La Fiscalía de Málaga pide dos años de cárcel para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el caso del vertedero ilegal del municipio que estuvo operando durante 18 años y vertió en la zona más de 802.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos
No contentos con llevar 20 años contaminando el mar con sus aguas fecales, Nerja, vuelve a ser noticia por delitos medioambientales. En esta ocasión por la petición de dos años de cárcel a su alcalde, Alberto Armijo (PP) acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por los 18 años de vertidos ilegales en una antigua cantera del paraje Río de la Miel, en Nerja (Málaga), anexa al parque natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.
El vertedero, que fue clausurado por orden de la Junta de Andalucía y del Seprona en septiembre del 2016, después de 18 años de funcionamiento, ocupaba una extensión de 36.000 metros cuadrados donde se acumularon 800.000 metros cúbicos de residuos de obra y demoliciones, podas, plásticos y pinturas ilegalmente depositados.
Entre junio de 1998 y septiembre de 2016 la Junta de Andalucía abrió al menos cuatro expedientes sancionadores ordenando su cierre
Esta ocasión deriva de la Operación Rubbish, desarrollada por el Seprona a instancias de la Fiscalía de Málaga en agosto de 2016, que se centra en los presuntos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.
Las mercantiles implicadas, supuestamente, se dedicaban a la recogida y transporte de los residuos, que después eran vertidos sin control en la antigua cantera, con el agravante de contar con una planta autorizada para estas labores a escasos 25 kilómetros.
La Guardia Civil comprobó entonces la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de construcción y demolición en el vertedero ilegal del municipio que podría superar los 2,5 millones de euros. Este sería, según el instituto armado, el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos «indiscriminadamente y de manera ilegal» en el vertedero de Río de la Miel de Nerja.
Según la Guardia Civil, estos vertidos se realizaron, «a sabiendas de su ilegalidad y con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación«.
Incluso, según el instituto armado, se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados, por lo que se sintieron engañados ya que habían pagado un servicio bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental.
Este vertedero ilegal afecta directamente al espacio protegido Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, que tiene otras figuras de protección como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación, entre otras.
Entre los graves peligros medioambientales que representa este vertedero destacan el riesgo potencial de incendio por no gestionar los gases producidos en la masa del residuo, siendo algunos de ellos inflamables y, por tanto, con riesgo de explosión por autocombustión.
Además de la acusación contra el Alcalde de Nerja, el popular Alberto Armijo, que también lo fue ente 1995 y 2015, para el que se piden dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación, se acusa a otras ocho personas más por este supuesto vertedero ilegal y se pide el sobreseimiento de la causa para cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal (PSOE) que presidió el ejecutivo local entre 2015 y 2019.
Llueve sobre mojado en Nerja
La semana pasada el edil nerjeño también desfiló por los juzgados de Torrox para declarar como investigado en la operación «Vastum», que investiga los vertidos de aguas residuales sin depurar al río Chilla por la demora en la puesta en marcha de la depuradora de Nerja que debería haber estado operativa en 2014.
En esta ocasión el alcalde derivó la responsabilidad sobre el Gobierno Central para eludir esta investigación puesta en marcha por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por las irregularidades detectadas en algunas depuradoras andaluzas en los años 2013, 2015 y 2017. En el caso de Nerja, se sumó un empresario local.
Nerja, es uno de los municipios señalados por Bruselas por los verter sus aguas fecales al mar sin depurar, contraviniendo las directrices comunitarias que ya en 1991 fijaron las normas de depuración y saneamiento para municipios de más de 15.000 habitantes, y que deberían estar resueltas desde 2001.
Veinte años después del plazo de cumplimiento Nerja no sólo no ha cumplido, sino que, junto a otros siete municipios, cuesta a España la friolera de 58.000 euros diarios en concepto de multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
