Cada nación presume de una riqueza en particular. Hay países prósperos en minerales, en aceite oliva o en paisajes turísticos. Algunos son potencias musicales y otros tienen la mayor variedad de fauna de todo un continente. Si hay un líder en riqueza acuífera, es Canadá. El país norteamericano contiene el 20% del agua dulce del planeta y es el lugar con más cuerpos de agua registrados en su territorio. Sin embargo, esta potencia hidrológica adolece de distintos problemas y quiere gestionar mejor su gran recurso con la creación de una nueva agencia federal.

Una de las tareas más urgentes de la recién nacida Agencia del Agua de Canadá, según expertos consultados, es acabar con la fragmentación burocrática. La descentralización congénita al federalismo canadiense dificulta la asignación correcta de los recursos y pone barreras al flujo de datos clave para la gestión, lo que limitaría la eficacia de las distintas agencias del agua.

“Principalmente, la responsabilidad de la gestión del agua ha sido delegada a las 13 provincias y territorios, pero las cuencas de los ríos cruzan a menudo las fronteras provinciales y territoriales”, dice a El Ágora el doctor John Pomeroy, profesor y director del Centro de Hidrología de la Universidad de Saskatchewan. “Las naciones indígenas tienen derechos de gestión que no han sido reconocidos o incluidos en la actual gestión del agua y gran parte del país vive en cuencas ribereñas compartidas con EEUU, así que se necesita una mejor coordinación nacional e internacional”.

“Si hay un líder en riqueza acuífera, es Canadá”

La cuenca de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, motor de la poderosa economía regional y fuente de agua potable de uno de cada cuatro canadienses, es un ejemplo del problema del doble filo al que se enfrenta el manejo del agua.

Su boyante infraestructura industrial, su sector servicios y actividades como la pesca sostienen un producto Interior bruto, contando con las orillas estadounidenses de los Grandes Lagos, cercano a los seis billones de dólares. Al mismo tiempo, este ajetreo, los pesticidas que se usan en la agricultura o los escapes de combustible, empeora la calidad del agua y vierte 10.000 toneladas de plástico en ella cada año. Como consecuencia, muchas de las comunidades aledañas ya no la pueden beber.

La arquitectura institucional que vela por la salud de esta inmensa cuenca y que fue diseñada hace medio siglo ya no sirve: se ha quedado pequeña. Por eso, el ejecutivo de Justin Trudeau inició en 2020 la creación de esta agencia federal para coordinar los esfuerzos hídricos no solo en los Grandes Lagos, sino en todo el país.

“El Gobierno de Canadá está trabajando para establecer la Agencia de Agua de Canadá”, dice a El Ágora Cecelia Parsons, portavoz de ECCC, siglas del departamento del Gobierno canadiense dedicado a las políticas ambientales. “Como agencia federal, trabajará conjuntamente con las provincias, territorios, comunidades indígenas, autoridades locales, científicos y otros para encontrar las mejores maneras de mantener nuestra agua dulce segura, limpia y bien gestionada”.

El proyecto, que ha pasado por un largo proceso de consulta con todo tipo de autoridades y agentes sociales, recibirá 88 millones de dólares en los próximos cinco años. Parte de este dinero, en torno a la cuarta parte, irá destinado a limpiar ríos como el Mackenzie o el San Lorenzo y lagos como el de Winnipeg o Simcoe. Otra cuarta parte sufragará la innovación relacionada con el agua dulce.

“Gran parte de la población canadiense vive en cuencas ribereñas compartidas con EEUU”

Además de los problemas intrínsecos al sistema canadiense, como la descoordinación entre diferentes autoridades locales, y de cuestiones tradicionales como la contaminación ligada a la actividad humana, la agencia federal se enfrentará a un desafío relativamente de nuevo cuño: los efectos del cambio climático.

