Bruselas condena a España por carecer de Plan de Riesgo de inundación en Canarias

Bruselas condena a España por carecer de Plan de Riesgo de inundación en Canarias

España vuelve a ser condenada por la Unión Europea por sus reiterados incumplimientos en la presentación de los Planes de Riesgo de inundación que, en el caso Canarias, acumulan un retraso de más de cuatro años


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por no haber revisado y actualizado a tiempo los planes de riesgo de inundación para las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerte Ventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).

En concreto, la Justicia europea declara en su sentencia que el recurso que planteó en marzo de 2018 la Comisión Europea contra España es “fundado” y, en consecuencia, ha constatado el incumplimiento de la directiva comunitaria correspondiente por parte de las autoridades españolas.

Bruselas había denunciado a España ante el Tribunal de la Unión Europea, cuando en diciembre de 2015 acabó el plazo fijado por la normativa sin que España hubiese completado ni publicado los planes de gestión de riesgo de inundación de las distintas demarcaciones hidrográficas canarias. Hoy cuatro años después Canarias sigue sin tener diseñados los preceptivos Planes de Riesgo.

Además, el Ejecutivo comunitario denunciaba que la fase de información y consulta pública no había tenido lugar o no había finalizado en lo respectivo a las demarcaciones de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma.

El TUE destaca que España no niega estos incumplimientos, sino que “se limita a detallar el avance de las medidas previstas y los plazos en los que calcula que podrían adoptarse”.

El fallo, por su parte, constata que España incumplió no sólo el plazo establecido en la directiva para publicar y notificar los planes de gestión de inundación de Canarias, sino también la fecha límite que había especificado la Comisión Europea como ultimátum antes de elevar el caso a la Justicia europea: el 24 de septiembre de 2018.

Canarias es la única autonomía sin Planes de Inundación

Ante la dificultad de los Cabildos de sacar adelante los Planes de Riesgo de inundación en las diferentes demarcaciones hidrográficas de Canarias, El Hierro, Fuerte Ventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, el Gobierno regional ha sumido las competencias ante el riesgo de sanciones de la Unión Europea o de quedarse fuera de la financiación comunitaria.

Como ya ocurriera con los planes hidrológicos, la Comunidad Autónoma se ha hecho cargo de la tramitación de los planes de gestión del riesgo de inundación ante el retraso que acumulaban, superior a los cuatro años.

El Ejecutivo se ha marcado ahora como fecha límite para aprobar la programación de las siete islas en febrero de 2021 ya que el plan del Hierro, el más retrasado, acaba de iniciarse y no estará al menos hasta esa fecha.

Una vez que la Consejería de Transición Ecológica ha asumido la competencia hay una serie de correcciones y modificaciones que se tendrán que realizar, de tal forma que los planes de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y La Palma estarán sobre el verano.

Sin embargo, las dificultades del Hierro impiden que al menos hasta febrero de 2021 no esté finalizada la redacción del primer ciclo de la planificación para prevenir las inundaciones de todas las islas ya que la UE contempla a Canarias como una sola cuenca hidrográfica. Se trata de un requisito necesario para evitar sanciones pero también para presentar proyectos con actuaciones que puedan ser financiadas con fondos europeos.

Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, que son cada vez más frecuentes por las inclemencias meteorológicas y el impacto del cambio climático.

Además de estudiar las zonas más vulnerables y con más riesgos de padecer inundaciones, también se deben contemplar medidas y acciones que cada una de las administraciones deben aplicar en el ámbito de sus competencias.

La mayoría de los planes -16 cuencas hidrográficas- fueron aprobados por el Gobierno central en enero de 2016, mientras que Baleares aprobó su planificación en abril de ese mismo año y Cataluña en 2018.

El límite de febrero de 2021 es una fecha límite que se ha marcado el Ejecutivo regional porque comienza el nuevo periodo financiero de la Unión Europea 2021-2027 y hay contemplada financiación para actuaciones que prevengan los efectos de las inundaciones.

España, delincuente ambiental

España es el país de la Unión Europea con más expedientes ambientales abiertos por incumplir normativas comunitarias. Un total de 25 casos, la mayoría arrastrados de otros años, continúan siendo analizados en las instituciones europeas, lo que nos sitúa junto a Grecia en el primer puesto de esta triste lista. Aún así, no todo son malas noticias: las infracciones han bajado con respecto a años anteriores y 11 expedientes han sido cerrados sin sanciones. Pero aún quedan muchos deberes por hacer, sobre todo en depuración de agua y tratamiento de residuos.

Los problemas vienen, sobre todo, de nuestra incorrecta gestión del aguaLa (falta de) política hidríca coherente es el motivo por el que más nos reprenden desde Europa, aunque los problemas son de diferente índole: lagunas en la depuración de agua, dificultades en el tratamiento y el control de los vertidos provenientes de la agricultura y la ganadería, retrasos en la presentación de planes contra las inundaciones…

España está pagando multas de 10,35 millones de euros semestrales hasta 2023 por su problemas en la depuración de aguas. Hay 133 núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes que carecen todavía de tratamiento secundario de todos los vertidos, 30 años después de que se aprobara una normativa comunitaria que obligaba a ello. Además, España lleva desde 2011 arrastrando este expediente, que todavía parece lejos de resolverse: la respuesta a Bruselas en forma de Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (DSEAR) no llegará hasta este verano y todavía está pendiente la ejecución de unas 3.500 medidas de saneamiento y depuración recogidas en los planes hidrológicos.


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