El deterioro durante dos décadas de las infraestructuras hídricas de Venezuela, a causa de la mala gestión y la inacción del Gobierno, ha llegado a un punto insostenible que ha estallado con la pandemia del coronavirus y una población cada vez más desesperada



A la falta cotidiana de combustible, electricidad, alimentos y todo tipo de productos, en Venezuela se une desde hace años la carencia del recurso más preciado: el agua. Una situación que ya desespera a la población y que, lejos de solucionarse, cada día empeora un poco más.
La rutina de las familias se construye alrededor del momento en el que hay que ir a buscar agua a alguna tubería rota o fuente en mitad de la calle, al paso del camión cisterna o, si la suerte acompaña, de un grifo en el propio hogar que durante apenas unas horas permite limpiar, lavar la ropa, ducharse en un minuto y llenar cuantas garrafas se puedan, antes de que el agua vuelva a desaparecer.
Y es así todos los días en todos los rincones de Venezuela, grandes capitales y pueblos remotos, donde las protestas por la falta del preciado líquido se suceden con cada vez más rabia.
La llegada de la pandemia del coronavirus no ha hecho sino evidenciar y empeorar la situación de vulnerabilidad de la población, que ha tenido que sufrir meses sin ver salir una sola gota de agua de sus grifos particulares, durante períodos de confinamiento y cuando el lavado de manos se ha hecho más necesario que nunca.
Pero, ¿por qué ocurre esta grave vulneración al derecho humano de acceso al agua en el décimo país del mundo con más reservas de agua potable? ¿Por qué el suministro de agua falla en nueve de cada diez hogares de Venezuela? La respuesta de todos los expertos es clara: la falta de gobernanza e inversión y la puesta de intereses políticos por encima de las necesidades de la población.


Dos décadas de inacción
El comienzo de los problemas de abastecimiento se remonta a la restructuración en 1999, con la llegada al poder de Hugo Chávez, de las empresas territoriales encargadas de la gestión del agua, englobadas en la empresa estatal Hidroven.
Como recuerda el ingeniero y docente universitario José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, encargada del agua en Caracas y los estados de Miranda y Vargas, se trataba de “una organización robusta técnicamente, bien desarrollada, que prestaba un servicio de calidad y con un equilibrio económico que le permitía tener recursos suficientes no solamente para mantener y operar el sistema, sino para completar inversiones en nuevas infraestructuras”.


Sin embargo a partir de 1999 “los técnicos y directivos fueron sustituidos en todas las empresas por funcionarios que tenían obediencia al régimen y que, en general, estaban muy poco preparados técnicamente para operar y gestionar servicios de alta complejidad, como es el abastecimiento de agua”. Ese proceso se agravó en el tiempo porque la crisis económica del país también provocó que una “buena parte de los talentos que tenían mayor competencia se fueran al extranjero”.


A partir de entonces, el servicio de agua, en la práctica totalidad del país, ha ido sin remedio cuesta abajo. La infraestructura, por falta de mantenimiento e inversión pública durante 20 años, «está profundamente dañada, lo que reduce la capacidad de traer agua desde los embalses«, explica De Viana. Además, casi todas las fuentes están a 50 ó 70 kilómetros de distancia, por lo que se requiere de estaciones de bombeo con una potencia importante. Y sin embargo, estas también sufren de falta de mantenimiento y renovaciones tecnológicas, a lo que se suma el grave problema de abastecimiento eléctrico que soporta el país, que les impide operar la mayoría de los días.
Al servicio insuficiente en cantidad se une la falta de calidad. Como el 80% de la población de Venezuela recibe el agua de manera intermitente, las tuberías no tienen flujo continuo y no están presurizadas, por lo que cuando el agua llega al grifo lo hace casi siempre con problemas de color, sabor y olor. Además, es habitual la detección de fallos en la potabilización y la depuración, pues el agua que llega a los hogares está contaminada y vuelve del mismo modo al medio natural.
Estos problemas salieron a relucir en una jornada virtual celebrada en mayo del pasado año bajo el título ‘Caracas sin agua en pandemia’ en la que expertos analizaron la situación de penuria hidrológica de la ciudad en medio de la crisis sanitaria. José Divasson, ingeniero, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, fue claro al respecto: «el funcionamiento de un sistema de agua adecuado depende de cuatro pilares fundamentales: la existencia y calidad del agua, la infraestructura, un sistema eléctrico que lo respalde y una empresa que los distribuya. En Venezuela fallan los cuatro pilares«.