Solo el año pasado, en un plazo de seis meses, la Columbia Británica padeció una ola de calor sin precedentes, seguida de fuertes inundaciones también históricas. Las altas temperaturas, que rozaron los 50 grados centígrados, mataron a 600 personas entre julio y agosto. Las riadas de noviembre, por su parte, dejaron incomunicada la ciudad de Vancouver y desbarataron parte del sector agrícola.

Los datos apuntan a que estos acontecimientos pueden dejar de ser excepcionales. La alta acumulación de nieve en las cumbres de la región y las fuertes lluvias de la primavera hacen temer una nueva ola de inundaciones en 2022. En este sentido, centralizar la información y las decisiones podría serle útil a Canadá.

“A nivel federal hay dos cosas importantes: necesitamos mejor información de riesgo”, nos contaba Dylan Clark, investigador del Canadian Institute for Climate Choices. “Comparado con EEUU, Canadá está muy por detrás. EEUU tiene los mapas de inundación de la FEMA [Agencia Federal de Gestión de Emergencias] y son bastante buenos a la hora de entender el riesgo de inundación a lo largo del país. En Canadá a muchas comunidades se las deja que adivinen si hay riesgo de inundación o no”. El segundo factor es dinero para renovar las infraestructuras.

“Centralizar la información y las decisiones podría serle útil a Canadá”

“El Gobierno canadiense se ha retirado de la ciencia activa, la observación y la gestión de agua dulce desde que desarrolló una política federal hidrológica en 1987”, dice el doctor John Pomeroy. “Al hacerlo, ha dejado la gestión del agua en manos de organizaciones provinciales y de pequeña escala que no tienen los recursos, las capacidades o el tamaño para gestionar adecuadamente las cuencas hidrográficas”.

Pomeroy pone el ejemplo de la cuenca del Saskatchewan-Nelson, que fluye entre Alberta y las Montañas Rocosas de EEUU. “El programa de reducción de daños por inundación del siglo XX se terminó en los años 90”, explica el profesor. “Pese al desarrollo federal de modelos de predicción avanzados, no se ha implementado un servicio federal de predicción de inundaciones (…). Pero, desde principios de este siglo, los daños de inundaciones y se sequías en Canadá se han disparado, grandes lagos y acuíferos se han contaminado, los glaciares menguan y las infraestructuras por todo el país están siendo dañadas por acontecimientos climáticos extremos”.

Otro de los puntos más sensibles de la creación de la Agencia de Agua de Canadá son los intereses de las comunidades indígenas, que representan casi un 5% de la población canadiense: en torno a 1,7 millones de personas. Entre los canadienses que ya no tienen acceso a agua potable, muchos resultan ser nativos americanos.

“El daño emocional y espiritual de no tener agua limpia, de tener que mirar a toda el agua que nos rodea diariamente y ser incapaces de usarla, es casi incuantificable”, decía a The Guardian Emily Whetung, líder de Curve Lake First Nation, una comunidad indígena del sur de Canadá rodeada, por tres lados, de agua.

Esta tribu denunció al Gobierno por no garantizar una calidad mínima del abastecimiento, e hizo que el primer ministro, Justin Trudeau, incluyese en su campaña de 2015 la promesa de garantizar el agua potable en más de un centenar de comunidades indígenas. Siete años después, el Gobierno reconoce que no lo ha cumplido.

Entre otros problemas, como apuntaban Clark y Pomeroy, está la antigüedad de las infraestructuras hidrológicas. La planta de tratamiento de aguas de Curve Lake se construyó en 1986 para dar servicio a una cincuentena de personas y durar aproximadamente 20 años. Hoy, pese a que allí viven 2.700 personas, se sigue usando la misma planta.

“El agua de muchas comunidades indígenas remotas y rurales no es adecuada para el consumo humano”, añade Pomeroy. “La Agencia de Agua de Canadá sería un importante paso para abordar estas deficiencias en la gestión del agua canadiense y parte de la adaptación nacional al cambio climático”.