Un acuerdo en los tribunales obliga al Gobierno canadiense a compensar económicamente con miles de millones de dólares a los pueblos indígenas que durante décadas tuvieron que convivir con un agua no segura
Nuevo episodio en la lucha de los indígenas de Canadá para acabar con los últimos vestigios del colonialismo. La Corte Federal de este país norteamericano ha sido el escenario de un acuerdo legal multimillonario que obliga al Gobierno a acelerar la aplicación de medidas para limpiar el agua contaminada de las reservas indígenas y compensar a estos pueblos por las décadas que han pasado sin acceso a agua potable. En concreto, el Ejecutivo tendrá que gastar al menos 6.000 millones de dólares canadienses durante nueve años para financiar la infraestructura y las operaciones de agua en cientos de reservas, además de pagar más de 1.500 millones de dólares en daños a unos 140.000 indígenas.
La sentencia es el resultado de años de inacción gubernamental. En 1977, el gobierno canadienese se comprometió a proporcionar a las reservas indígenas sistemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales que fueran iguales a los que disfrutan la mayoría de los canadienses. Pero más de cuatro décadas después la meta sigue sin cumplirse: una auditoría gubernamental descubrió que casi la mitad de las advertencias existentes habían estado vigentes durante decenas de años, sin que las autoridades prestasen atención alguna.
La falta crónica de fondos para la infraestructura hídrica en tierras indígenas ha provocado que decenas de miles de personas vivan durante más de un año con órdenes de hervir el agua potable durante un minuto, y a algunos se les llegó a advertir que incluso el agua hervida no era apta para el consumo.
De hecho, la situación del agua en decenas de reservas ha creado una crisis para muchas tribus que ven el agua como algo sagrado. Las familias se han visto obligadas a comprar su propia agua embotellada, o simplemente beber el agua contaminada si no pueden pagarla, lo que se ha relacionado con infecciones gastrointestinales, tos ferina, neumonía y enfermedades de la piel en las reservas, según los registros judiciales.
“El hecho de que Canadá no proporcione agua potable ha resultado en una profunda frustración y las relaciones [entre el Gobierno y las comunidades indígenas] se han visto manchadas por la desconfianza”, aseguró Paul Favel, el juez de la corte federal encargado del caso, en su fallo del 22 de diciembre. Para el magistrado, el acuerdo judicial supone un “punto de inflexión para Canadá y las Primeras Naciones», aunque numerosos analistas señalan el largo camino que queda aún por recorrer para normalizar las relaciones entre las autoridades de este país norteamericano y los pueblos indígenas que habitan el territorio canadiense.
Discriminaciones patentes
Uno de los mejores ejemplos que explican esta sentencia está en Curve Lake, una pequeña reserva que acoge a la tribu de los Ojibway y fue fundamental para llevar la demanda civil a la corte federal. Aunque el asentamiento se encuentra a apenas 25 kilómetros al norte de Peterborough, Ontario, que tiene más de 82.000 habitantes y todos los servicios urbanos necesarios, no está conectado a la planta de agua de esa ciudad. En vez de eso, los habitantes indígenas tienen que conformarse con una pequeña planta de tratamiento de agua construida por el gobierno federal a principios de la década de 1980 o cuentan con pozos privados, ambos muy vulnerables a la contaminación.
De hecho, cuando la provincia de Ontario llevó a cabo una inspección en 2017, descubrió que la planta de tratamiento no estaba desinfectando el agua según los estándares de seguridad regionales. A pesar de esto, el gobierno federal, que es responsable de los servicios en las reservas, examinó la planta y la consideró de «bajo riesgo». Una discrepancia entre evaluaciones que impulsaría la demanda que ha acabado en este acuerdo histórico.
En cualquier caso, este acuerdo no significará el fin de los problemas para todas las comunidades indígenas afectadas, especialmente aquellas que experimentan contaminación intermitente del agua o aquellas que son abastecidas en su totalidad por pozos privados. Eso sí, según apunta al New York Times la jefa local Emily Whetung, que además de ser abogada dirige la Primera Nación de Curve Lake en Ontario, este acuerdo es un «logro» que puede ayudar mucho incluso a corto plazo. «Estoy tan emocionada. Ahora que hemos pasado este punto, podemos seguir por este camino y asegurar el acceso a agua potable para todos«, asegura en declaraciones al medio estadounidense.
Sin embargo, esta victoria para las comunidades indígena también podría convertirse en un lastre político para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuyos rivales en la reciente campaña electoral federal criticaron regularmente el incumplimiento de su gobierno de su promesa de eliminar los constantes avisos sobre la pobre calidad del agua en las comunidades indígenas. El jueves, el gobierno federal emitió un comunicado diciendo que esperaba «implementar este acuerdo histórico», pero el simple hecho de verse obligado por los tribunales puede lastrar su imagen.
