Las autoridades yemeníes han calificado de «crímenes de guerra» los últimos ataques aéreos saudíes contra infraestructuras críticas de suministro de agua, que han dejado sin acceso al recurso a decenas de miles de personas en la provincia de Sa’ada
Aunque no sea su objetivo principal, es de sobra conocido que acciones indiscriminadas como los ataques aéreos, el fuego de artillería y los artefactos explosivos improvisados hieren y matan a muchos civiles inocentes durante las guerras. Pero muchos ignoran que uno de los principales peligros para la supervivencia de la población civil en zonas de conflicto, tanto a corto como a largo plazo, son los ataques a la infraestructuras de agua y saneamiento. Y es que, más allá de la sed, cuando es imposible beber o lavarse de forma segura, las posibilidades de desarrollar enfermedades infecciosas se multiplica. Ese es precisamente el mayor miedo que hay ahora en Yemen, un país arrasado por la guerra que este 2022 va a entrar en su séptimo año de conflicto prolongado. La pasada semana, Arabia Saudí lanzó un ataque aéreo con aviones de combate que dañó seriamente las instalaciones de suministro de agua de la provincia de Sa’ada, situada al noroeste del país. El suceso ha sido calificado por las autoridades yemeníes de «crimen de guerra», ya que ha dejado sin acceso al líquido elemento a unas 120.000 personas.
Según el viceministro de Agua y Medio Ambiente de Yemen, Hanin al-Darib, el ataque saudí se ha producido además en medio de una grave escasez de combustible en el país, lo que dificulta la llegada de ayuda humanitaria y ha agravado el sufrimiento de los residentes de la ciudad de Sa’ada.
El funcionario ha enfatizado que el proyecto de agua potable era una instalación civil e instó a las organizaciones internacionales a cumplir con sus responsabilidades hacia las mujeres y los niños en Sa’ada. Por su parte, el gobernador de la región Mohammed Jaber Awad, ha lamentado la destrucción de la denominada estación de agua de Talmous, ya que «era la única instalación que abastecía de agua potable a las personas desplazadas, los necesitados y los residentes de la ciudad de Sa’ada y sus suburbios».
Además, ambos han instado las Naciones Unidas y a los grupos de derechos humanos a condenar los ataques saudíes a los campos de agua y los recursos que proporcionan agua potable a los yemeníes. Y es que la agresión de Arabia Saudí es la última de una larga lista: en los últimos siete años, las infraestructuras de agua de Yemen han registrado 122 ataques aéreos que las han destruido casi por completo, lo que supone casi una condena de muerte para muchos ciudadanos vulnerables en un país semidesértico con tendencia a la sequía. Actualmente, hay aproximadamente 15,4 millones de personas que necesitan agua potable y saneamiento con urgencia, ya que una epidemia de cólera no vista desde hace décadas en el mundo sigue enfermando a miles de niños cada semana y matando a cientos de ellos.
Terrorismo hídrico
Aunque el foco está ahora situado en Yemen, el agua siempre es protagonista a su pesar en las guerras. Según un informe publicado por Unicef, los recursos hídricos y los sistemas de suministro de agua son atacados en primera instancia en caso de conflicto. Cuando se corta el suministro de agua de una comunidad, los niños y las familias se ven obligados a depender de agua no potable o a abandonar sus hogares en busca de una nueva fuente. A veces esto puede significar que las familias tengan que reducir o racionar sus suministros de agua, otras veces significa beber agua que está claramente contaminada y es peligrosa.
Para los niños, las consecuencias pueden ser mortales, ya que las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen siendo una de las principales causas de muerte en los niños menores de cinco años.
El pasado verano, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye y proteja en todas partes del mundo la labor de las agencias de ayuda humanitaria y personal sanitario en zonas de conflicto para que puedan llevar a cabo su difícil y peligroso trabajo allí donde más se necesita. Sin embargo, hace cinco años tomó una resolución similar con la que se pedía el fin de la impunidad para ese tipo de ataques a equipos e infraestructuras humanitarias y, desde entonces, se han producido miles de ataques.
