Las Comunidades Autónomas esperan con impaciencia la definición de los mecanismos de gobernanza que le permitan desarrollar proyectos para salir de la crisis sanitaria, al tiempo que temen que el reparto de la financiación europea se pueda convertir en un arma política que alimente las desigualdades entre regiones
España ya ha comenzado a recibir los fondos europeos del programa Next Generation para acometer la reconstrucción socio económica tras la debacle provocada por la crisis sanitaria del coronavirus. De momento, en los últimos días ha llegado un primer anticipo de 9.000 millones de euros de los 69.500 millones que España ha solicitado para invertir en proyectos ejecutables y justificables en los próximos tres años.
Una financiación necesaria para llevar a cabo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que articulado en torno a cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial), buscará aprovechar la reconstrucción post-pandémica para transformar el modelo productivo nacional, modernizar las administraciones, o fortalecer el sistema sanitario, entre otras.
Uno de los retos para el buen desarrollo de este Plan ‘España Puede’ está en asegurarse que los proyectos seleccionados para financiar no solo se ajustan al ideario de la reconstrucción, sino que además garantizan que no se va a perder ni un solo euro de los potencialmente utilizables. Y eso exige transparencia, rigor, seguridad jurídica y buena gobernanza.
Una gobernanza que aún se desconoce y que debe solventar el complejo reparto competencial de las actuaciones que se decidan, porque, aunque la intención del Gobierno es centralizar el reparto y el control, son en realidad las Comunidades Autónomas y los entes locales los que tienen la capacidad de actuar sobre el territorio.
Las autonomías lo definen como una ‘oportunidad histórica’ de inversión en su territorio, y aunque el efectivo procedente de Europa no se adjudica según la comunidad sino según la ambición del proyecto -que tiene que contribuir «claramente» a la transformación de la economía española-, la carrera por hacerse con esos fondos ya ha comenzado.
Esta semana, justo cuando culmina el mes de julio, los presidentes de las comunidades autónomas están llamados a reunirse en Salamanca con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una Conferencia de Presidentes, casi sorpresa, en la que se abordará precisamente, entre otros asuntos, la gestión de los fondos de recuperación.
La urgencia por definir los mecanismos de cooperación entre las diferentes administraciones será sin duda uno de los ejes que protagonizarán este encuentro.
A la caza de los PERTE
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son la figura creada por el Gobierno para la implantación del programa Next Generation y, al mismo tiempo, para lograr hacer efectivo el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha negociado con la Comisión Europea para la llegada de los fondos que la Unión Europea ya ha aprobado.
Se trata de una nueva figura, cuya aprobación dependerá del Consejo de Ministros, que fomentará la colaboración público-privada para la coordinación y el desarrollo de proyectos, y que contribuirá a agilizar la gestión de los fondos.
Por el momento, el primer PERTE en salir adelante, y hasta ahora el único conocido, será el que afecta a la automoción española, que recibirá 4.295 millones de euros hasta 2023, y cuyo objetivo es el avance en la fabricación y diseño de vehículos eléctricos.
No obstante, España ya negocia con Bruselas la aprobación de otros cinco PERTE, figura con la que se pretenden gastar 19.000 millones de euros en los próximos tres años, y que parece que alcanzará su próximo hito con la aprobación del Proyecto sobre generación y almacenamiento de hidrógeno verde.
El sector aeronáutico y aeroespacial cuentan, también, con otro plan, muy vinculado a mantener en España la capacidad productiva y tecnológica de Airbus. También se prepara un proyecto transversal para el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a otro orientado a la modernización de la industria agroalimentaria y, por último, un plan bautizado como ‘Salud de Vanguardia’, que se centra en modernizar la prestación de servicios sanitarios que tanto han sufrido en la pandemia.
Destaca sin embargo la ausencia del agua, que no contará con ningún Perte específico pese a su papel trasversal e impacto en múltiples factores alineados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una materia sobre la que apenas se han anunciado 2.000 millones de euros de inversión para afrontar la asignatura pendiente del saneamiento en España, la recuperación de ecosistemas y la biodiversidad fluvial y la digitalización del agua en alta y en baja.
Mecanismos de cooperación efectiva con las autonomías
Para los líderes regionales, «España tiene que usar estos fondos para que el país pueda transformar su modelo productivo y pueda salir fortalecido de esta crisis», y coinciden en reclamar un papel protagonista de las Autonomías a la hora de gestionarlos.
Además, temen que los fondos de reconstrucción puedan convertirse en un arma política de diferenciación entre Comunidades, por lo que piden transparencia y equidad en el reparto. «Así como la UE ha repartido los fondos entre los países miembro en función de unos criterios objetivos, España debería hacer lo mismo con las comunidades autónomas», señalan distintos líderes autonómicos.
