Gracias a una inversión de 120 millones de euros, todos los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes de Castilla y León contarán con una depuradora de aguas residuales para cumplir con la Directiva Marco del Agua y llegar al objetivo de «cero aguas sin depurar»
Las comunidades autónomas continúan con la tarea de ponerse al día en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en materia de depuración. Si bien el tratamiento adecuado de las aguas residuales es generalizado en todo el territorio nacional, la depuración en pequeños municipios es aún, en muchos casos, una asignatura pendiente. El número de incumplimientos se multiplica a medida que escalamos a poblaciones muy pequeñas, de entre 500 y 2.000 habitantes, en los que la falta de capacidad técnica y de recursos económicos les impiden acometer las infraestructuras necesarias para cumplir lo que hace ya 20 años fijó la normativa europea: el 100% de depuración de las aguas residuales.
Para avanzar en este sentido, Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, va a impulsar un protocolo con las diputaciones de la comunidad para crear 300 nuevas depuradoras en municipios que carecen de estas infraestructuras, con una inversión de entre 120 y 125 millones de euros. Además se suscribirán los convenios para ejecutar las obras con la rúbrica de los municipios implicados.El objetivo es dotar de depuradoras a todos los núcleos con una población de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, cifra en la que también se incluyen las empresas e industrias que pueda haber en el municipio con su equivalencia en habitantes a efectos de depuración.
La intención de la Junta de Castilla y León es que en 2021 puedan empezar a ejecutarse las obras y que en los próximos dos años esté acometida la mayor parte de la inversión y puestas en funcionamiento la mayoría de esas depuradoras.
La siguiente tarea será continuar la actuación en las poblaciones de menor tamaño, las de menos de 500 habitantes, a partir de 2023 para así lograr el objetivo «cero aguas sin depurar» en Castilla y León, lo que convertiría a la comunidad en una de las primeras de Europa en conseguirlo.
Financiación
El coste de esas infraestructuras de depuración de aguas residuales lo sufragará en un 40% la Junta de Castilla y León, en un porcentaje similar las diputaciones provinciales y el 20% restante los municipios a los que dan servicio esas infraestructuras.
En el caso de las corporaciones provinciales, la aportación económica se espaciará en un plazo de diez años, mientras que los ayuntamientos pagarán su parte del importe con un canon anual durante 25 años, tiempo en el que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente asumiría la gestión de las depuradoras.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció esta inversión durante una visita a la depuradora de Moraleja del Vino, en Zamora, que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y dispone de un caudal medio diario de 611 metros cúbicos de aguas que puede depurar, con capacidad para una población de 3.056 habitantes equivalentes.
Con la puesta en marcha de esta planta de tratamiento, en la provincia de Zamora únicamente queda una población de más de 2.000 habitantes equivalentes por contar con una depuradora, la de Alcañices, de la que se iniciarán las obras próximamente.
