La Comisión Europea ha iniciado un nuevo expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana
La Comisión Europea insta a España a cumplir con urgencia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proteger las masas de agua subterránea de Doñana, así como a adoptar las medidas normativas necesarias para acabar con la capturas accidentales en la pesca extractiva.
Así se desprende del paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción del mes de julio por el que la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.
La Comisión pide a España [INFR(2014)2090] que ejecute rápida y eficazmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021 relativa a los humedales de Doñana (asunto C-559/19).
En una sentencia dictada el pasado mes de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) expresa que España no ha tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos causado precisamente por las extracciones ilegales.
Este caso se remonta al 2009, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron varias quejas y peticiones que denunciaban el deterioro de los hábitats del Espacio Natural Protegido de Doñana debido a la extracción de agua subterránea para el riego agrícola.La Comisión consideró que esta situación constituía un incumplimiento del Derecho de la Unión. En concreto, suponía infracción de la prohibición de deterioro impuesta por la Directiva Marco del Agua, por lo que Bruselas abrió expediente a España en 2014 y cinco años más tarde elevó el asunto a la Justicia europea tras constatar que las autoridades nacionales no habían actuado para remediar los problemas identificados.
Así, el Tribunal de Justicia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comisión y declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre el agua en dos aspectos.
En primer lugar, señala que nuestro país “no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana en el marco de la caracterización adicional del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021”.
Tras los canjes de notas con las autoridades españolas y a la luz de la información científica disponible sobre estas cuestiones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas que España ha aplicado hasta la fecha son insuficientes para poner fin a la infracción declarada por el Tribunal.
Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento que da a España dos meses para presentar sus observaciones sobre las cuestiones señaladas por la Comisión.
Tras examinar esas observaciones, la Comisión se reserva el derecho de remitir el asunto de nuevo al Tribunal con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE y solicitar que se impongan a España sanciones financieras.
La Comisión pide a España que eviten las capturas accesorias de delfines
La Comisión Europea ha planteado un ultimátum a España y otros dos países por no implementar medidas para evitar las capturas accidentales de especies protegidas como delfines, focas, tortugas o las aves marinas por parte de los buques pesqueros, como parte de la transposición de la directiva de sobre Hábitats y el acuerdo de Política Pesquera Común.
El Ejecutivo comunitario ha iniciado la segunda fase del procedimiento enviando un dictamen motivado a las autoridades españolas así como a Francia, y la primera fase del proceso, enviando una carta de emplazamiento a Bulgaria. En los tres casos pide que cumplan con la legislación para asegurar el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad hasta 2030.
En el caso de España y Francia, la Comisión Europea ha señalado que no se han tomado medidas para mejorar la conservación de varias especies y controlar las capturas accidentales por parte de la flota. A esto ha añadido la falta de instrumentos para evitar la perturbación y muerte de especies en espacios Natura 2000.
Además, Bruselas ha indicado que estos dos países no han adoptado medidas, basadas en información científica, para reducir las capturas accidentales, tales como las vedas temporales y por zona pesquera, ni han logrado garantizar un control e inspección efectivos.
La directiva de Hábitats establece la obligación de establecer medidas de protección y conservación para especies como los delfines, la foca gris, la tortuga boba o las aves marinas en las zonas protegidas de la red Natura 2000.
El Ejecutivo comunitario ha emplazado a España y al resto de Estados miembro a poner en marcha un sistema de protección estricto y prohibir la captura, matanza o perturbación de las especies protegidas. Además, insta a los tres países a monitorizar la captura accidental y que no tenga un impacto significativo en las especies.
En julio de 2020, la Comisión envió cartas de emplazamiento a Francia y España, aunque los países no han implementado acciones para subsanar estas deficiencias, ante lo cual el Ejecutivo comunitario ha decidido emitir un dictamen motivado. Francia y España tienen ahora dos meses para responder a Bruselas, que podría en última instancia llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.
