidad del agua. Estos mecanismos consisten, generalmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad, siendo responsabilidad de los poderes y administraciones públicas la determinación de los beneficiarios.
Además, los procedimientos implantados suelen ser muy garantistas con el usuario, aunque debe ser un objetivo prioritario de los mecanismos de acción social evitar posibles errores administrativos e incidir en la agilidad y simplificación de los procedimientos, con la finalidad de que ningún hogar en situación de vulnerabilidad se quede sin suministro, dando así cumplimiento a este derecho humano universal.
El porcentaje de usuarios beneficiados por ellos se sitúa, en 2018, en el 4,7%, siendo las comunidades autónomas que reportan una mayor aplicación de estos mecanismos Andalucía, Murcia, Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana.
«Los mecanismos de acción social son el conjunto de procesos o herramientas administrativas a través de las cuales se ofrecen condiciones especiales, más favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar situaciones de vulnerabilidad.»
AEAS y AGA han contribuido a la sensibilización, generalización y racionalización de las actuaciones sectoriales para hacer efectivos, a los colectivos más vulnerables, los servicios de abastecimiento y saneamiento. En ese sentido, cabe recordar que, desde 2012, ambas asociaciones vienen trabajando en estos aspectos y, junto con ECODES, presentaron en el año 2016 los resultados del informe Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones, que presentaba un análisis de cómo son los mecanismos de acción social existentes en el sector del agua y unas recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en práctica de manera voluntaria.
Asimismo, en 2019, la FEMP y AEAS elaboraron la Guía para la aplicación de mecanismos de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes ámbitos de gestión.
