La Comisión Europea ha dado a España una última oportunidad de corregir el deficiente tratamiento de aguas residuales en 332 municipios antes de elevar el caso a la Justicia europea si las autoridades nacionales no resuelven las deficiencias
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para corregir el deficiente tratamiento de aguas residuales en más de 300 aglomeraciones urbanas. Las autoridades nacionales tienen dos meses para dar una solución definitiva a un problema que viene arrastrando desde hace años antes de que Bruselas eleve el caso a la Justicia europea.
«A pesar de la carta de emplazamiento enviada en 2012 y de un primer dictamen motivado enviado en 2015, España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones», ha explicado la institución en un comunicado, en el que enfatiza que «España debería estar cumpliendo plenamente los requisitos de la directiva desde 2005«.
Un total de 30 de estas aglomeraciones «carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas», lo que supone que su tratamiento «depende parcial o completamente de sistemas individuales adecuados» que «no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector».
Además, las otras 302 aglomeraciones «tampoco cumplen los requisitos de la directiva pues las aguas residuales no entran en los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, o no se tratan correctamente, ni cumplen las normas de postratamiento«.
En febrero de 2015, la Comisión envió un primer dictamen motivado a España sobre la base de la información disponible en aquel momento. Dicho dictamen se refería a 606 aglomeraciones. Desde entonces, la Comisión ha reducido el número de aglomeraciones que incumplen la Directiva, pero aún quedan más de la mitad por solucionar definitivamente este problema. Por ello, la Comisión ha decidido enviar este dictamen motivado complementario a España por «las aglomeraciones que siguen sin ser conformes».
Inundaciones
Del mismo modo, la Comisión da otro margen de dos meses a España para que cumpla los requisitos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). En virtud de esta normativa, los Estados miembros deben reducir y gestionar los riesgos de inundación realizando una evaluación preliminar del riesgo de inundación, a fin de determinar cuáles son las zonas en las que existe tal riesgo y permitir así el establecimiento de un plan adecuado de gestión del riesgo de inundación. España ha incumplido esta obligación en la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears.
La primera evaluación preliminar del riesgo de inundación debía realizarse, a más tardar, en 2011. Los Estados miembros debían facilitar información sobre la revisión de sus evaluaciones preliminares del riesgo de inundación el 22 de marzo de 2019, a más tardar. La Comisión envió una carta de emplazamiento a España para que remitiera el plan de las islas en octubre de 2020. Por ello, ha decidido ahora enviar un dictamen motivado a España para darle curso en el plazo de dos meses, de lo contrario, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia Europeo.
