Crece la vulnerabilidad en España, pero a nadie se le corta el agua

Crece la vulnerabilidad en España, pero a nadie se le corta el agua

El Observatorio de los Servicios Urbanos-OSUR y Cáritas presentan un estudio sobre el tratamiento que los operadores de abastecimiento de agua de 34 grandes ciudades dan a los usuarios vulnerables. Hay diferencias entre localidades, pero en ninguna se ha cortado el agua a los ciudadanos que no pueden costearla en los dos años de pandemia


El Observatorio de los Servicios Urbanos-OSUR y Cáritas han presentado un revelador estudio sobre el tratamiento que los operadores del servicio de abastecimiento de agua proporcionan a los usuarios vulnerables en 34 ciudades, seleccionadas entre las de mayor población de España, incluyendo capitales de provincia y otras de volumen poblacional elevado y, donde Barcelona aparece en el lugar más destacado por su nivel de atención a estas cuestiones.

Se trata de la primera fase de un análisis fruto de la colaboración entre ambas entidades y que se extenderá en breve a otras 30 localidades significativas del país.

La presentación del estudio se llevó a cabo en la sede del Consejo General de la Abogacía en Madrid y contó con la presencia del ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, presidente de OSUR, y Sonia Olea, directora de Derechos Humanos de Cáritas.

El objetivo del trabajo, explicaban los ponentes, es conocer hasta qué punto los municipios -que son la administración titular del servicio de agua en nuestro país- tienen establecidos protocolos suficientes para atender el derecho al agua de los ciudadanos. El estudio resulta si cabe más oportuno en una situación socioeconómica como la actual, ya que la crisis generada por la pandemia de coronavirus ha aumentado el número de familias en situación de vulnerabilidad.

El informe muestra que en una situación de emergencia como la actual, ayuntamientos y operadores de agua han redoblado esfuerzos para no dejar a nadie atrás: “Durante la pandemia -años 2020 y 2021- no se ha producido ningún corte a los hogares vulnerables, mientras que la cantidad de usuarios reconocidos como tal ha crecido del 1,10% al 1,21% en toda España” indica el trabajo, si bien señala que hay diferencias significativas entre la forma de abordar esta cuestión entre unas localidades y otras.

Para Francisco Caamaño, el estudio permite “medir el nivel de satisfacción y de realización de un derecho tan importante como es el derecho de acceso al agua, cuando se sabe que el agua empieza a ser un bien cada vez más escaso debido al cambio climático, problemas ambientales, de contaminación y otros impactos”.

Presentación del informe OSUR-Cáritas sobre abastecimiento de agua y población vulnerable, con los ponentes Ramiro Aurín, Francisco Caamaño y Sonia Olea de izquierda a derecha. | FOTO: Marta Carrión
Presentación del informe OSUR-Cáritas sobre abastecimiento de agua y población vulnerable, con los ponentes Ramiro Aurín, Francisco Caamaño y Sonia Olea de izquierda a derecha. | FOTO: Marta Carrión

“Durante los dos años de pandemia no ha habido ningún corte de suministro de agua a los usuarios reconocidos como vulnerables, que han crecido del 1,10% al 1,21% del total”

En opinión de Sonia Olea, de Cáritas, el estudio ofrece “una fotografía que no teníamos de la situación en la que se encuentran un número importante de ciudades del Estado español”.

En ese sentido, añade la responsable de Cáritas: “Hay una gran mayoría que sí que tiene en mente la situación de vulnerabilidad de las personas”, pero hay otros lugares, matiza, donde se puede mejorar el grado de atención a estas cuestiones.

Para el ex ministro de Justicia y actual presidente de OSUR, Francisco Caamaño, se trata de encontrar un equilibrio entre la buena administración del recurso y la obligada atención a un derecho: “La cuestión reside en cómo compatibilizar la necesidad que tenemos de ponerle precio a un recurso natural que cuesta manejar y distribuir, para administrarlo mejor entre todos, y, al mismo tiempo, hacer eso compatible con la atención a las personas vulnerables”.

Para Caamaño, la inestimable colaboración de Cáritas ha “ayudado mucho” a trazar un muestreo real de la situación en las ciudades más importantes.

Los nueve indicadores del estudio OSUR-Cáritas

  1. Existencia de canal de reconocimiento de vulnerables
  2. Existencia de canal de registro de vulnerables
  3. Verificación de vulnerabilidad previa al corte del suministro
  4. Bonificación donde se tarifica a partir de los 21 litros por persona y día
  5. Bonificaciones después de los 21 litros por persona y día
  6. No cortes en hogares reconocidos como vulnerables
  7. Distribución isométrica de los puntos de medición de la calidad del agua
  8. Reenganche gratuito de los vulnerables que hayan sufrido corte por error
  9. Tarifas que primen el uso responsable y el ahorro de agua 

Ejemplos destacados como Barcelona

El estudio establece un sistema de medición por indicadores numéricos que permite estandarizar y homogeneizar el grado de cobertura que los ayuntamientos prestan a la cuestión social del agua, empleando para ello nueve parámetros significativos.

Cada uno de los nueve indicadores se ha puntuado de 0 a 3, de menor a mayor cumplimiento, más la posibilidad de un punto adicional en caso de sobrecumplimiento útil.

Estos indicadores pretenden crear un marco adecuado para la gestión y la autoevaluación del tratamiento de los hogares vulnerables por parte de cada operador “para crear una auténtica cultura y sensibilidad del sector al respecto”, señalan OSUR y Cáritas.

Un caso que destaca en el estudio es el del servicio de Aguas de Barcelona en el Área Metropolitana de Barcelona, un ejemplo de colaboración público-privada que alcanza la máxima puntuación en todos los apartados, con algún punto adicional. Además, se da la circunstancia de que los hogares vulnerables reconocidos en esta zona concreta del país han pasado del 2,87% al 3,65% del total de usuarios desde 2019.

“Capitales provinciales como Murcia, Cartagena, Granada o Alicante aparecen entre las mejor posicionadas”

Tras Barcelona, aparecen después Alicante, Bilbao, Cartagena, Córdoba, Coruña, Granada, Huelva, Madrid, Mataró, Murcia, Palma de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Pamplona, Prat de Llobregat, Sabadell, San Cugat, Sevilla, Santiago de Compostela, Reus, Terrassa, Valladolid, Vigo y Zaragoza, que han obtenido una puntuación de entre 2 y 3, que puede considerarse como más que aceptable, según los autores del trabajo.

Las otras nueve ciudades analizadas en el trabajo están por debajo de 2. Las fuentes utilizadas para el análisis son las publicadas en páginas web y ordenanzas municipales. Antes de hacer públicos los datos, los autores del estudio contrastarán si las prácticas son mejores que lo publicado, o si están en fase de mejora, lo cual ha ocurrido con varios operadores mientras se realizaba el estudio. El plazo para demostrar avances antes de la publicación de resultados definitivos será de seis meses desde su comunicación privada, que será inmediata, señala OSUR.

En opinión de los autores, “durante la pandemia se ha registrado un aumento significativo de la conciencia del problema y de las herramientas para su solución entre muchos operadores, a los que hay que reconocer su labor”.

Para Francisco Caamaño, la situación es, en general, positiva: “Hemos comprobado que en España se progresa adecuadamente; en los dos últimos años no hubo cortes porque alguien no pudiera pagar el recibo, lo cual es fundamental. Pero además necesitamos que haya medidas adicionales. Que se bonifiquen determinados tramos de consumo, por ejemplo. Se trata de encontrar ese punto de solidaridad común de aprovechamiento de un recurso con un precio y la vulnerabilidad de ciertos colectivos”.



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