Aigües de Barcelona y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat han renovado el protocolo que garantiza el suministro de agua a quien no pueda pagarlo por falta de recursos económicos. La compañía tiene acuerdos similares con 23 consistorios metropolitanos
La pandemia de la COVID-19 ha ahondado en las brechas económicas y sociales de nuestro país, una situación en la algunas empresas están liderando la protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Es el caso de Aigües de Barcelona que, consciente del impacto transformador de las empresas, tiene el compromiso de que que ninguna persona se quede sin acceso a un servicio tan esencial como el agua.
Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona, y Lidia Muñoz, alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, han firmado este miércoles la renovación del protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética, que da continuidad al firmado en julio de 2017. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no pueda pagarlo por falta de recursos económicos, en aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Felipe Campos ha agradecido el compromiso conjunto con el Ayuntamiento de Sant Feliu, destacando “el impulso de la acción social, con proyectos como A-Porta o ONA, dirigidos a reducir las desigualdades y promover una sociedad más justa”. Por su parte, la alcaldesa de Sant Feliu ha destacado «la necesidad de mantener el diálogo continuo y la proximidad con la compañía para garantizar el acceso a la ciudadanía de un recurso tan esencial como el agua».
El protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética ya se ha firmado con los 23 consistorios metropolitanos donde Aigües de Barcelona está presente: además de Cornellà, Sant Adrià de Besòs, Begues, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Climent, Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Montcada i Reixac, Castelldefels, Viladecans, Sant Feliu, Sant Just, Montgat, Gavà, Pallejà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, Hospitalet, Badalona, Barcelona y Cerdanyola. Este protocolo pone de manifiesto el compromiso de la compañía con la ciudadanía, fundamentalmente con las familias en situación de vulnerabilidad.
