Aunque parezca difícil de creer, gestos tan cotidianos como lavarse las manos o beber un vaso de agua del grifo son en realidad un privilegio. Cada vez que dejamos que corra el agua para que esté más fría o más caliente deberíamos recordar que una de cada diez personas en todo el mundo, esto es, más de 785 millones de seres humanos, no tienen acceso a agua potable cerca de su hogar. Y cada ocasión en la que pasamos demasiado tiempo encerrados en el cuarto de baño, sería necesario pensar que una de cada cuatro, más de 2.000 millones de personas, no tiene en su casa algo tan básico como un inodoro.
Para dar más relevancia a estos problemas en la agenda global, Naciones Unidas consagró hace ya más de diez años con su Resolución 64/292 el derecho humano al agua y el saneamiento. Es decir, la necesidad de que las personas tengan un acceso efectivo al líquido elemento y puedan deshacerse del agua sucia con seguridad pasó en 2010 a formar parte del Olimpo de la legislación internacional, con todo lo que esto conlleva a efectos prácticos.
A partir de ese momento, era obligación de la comunidad internacional en general, y de cada Gobierno en particular, el poner los medios económicos y sociales necesarios para hacer realidad el acceso universal al agua y el saneamiento. Un planteamiento que se vio reforzado en 2015, cuando con la promulgación de la Agenda 2030 se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y establecieron el acceso universal a agua potable segura y asequible como un objetivo propio: el ODS 6.
A pesar de las dificultades que plantea conseguir las metas del ODS 6 y de las terribles estadísticas que todavía resumen a la perfección el reto que queda por delante en materia de acceso a agua y saneamiento, en esta primera década del agua como derecho humano se han logrado progresos significativos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 2010 la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura ha aumentado del 61% al 71%, mientras que el número de personas que utiliza servicios de saneamiento salubres y seguros creció del 28% al 45%.
Progresos sin duda significativos, aunque en ningún caso suficientes, y que habrían sido del todo imposibles sin el impulso de la ONU, que ha basado parte de sus políticas de agua en la creación de alianzas y la cooperación entre actores públicos y privados. Y es que, tal y como apunta un informe elaborado por la OMS y UNICEF con motivo de la celebración del Día Mundial del Saneamiento la pasada semana, “el mundo está alarmantemente fuera del camino correcto para poder brindar agua y saneamiento seguros para todos en 2030.”
África, la gran perjudicada
Una de las razones de este atraso en la aplicación del derecho humano al agua a nivel global está en la gran desigualdad que existe entre países. Y es que, a escala mundial, la mitad de las personas que beben agua de fuentes peligrosas viven en África. El problema es especialmente grave en la región subsahariana, donde sólo el 24% de la población tiene acceso a agua potable y apenas el 28% tiene instalaciones de saneamiento básico que no se comparten con otros hogares, según apunta la UNESCO.
Además, la carga de recolectar agua recae principalmente en mujeres y niñas, muchas de las cuales pasan más de 30 minutos en cada viaje para buscar agua. Es decir, que sin agua y saneamiento seguros y accesibles, no solo se incumple el derecho humano que este 2020 cumple su décimo aniversario, sino que también dificulta que los sectores más vulnerables de la población mundial mejoren en otros derechos, como salud, igualdad de género o educación.
Este efecto dominó se ve muy claramente cuando se habla de cuestiones de salud. Actualmente, cerca de la mitad de la población de los países en desarrollo sufre problemas de salud relacionados con la falta de un acceso seguro al agua y saneamiento. Juntos, el agua sucia y el saneamiento deficiente, son la segunda causa de muerte de niños en el mundo, ya que son un vivero de enfermedades como el cólera o la polio. Y este problema se acaba trasladando también a la educación: según UNICEF, cada año se pierden 443 millones de días escolares por enfermedades relacionadas con el agua.
El problema es especialmente grave en las zonas urbanas, donde el rápido crecimiento demográfico ha puesto contra las cuerdas los anticuados sistemas de suministro y tratamiento de aguas. Esto se ve especialmente cuando miramos las estadísticas de una práctica que ahora con la pandemia de coronavirus se ha vuelto imprescindible: el lavado de manos. En África subsahariana, el 63% de las personas que viven en áreas urbanas, 258 millones, no tienen acceso a instalaciones para poder hacer cotidianamente esta actividad, según los datos de la ONG WaterAid.
«Invertir en agua y saneamiento es crítico para recuperarse de la pandemia» ha asegurado este mismo mes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que explicó también que «el agua, el saneamiento y la higiene son la primera línea de defensa contra el covid y muchos otros problemas como cólera, malaria, influenza o malnutrición»
Además, la situación corre peligro de degradarse rápidamente por culpa del cambio climático. Tal y como apuntaba António Guterres durante la celebración este año del Día Mundial del Agua, “el agua en todo el mundo está amenazada por el aumento de la demanda y las extracciones, y por la degradación de las fuentes de agua y los ecosistemas asociados debido al cambio climático, la contaminación y otras amenazas. La crisis del agua y el saneamiento exige una respuesta holística, sistémica y multilateral”, apuntaba el Secretario General de la ONU.
