Convocada la Mesa de la Sequía por la situación del sector agrario

El verano de 2022 va camino de convertirse en uno de los más secos de lo últimos 70 años, con un déficit de precipitaciones de casi el 30% y una reserva hidráulica por debajo del 36% que pierde agua cada vez más rápido a causa del consumo y la evapotranspiración provocada por las olas de calor de récord de estos dos últimos meses.

Sin muchas perspectivas de un otoño lluvioso, más bien lo contrario, el campo se sume en la incertidumbre de cara a la próxima campaña por la falta de garantías de agua para regar y unas mermas de rendimientos que, en el caso de los cultivos de secano, se elevan hasta el 80%.

Ante esta situación y el clamor por parte de organizaciones agrarias y comunidades autónomas el Gobierno ha convocado para el próximo lunes, 5 de septiembre, el grupo de trabajo de la mesa de la sequía, creado en la reunión del pasado 4 de marzo, para evaluar la incidencia de la sequía en el sector agrario.

A este grupo de trabajo técnico, configurado como una red de intercambio de información y propuestas que ha estado activo estas últimas semanas, asistirán representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica y Reto Demográfico; de las comunidades autónomas, además de las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes.

El objetivo de la reunión es continuar con el seguimiento, iniciado tras la reunión de la mesa de la sequía, y analizar la evolución climática, su incidencia en cultivos y ganado, así como el estado de las reservas de agua en los embalses.

Además, se intercambiará información sobre las medias puestas en marcha en el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, como el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

También se expondrá la evolución de las medidas de liquidez puestas en marcha mediante la línea ICO-MAPA-SAECA, que se ha ampliado recientemente hasta algo más de 24 millones de euros, o el incremento en 60 millones de euros de la dotación de los seguros agrarios.

Según los datos de la organización agraria COAG, recogidos en su informe  ‘Efectos de las adversidades climáticas en el campo español’, que muestra que el estrés por agua y calor del verano ha reducido los rendimientos en los cultivos de secano hasta en un 80%, tras una campaña agrícola en la que se han producido múltiples eventos meteorológicos extremos que, en el marco del cambio climático, están provocando pérdidas productivas, reducción de rendimientos y, de ingresos, así como incrementos de gastos para tratar de paliar los efectos de dichas situaciones.

El presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que lleve a la Mesa de la Sequía de la «próxima semana» una batería de «propuestas concretas» con un calendario y financiación con las que poder acometer infraestructuras hidráulicas «urgentes» y con las que «dar una solución» al sector agroalimentario, de servicio, turístico y a la ciudadanía que «hoy abre un grifo sin que salga agua».

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reconocido que la situación es «muy muy crítica» en Andalucía,  ha avanzado que Andalucía pedirá en la Mesa Nacional de Sequía más recursos estatales ante la situación de «sequía pertinaz» que sufre la comunidad autónoma, en el marco de unas «competencias» que el Gobierno «tiene que ejercer» para que no quede «en desventaja la parte más al sur de España».

La octava sequía histórica

El escenario de estrés hídrico de los suelos y la escasez de reservas hidráulicas asoma a España a la que podría ser su octava sequía histórica. Un elemento añadido que complica la situación crítica de agricultores y ganaderos derivada del incremento de los costes de producción provocados por la invasión rusa de Ucrania que ha disparado los granos, el aceite y la torta de girasol para la elaboración de los piensos compuestos para el ganado; así como los fertilizantes y el combustible.

El ministro de Agricultura, Luis Planas ya comparó en marzo, cuando se aprobó el primer paquete de ayudas en el Decreto de Sequía,  esta la situación con el periodo de sequía extrema que tuvo lugar entre 1991 y 1995 ya que en este caso la situación de sequía «estructural» afecta tanto de secano como de regadío.

El paquete de medidas fija un precio máximo del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana. También se prevén exenciones al pago del canon de regulación del riego y de las cuotas de regadío.

En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluyó medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual.

Asimismo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas, que pasan de 35 a 20 par poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, que son los dos territorios más afectados, ya que las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana apenas alcanzan el 30%.

Igualmente, se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.

Se incluyen medidas de carácter fiscal como la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos).

El Gobierno calculó en marzo que esa medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros. Beneficios que se suman a la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios.