La Guardia Civil concluye la operación Mizu II con 133 personas detenidas e investigadas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales
La Guardia Civil ha dado por finalizada la operación MIZU II con 133 personas detenidas e investigadas por la extracción ilegal de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras. El Seprona ha realizado un total de 1.512 inspecciones en toda España con el objetivo de localizar pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales para lo que ha contado con la colaboración de los distintos organismos de Cuenca y las Confederaciones Hidrográficas.
A lo largo del pasado año, la Guardia Civil detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. La vigilancia y control de la gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, ha permitido detectar hasta 2.326 infracciones administrativas.
Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros -contadores volumétricos de agua- no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa, según ha informado la Guardia Civil, un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos.
Gran parte de la operación se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las Cuencas de los principales ríos de España.
La operación Aquae ha permitido esclarecer en Huelva diez presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Se han investigado a 14 personas y 12 empresas. La investigación sigue abierta.
En Cuenca se ha llevado a cabo la operación Acuin en el marco de la cual se ha procedido a la investigación de 2 personas físicas y 2 empresas por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de defraudación de fluidos (aguas), por la realización de captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización, mediante la instalación de pozos ilegales y con el empleo de caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas estaba declarado como sobreexplotado.
En el marco de la Operación Trincase en Valladolid, se ha procedido a la investigación de un agente de la Guardería Fluvial de la Confederación del Duero como supuesto autor de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El investigado, aprovechando el cargo oficial que ostentaba, se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.
Los pozos ilegales una amenaza para los recursos hídricos
La sobreexplotación de algunos acuíferos constituye una amenaza grave para el medio ambiente. Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel.La operación Mizu II se enmarca dentro de las específicas para la reducción de delitos contra la fauna y destrucción de hábitat, así como para el esclarecimiento de la responsabilidad penal en este tipo de delitos, recuerda la Guardia Civil.
Son actuaciones previstas por el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, financiado por la Unión Europea, y en el cual el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil participa como socio beneficiario.
Tras realizar una encuesta en 2017, el Ministerio de Medio Ambiente concluyó que en España hay más de un millón de prospecciones que se hicieron en busca de agua, la mayoría sin precintar, una cifra que sigue aumentando a medida que pasan los años.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calculan que en cada provincia se cavan entre veinte y treinta pozos cada mes.
