Destinan 140 millones para depuración en 300 pequeños municipios castellanos - EL ÁGORA DIARIO

Destinan 140 millones para depuración en 300 pequeños municipios castellanos

La Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales movilizarán una inversión de 140 millones de euros para establecer sistemas de depuración de aguas residuales urbanas en 300 municipios de entre 500 y 2.000 habitantes


El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los máximos responsables de las nueve diputaciones provinciales de la comuniad han suscrito en la localidad palentina de Becerril de Campos un protocolo general de actuación para promover el establecimiento de sistemas de depuración de agua en los municipios con población entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, con especial atención a los enclavados en espacios naturales.

Este programa medioambiental supondrá aproximadamente 300 actuaciones y la movilización de inversiones de 140 millones de euros en la comunidad, de los que el 40% será aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restantes los ayuntamientos.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explicó tras la firma del protocolo que este programa medioambiental pretende “afrontar el reto verde y la sostenibilidad” a través de la depuración de las aguas residuales, especialmente en el mundo rural, y es fruto del ejemplo de colaboración institucional de la Junta con las diputaciones y los ayuntamientos de la Comunidad.

Esta actuación se pone en marcha una vez finalizado el bloque de actuaciones en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, y que seguirá, a lo largo de la próxima legislatura, también de la mano de las diputaciones, con la depuración de los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes.

La Junta, además, ayudará a las administraciones locales financiando su aportación, a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario de estas entidades.

Mañueco destacó que se trata de hacer una apuesta por la modernización y la sostenibilidad; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social.

El presidente de la Junta puso de manifiesto la colaboración entre las diputaciones provinciales y la Junta, al “aunar esfuerzos en defensa de lo nuestro, de los nuestros y del medio rural de Castilla y León”. Siempre de la mano de los ayuntamientos, que se escenifica como “un ejemplo claro de diálogo y colaboración institucional”.

Por un lado, asegurando la prestación de unos servicios básicos, que “son claves para potenciar el desarrollo poblacional, pero también para el fomento industrial“. Además, puntualizó que estas inversiones favorecen “el mantenimiento de las actividades productivas y permiten que se asientan nuevos proyectos en el medio rural”.

Mañueco afirmó que todo ello “se traduce en oportunidades de vida, de empleo y de futuro para la población“, con el objetivo de “impulsar la España de interior”.

En el caso de la provincia de León, la planificación inicial incluida en el protocolo refleja actuaciones en 44 municipios con una inversión de 21,1 millones de euros.

En este sentido, el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, valoró la importancia de la firma de este protocolo para la mejora de la calidad de vida y de la sostenibilidad del medio rural leonés y ha destacado la fórmula de la colaboración entre las administraciones como «el mejor camino para lograr el objetivo común de que las gentes de nuestros pueblos completen todos los servicios de calidad a los que tienen derecho».

Al amparo de este protocolo se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias, que serán en torno a 300.

Este grupo de trabajo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.



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