Divasson afirmó que “la infraestructura que se desarrolló desde la década de 1950 hasta el año 1999 es capaz de tomar toda el agua que existe en un embalse y traerla a Caracas, que no es una tarea fácil. El problema es la falta de mantenimiento de la infraestructura durante dos décadas que provoca la rotura y la explosión de tuberías todo el tiempo«. Los desperfectos se arreglan de manera inadecuada o directamente no se arreglan, por lo que la mala situación de la infraestructura se va acumulando y acrecentándose.
Nueva rotura de tubo matriz, en el Cafetal, "agrava más la crisis del AGUA en Caracas". Cuando no es el Tuy, es el Cafetal y cuando… y así pasamos los días y ¡aquí no pasa nada! pic.twitter.com/L46fyGm1KH
— Valores Éticos (@Ethical_Values) May 30, 2021
El experto denunció que «las instituciones que prestan servicio de agua al país están sujetas a las decisiones del régimen de Nicolás Maduro, por lo que sus acciones están orientadas en muchas ocasiones a la política». Divasson recordó que con la llegada de Maduro al poder «en 2013 se plantearon los primeros planes de racionamiento de agua en el país que, con el paso de los años, continúan y a un nivel desproporcionado«.
Camiones cisterna
A las sonadas protestas de la población durante los primeros meses de pandemia a causa de la falta de agua, el Gobierno de Nicolás Maduro respondió comprando a China más de 300 camiones cisterna que adquirió con la finalidad de abastecer al país con agua potable. La inversión fue de 30 millones de dólares y aproximadamente 100 de estos camiones prestan servicio en la ciudad de Caracas, una cifra que no cubre ni de lejos la demanda de la capital.
La medida, así como el manejo de los fondos para paliar la crisis del agua, han sido duramente criticados por la oposición y por expertos de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica que argumentan que ese dinero habría sido de mayor provecho en el mantenimiento y reparación de infraestructura hídrica ya existente.
Almacenar agua para poder beber
Una encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), realizada en enero de 2021 en 12 ciudades del país, refleja que, a pesar de que el 89,7% de los hogares está conectado al sistema de tuberías, solamente el 25% de los ciudadanos tiene servicio del líquido elemento de forma continua, y que un 47,7% de los casi 29 millones de habitantes del país se ven obligados a almacenar agua en pipotes (bidones).
El estudio, dado a conocer el pasado mes de abril, demuestra que la deficiencia en el abastecimiento de agua en Venezuela afecta no solo zonas concretas, sino a la totalidad del territorio y también a la capital, Caracas, donde tanto en barriadas como zonas acomodadas falla el servicio.
#30Dic #Venezuela Así llega el agua a algunas zonas de la parte alta de #LaVega, #Caracas. Denuncian que @HidroCapital2 no atiende el llamado de la comunidad y que el agua de las cisternas que envían llega igual de sucia. Vecinos exigen respeto y trato digno.Vía:@ParroquiaSanAl4 pic.twitter.com/lRAVUr0u10
— La Tribuna de Todos (@tribunadetodos) December 30, 2020
El 61,0% de los encuestados opinó negativamente sobre la calidad del servicio de agua potable que recibe en sus hogares, y un 71,9% lo hizo debido a la inconstancia en la recepción del recurso. Específicamente, las ciudades de Punto Fijo (86,8%) y Barinas (81,4%) son las urbes que más sufren la inconstancia del suministro.
Asimismo, los ciudadanos emitieron opiniones negativas relacionadas con las propiedades organolépticas del agua que reciben, donde un 52,6% señaló que presentó coloración, un 24,3% afirmó recibir el agua con mal olor, y un 20,2% indicó que percibió mal sabor.
Otros datos reflejan que el 47,7% de los encuestados se ve en la obligación de almacenar agua en sus hogares, el 23,3% realiza pagos a camiones cisterna, el 11% realiza prácticas adicionales de traslado y acarreo de agua, el 12,2% compra grandes botellas y el 9,1% almacena agua de lluvia.
Esta situación es insostenible y cada vez más sangrante con la población más vulnerable, que se ve privada de el recurso más necesario y de un derecho humano universal: el acceso al agua potable. Una situación especialmente sangrante si se tiene en cuenta que Venezuela es para uno de los países más ricos en recursos hídricos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha puesto en marcha recientemente una potabilizadora portátil de agua en el estado venezolano de Apure, azotado entre los pasados marzo y mayo por combates entre militares de Venezuela y disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, que beneficiará a 1.950 familias.


«Alrededor de 1.950 familias del estado Apure recibirán agua potable, con la puesta en funcionamiento de una planta potabilizadora portátil en el ambulatorio de La Victoria», escribió Unicef Venezuela en su cuenta de Twitter.
Detalló que la instalación de esa planta fue posible «gracias a la contribución de donantes internacionales«, puesto que el Fondo trabaja con las autoridades locales para que los menores y sus familias «vean cumplido su derecho de acceso a agua».