Un derecho humano que necesita inversión
Si bien el desafío es significativo, la historia reciente nos demuestra que es posible un progreso rápido. Y es que, en apenas una generación, muchos países han avanzado rápidamente en acceso al agua potable y el saneamiento. En las décadas de 1960 y 1970, países asiáticos como Malasia, la República de Corea, Singapur o Tailandia, que tenían unos problemas similares a los que ahora sufre el África subsahariana, aceleraron enormemente la inversión en infraestructuras de saneamiento, gozando actualmente de una cobertura casi total de las necesidades de su población relacionadas con el ODS 6.
Más recientemente, países como Etiopía, India y Nepal han reducido considerablemente la defecación al aire libre y han avanzado hacia el acceso universal al saneamiento básico. En cada caso, según apuntan la OMS y UNICEF, el factor común ha sido un fuerte liderazgo político, con el Gobierno desempeñando un papel importante en el establecimiento de políticas, planes y regulación, algo que ha permitido movilizar suficientes inversiones privadas y públicas como para mejorar significativamente en apenas una década.
Es cierto que lograr el acceso universal a un saneamiento seguro será costoso, pero la inacción puede ser aún más perjudicial económicamente. En este sentido, ONU-Agua afirma que “la falta de saneamiento provoca mayores costes de atención médica, recurrentes y evitables; pérdida de ingresos y oportunidades educativas, así como pérdida de productividad y contaminación ambiental”. Por este motivo, cualquier inversión en saneamiento puede generar, gracias a las externalidades positivas, unos beneficios económicos que superan en hasta cinco veces el coste de lo gastado.
Según el informe Estado del Saneamiento Mundial 2020, “una aceleración dramática en el progreso hacia la implantación universal del derecho humano al agua y el saneamiento es posible”. Para lograrlo, eso sí, hace falta apostar por cinco elementos clave: mejorar la gobernanza, aumentar la financiación, desarrollar las capacidades de los países más desfavorecidos, recabar datos de forma correcta e innovar en la gestión del agua y el saneamiento. Cinco “aceleradores” que exigen, según la ONU, “incluir el agua en todas las políticas, estrategias y planes nacionales”, y contar con “el respaldo de recursos humanos y financieros adecuados”.
Por eso, y sea cual sea la forma de provisión de servicios de agua y saneamiento, ésta debe estar respaldada por un marco legislativo que garantice la calidad del servicio a lo largo de la cadena de saneamiento, mediante “un entorno regulatorio y de cumplimiento simple, transparente y efectivo que permita la innovación, la recuperación de costes y una provisión para atender a los más pobres y vulnerables”.
Es cierto que el consenso entre organizaciones internacionales, empresas privadas y sociedad civil en torno a la necesidad de lograr que el derecho humano al agua y el saneamiento pase del papel a la realidad es sin duda más grande que nunca. Pero sin una acción decidida por parte de los Gobiernos y un aumento extraordinario de la inversión, el riesgo de no cumplir con el ODS 6 de la Agenda 2030 es cada vez más real.
A pesar de que las cifras de acceso a agua y saneamiento en Latinoamérica son bastante mejores en general que las del África subsahariana o Asia Central, esto no quiere decir que no quede todavía bastante trabajo por hacer para lograr que el derecho humano al agua y el saneamiento sea universal en el continente. Y es que, según explicaba recientemente el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mexicano Ángel Gurría, «el acceso al agua segura y de calidad en Latinoamérica y el Caribe está por debajo del 80%, mientras los servicios de saneamiento óptimos no llegan todavía ni al 50% de los ciudadanos».
Además, el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) señala que “los actuales problemas de agua y saneamiento en la región no pueden resolverse mediante métodos convencionales” y advierte que los recursos hídricos continuarán reduciéndose en la medida en que crezca la población y se exacerbe el cambio climático, a lo que se suman las complejidades que afectan la gobernanza del agua y las barreras políticas para la gestión transfronteriza del recurso.
«En 2019, un 86% de la población rural de América Latina y el Caribe contaba con acceso a una fuente segura de agua, según una definición que entiende que un hogar tiene acceso si cuenta con una fuente de agua ubicada hasta 15 minutos de distancia a pie desde la vivienda. Sin embargo, cuando se utilizan estándares más exigentes, como tener agua de red en el propio hogar, la proporción de la población rural con acceso se reduce al 55%. De la misma manera, si definimos que tienen acceso a saneamiento los hogares que cuentan con conexión cloacal o tanque séptico, hay aún 45 millones de personas en América Latina que carecen de acceso», asegura el BID en un informe publicado este 2020.
