Castilla y León llevará la depuración a todos los pueblos a partir de 2023

Castilla y León llevará la depuración a todos los pueblos a partir de 2023

La depuración de las aguas residuales en los municipios de Castilla y León comenzará en 2023 su fase final, cuando se instalarán instalaciones de tratamiento en los municipios de menos de 500 habitantes, para lograr el objetivo de “cero aguas residuales”


El Gobierno autonómico quiere que los servicios de tratamiento de aguas en Castilla y León lleguen hasta el último rincón de la comunidad. Incluso a sus zonas más despobladas. La depuración de las aguas residuales en los municipios de Castilla y León emprenderá desde 2023, con el inicio de la próxima legislatura autonómica, su fase final, correspondiente al tratamiento en los municipios de menos de quinientos habitantes.

El proyecto ha sido presentado este miércoles por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha manifestado que el objetivo es el de “cero aguas residuales no depuradas en nuestros ríos”. La estrategia de depuración se encuentra actualmente en los municipios de entre 2.000 y 500 habitantes o su equivalente en función de la proximidad de un polígono o industrias agroalimentarias.

En el conjunto de Castilla y León, este esfuerzo económico es compartido entre el Gobierno autonómico (40%), Diputaciones (40%) y Ayuntamientos (20%), e incluso las dos últimas administraciones, debido a sus limitiaciones presupuestarias, pueden aplazar los pagos en diez y veinticinco años respectivamente.

Los pueblos pequeños se caracterizan, en general, por generar un pequeño volumen de aguas residuales pero fuertemente contaminadas

Según estimaciones del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Castilla y León, casi 900 núcleos de población no cuentan actualmente con sistemas de depuración del agua, fundamentalmente en el medio rural, por lo que la población afectada se sitúa en torno al 2% del total de la Comunidad.

De acuerdo con un comunicado remitido por el Colegio a comienzos de año, el problema se centra en las pequeñas poblaciones donde la legislación “no es tan clara en cuanto a la obligatoriedad de estas infraestructuras” y “se limita a señalar la necesidad de tratar las aguas residuales”. “El riesgo está en que estos núcleos se caracterizan, en general, por generar un pequeño volumen de aguas residuales pero fuertemente contaminadas“, aseguraban. Un problema al que se pondrá fin a partir de 2023.

Según el consejero, este tipo de actuaciones, que responden a lo solicitado por el Colegio, demuestran el compromiso “total y absoluto” de Castilla y León contra el cambio climático, también en la conservación de la calidad del aire que en su opinión “es extraordinaria, sin ningún contaminante primario”, debido entre otros factores a la masa forestal que actúa como un “sumidero de CO2”, ha matizado. “Cumpliremos con nuestras obligaciones y superaremos los límites de calidad más rigurosos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar la excelencia“, ha insistido durante una rueda de prensa.



Se adhiere a los criterios de transparencia de

Archivado en:
Otras noticias destacadas