La Comisión Europea urge a España a corregir las deficiencias en la depuración de aguas residuales urbanas de 133 núcleos de población que incumplen de “manera generalizada masiva” la Directiva Marco de Agua. España arrastra una falta de inversiones en infraestructuras del agua y el sector reclama una apuesta de Estado para ponerse al día con la normativa comunitaria
La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de España de que sigue incumpliendo “a gran escala” la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y amenaza con remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no actúa en los próximos dos meses.
En un dictamen motivado y tras una auditoría técnica a los informes presentados por España, los investigadores de la Comisión Europea (CE) revelan un “incumplimiento generalizado” de las obligaciones de la directiva de tratamiento de aguas en España, principalmente en grandes aglomeraciones.
En un comunicado, la Comisión Europea explica que “a pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo” respecto a la contaminación de sus aguas urbanas, incumpliendo las obligaciones que les incumben y que recoge la Directiva Marco de Agua (DMA).
España, con 2.232 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), sólo cumple el 40% de los requerimientos de saneamiento de la Directiva Marco del Agua
España ya ha recibido numerosos requerimientos en este sentido y en julio de 2018 fue condenada, después de que la Comisión Europea denunciara al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En aquella ocasión España fue condenada al pago de una cuantiosa multa de 12 millones de euros por los casos de núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes que carecían de una correcta depuración, según establece la DMA.
Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95 millones mientras persistieran los incumplimientos. La DMA señalaba al respecto que en el caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes las especificaciones en materia de depuración de aguas residuales urbanas debían quedar cubiertas antes de 2001 mediante la construcción de estaciones de depuración y colectores, lo que significa que España llevaba un largo retraso en el cumplimiento del mandato.
En el momento de dictarse el fallo hace un año y medio, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas localidades, en las que habitan 379.000 personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife). Pasado año y medio, Tarifa ya ha solucionado las deficiencias señaladas por la Comisión Europea. El resto se encuentra en trámite de hacerlo, realizando las obras necesarias para ello. El Mitecorp estima que algunas se pondrán al día este mismo año 2020 y el resto en diversos plazos hasta 2023, margen señalado por la CE para actualizarse.
En este nuevo requerimiento, la Comisión Europea envía un dictamen motivado a España y le pide que “acelere el cumplimiento” y da dos meses al Gobierno español “para responder” y, si no actúa en plazo, la comisión podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la imposición de nuevas sanciones.
En el caso de los 133 núcleos poblacionales donde la CE señala inclumplimientos, la DMA establece la necesidad de contar con tratamientos secundarios en la depuración de las aguas residuales en municipios de más de 10.000 habitantes. De este modo, se complementa la eliminación de materia sólida (el denominado tratamiento primario) con la descomposición de las sustancias orgánicas mediante bacterias.
A veces, se requiere un tratamiento adicional (terciario) en poblaciones de más de 15.000 habitantes para proteger los medios acuáticos sensibles.
El tratamiento terciario puede consistir en la desinfección del efluente sometido a tratamiento para proteger las aguas de baño o de las aguas para cría de moluscos.
También puede consistir en la eliminación de fósforo o nitratos (nutrientes presentes en las aguas residuales) para proteger las aguas que estén amenazadas por la eutrofización.
Déficit del 70% en inversiones
España invierte por habitante un 45% menos que la media de los países europeos en infraestructuras de medio ambiente
En infraestructuras de agua, España tiene pendiente uno de los mayores desafíos ya que, de no afrontarlo urgentemente, se seguirán produciendo daños irreversibles al medio ambiente, pues es el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo, implicando, además, importantes sanciones por parte de la Comisión Europea que podrían prolongarse hasta 2023.
Según el informe «Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España», elaborado por la consultora PWC para las patronales del ciclo integral del agua, AEAS y AGA, España no está cumpliendo con los objetivos de depuración terciaria establecidos por la legislación europea.
Con solo un 40% de cumplimiento en este objetivo, España se sitúa muy por detrás de otros países europeos comparables. Se estima que debería incrementar un 25% su parque actual de plantas depuradoras de aguas residuales.