De momento, y a expensas de lo que pueda adelantar Sánchez el próximo viernes 30 de julio, se prevé que en torno al 35% de los fondos sean ejecutados por las Comunidades Autónomas; un 60% por la Administración General del Estado, a través de los diferentes Ministerios y sus agencias; y un 5% por las entidades locales, por lo que resulta fundamental acelerar el trabajo entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, en el marco de las conferencias sectoriales, para que los fondos sean una realidad cuanto antes: es necesario que no solo el Estado empiece a publicar convocatorias, sino que también lo hagan las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
Ante esta próxima Conferencia de Presidentes, el responsable de la Región de Murcia, Fernando López Miras, apuesta por un órgano de participación público-privado para el reparto de fondos ‘Next Generation’, pues ve en esta herramienta una fórmula de garantizar la «transparencia» al estar representadas Comunidades autónomas, Gobierno central y el sector privado.
El objetivo es “sentarnos en una mesa y desarrollar los proyectos que de verdad pueden ser competitivos en cada comunidad autónoma”, y añade que “no puede haber una diferencia de 20 puntos entre la comunidad con menos ayudas y la que más obtiene”, pues de esa manera se correría el riesgo de que la recuperación no sea homogénea y abra más la brecha del desarrollo entre los diferentes territorios.
En la misma línea se manifestaban desde la Junta de Andalucía, quienes reclamaban al Gobierno de Sánchez «documentación previa» para preparar la Conferencia de Presidentes y que su contenido no sea «una sorpresa».
Asimismo, pedían una explicación de «por qué el Gobierno se queda con el 66% de los fondos, y sólo el 33% van a las comunidades autónomas», cuando éstas son «las que tenemos que llevar a cabo después la gestión de esos fondos, el despliegue, las certificaciones y las notificaciones de los mismos».
En general, la crítica más extendida entre los gobiernos autonómicos es el desconocimiento acerca del qué, el cómo y el cuándo de la gestión de estos fondos Next Generation, apuntan, y según señaló Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, es imprescindible «saber si se va a acabar con la desigualdad en materia de infraestructuras, si vamos a ser capaces de llevar a cabo un despliegue de fondos que nos permita en los próximos tres, cuatro años, converger a alguna comunidad autónoma», o si el reparto de fondos va a ser el «que le interese» a Sánchez «para seguir manteniéndose en La Moncloa hasta 2023».
El agua encuentra su caudal en los planes autonómicos
Si bien el agua tiene un rol vital de cara a la transición ecológica que soporta como un pilar básico la reconstrucción, en el Plan de oportunidades de España para salir de la crisis, la inversión prevista apenas llega al 1,2% de los 140.000 millones de euros con los que el país contará para la reconstrucción nacional de la economía.
El agua vale apenas un 1,2% de los 140.000 millones del fondo para la reconstrucción española, una oportunidad perdida para avanzar en la resiliencia y adaptación al cambio climático necesarias para garantizar la seguridad hídrica a las futuras generaciones
En este apartado las inversiones se llevarán a cabo en infraestructuras hidráulicas para hacerlas más resilientes, y en soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de las riberas, que ayudarán a minimizar la exposición al riesgo de inundación, el fenómeno natural que más daños causa en España.
Y es en los planes de las comunidades autónomas donde el papel del agua en la reconstrucción podría tener un gran protagonismo.
Así el Plan Vega Baja Renhace, impulsado por la Generalitat Valenciana, que solo este año cuenta con un presupuesto de 154 millones de euros, contempla iniciativas para mejorar la resiliencia de la comarca y favorecer su regeneración económica y social, así como para promover un desarrollo territorial respetuoso con el medio ambiente y preparado ante futuros episodios de temporales, posibilitando una mayor vertebración del territorio de la Vega Baja con el resto de la Comunitat Valenciana.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha cifrado en 462 millones de euros la cuantía que recibirán los valencianos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia; y anunció que la Generalitat, en colaboración con 258 empresas valencianas, ha presentado más de 600 actuaciones a las manifestaciones de interés publicadas por los ministerios, por importe de 13.000 millones.
Por otro lado, desde Murcia señalan que la intención de la Región es usar estos fondos para «exportar conocimiento en lo que ya somos líderes». Así, destaca que «uno de los grandes desafíos de la humanidad es la gestión de los recursos hídricos: cómo conseguir agua y maximizar su reutilización».
López Miras ha indicado que Europa está en torno al 4% en la reutilización de los recursos hídricos; mientras que España se sitúa en torno al 7%; y la Región de Murcia en el 98%, “un conocimiento, la tecnología y la experiencia, suficiente para convertirse en un centro de transferencia de talento desde España al mundo al tiempo que se combate la despoblación en zonas rurales, que cada vez incide en más zonas de España y también en algunas zonas de la Región, a pesar de que somos una comunidad pequeña y muy poblada”.
El Principado de Asturias recibirá este año 17.841.425 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para programas de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, y la mejora del abastecimiento en redes de pequeños y medianos municipios. Sin embargo, sus aspiraciones ambicionan optar a un PERTE que les permita desarrollar tecnología offshore para disponer de plataformas eólicas flotantes para la generación de energía renovables.
A falta de Pertes y de una gobernanza clara para la ejecución de la reconstrucción, parece que los recursos hídricos, el déficit infraestructural en el sector del agua urbana y el avance en la carrera del saneamiento, lejos de ser un pilar de la reconstrucción, quedarán reducidos a una fuga de esta enorme trasferencia de capital que busca sacar otra España, más resiliente y sostenible de esta gran crisis.