Los operadores del ciclo integral del agua estiman que España debería incrementar en un 25% su parque actual de plantas depuradoras de aguas residuales
Se han visto reducidos notablemente (de 3.800 millones anuales de media entre 2003 y 2008 a 1.700 millones entre 2012 y 2016). La principal causa de esta caída es una menor inversión por parte de las administraciones públicas, consecuencia a su vez de las restricciones presupuestarias y las menores transferencias europeas.
Tanto como AGA como AEAS insisten en que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento deberían incluirse como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones involucradas en su desarrollo y conservación, y considerarse no un gasto infraestructural sino un coste social que garantiza un derecho fundamental como es el acceso al agua y al saneamiento.
Si bien los avances logrados en los últimos años, gracias a la colaboración entre administraciones y agentes privados del ciclo integral del agua, España garantiza una excelente cobertura en el sistema de abastecimiento de agua potable en materia de saneamiento queda camino por recorrer, afirman las patronales.
Entre las medidas para afrontar el déficit de inversión, las patronales resaltan el fomento de la agrupación municipal para ganar economías de escala; el establecimiento de una estructura de costes y tarifaria armonizada a nivel nacional, para lo que sería de utilidad un cuerpo regulador independiente y transparente; así como ajustes en la normativa de contratación pública.
La CE advierte también a Alemania
La Comisión Europea también ha señalado a Alemania, a la que insta a corregir su legislación nacional por la que se transpone la Directiva sobre normas de calidad ambiental para garantizar que la contaminación química de las aguas superficiales no represente una amenaza para el medio acuático ni para la salud humana.
Como parte de un ejercicio para comprobar la conformidad de las legislaciones nacionales con la directiva en los estados miembro, la Comisión Europea ha constatado que Alemania no ha transpuesto correctamente la directiva en la legislación nacional.
Por tanto, la Comisión Europea envía una carta de emplazamiento y da dos meses al país germano para responder y corregir su legislación. De no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar a las autoridades alemanas un dictamen motivado.
Desde el ministerio se señala que, desde que comenzó la legislatura, no sólo se está acelerando la puesta en marcha de nuevas instalaciones, sino que se profundiza en los criterios de priorización de actuaciones y en su coherencia con los planes hidrológicos. Para ello se está redactando el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) comenzado a elaborar por el Ministerio para la Transición Ecológica a finales de 2018 y que se espera presentar en verano de 2020 para ser sometido a información pública.
El Plan DSEAR servirá para una mejor definición y concreción de los programas de medidas de los planes hidrológicos de tercer ciclo y busca recoger y clarificar las actuaciones a llevar a cabo, además de establecer los criterios generales que permitan estudiar la viabilidad de éstas y priorizar su ejecución. También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas, señala el ministerio.
De las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes que tienen que depurar sus aguas en España, cerca de 550 están en situación de incumplimiento, según el último reporte bienal preparado con información de las comunidades autónomas, por lo que sobre ellas hay que actuar también prioritariamente.
De ahí que el Plan DSEAR vaya a establecer los criterios para dar prioridad a unas actuaciones sobre otras de entre las 3.500 medidas de saneamiento y depuración contempladas en los planes hidrológicos españoles, que suponen una inversión estimada en unos 10.000 millones de euros en los próximos 18 años.
Aproximadamente dos tercios de estas medidas son un compromiso de las comunidades autónomas, mientras que el otro tercio se reparte entre la Administración General del Estado y las entidades locales. Concretamente, la Dirección General del Agua prevé llevar a cabo, hasta 2023, un total de 86 actuaciones que cuentan con una financiación europea de 477 millones de euros. De ellas, ya están iniciadas 49 (13 en ejecución, 29 en fase de redacción de proyectos, tres en fase de adjudicación de obras y cuatro en fase de adjudicación de proyectos).
El objetivo último del Plan DSEAR es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores, prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar energía), favoreciendo también la reutilización.
