La crisis sanitaria y económica que deja de secuela la pandemia del SARS-CoV-2 ha afectado profundamente a la sociedad española y la recuperación parece que será más lenta que en otros países.
Esta misma semana el Fondo Monetario Internacional señalaba a España como el país desarrollado donde la crisis será más profunda y la recuperación más lenta.
La crisis generará cambios estructurales en la sociedad, a los que las compañías y agentes sociales tendrán que adaptarse.
El ciclo urbano del agua, como actor de la sociedad española, también se ha visto afectado, si bien el sector ha logrado mantener un servicio excelente durante este periodo de crisis y ha sabido adaptarse y desarrollar planes de contingencia en función de las condiciones surgidas por el estado de alarma, prestándose con garantías de seguridad y continuidad, tal y como corresponde a un servicio esencial y a unas infraestructuras críticas.
No obstante, como tantas otras actividades, el sector del agua urbana se ha visto penalizado por la crisis.
Pese a que durante los 100 días que duró la cuarentena decretada por el Estado de Alarma no hemos dejado de abrir el grifo una y otra vez para higienizarnos las manos con agua y jabón, el consumo de este preciado recurso ha caído en torno a un 15% debido al cerrojazo de la actividad industrial y la caída del turismo.
A esta bajada del consumo, un 20% en la Costa Brava e Ibiza, del 11% en Sevilla o el 9,1% en Madrid, hay que unir los impagos que, como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19, se han incrementado un 50% pasando del 3,5% al 5,5%.
Dos elementos que han impactado de lleno en las cuentas de resultados de todos operadores del ciclo del agua, públicos, privados o mixtos.
Esto pone en riesgo el modelo, ya que el equilibrio económico es una condición ineludible para la correcta prestación de este servicio esencial, tal y como refleja la Directiva del Marco del Agua de la Unión Europea.
Al margen de esta necesidad imperiosa de formular marcos que favorezcan una mejor coordinación entre los más de 8.000 reguladores municipales, los gestores, sean del modelo que sean, y la administración central, urge armonizar un sistema tarifario adaptado a la nueva realidad que garantice la cobertura del coste del servicio garantizando el acceso al agua a toda esa población vulnerable duplicada ahora por la crisis económica.
De hecho, la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia en su reciente informe Estudio sobre los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua destaca que los servicios del ciclo urbano del agua se prestan a través de una red fija, caracterizada por unos elevados costes fijos y hundidos, ya que las infraestructuras requieren de activos muy intensivos en inversiones, por lo que se justifica la intervención del sector público en la provisión de estos servicios, ya sea a través de la intervención en la prestación del servicio o a través de la regulación, fomentando la excelencia del servicio y la sostenibilidad económica de este.
El informe de la CNMC señala que, desde 2007, a nivel estatal el porcentaje de agua no registrada, la diferencia entre el volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento y el volumen de agua registrada y distribuida, ha oscilado en torno al 25% anual. La mayor parte de esta agua se corresponde con las pérdidas de agua reales (16,34% en 2016) que se registran en la red de distribución. Es decir, las fugas de agua, roturas y averías en la red de distribución y acometidas.
Este dato, si bien no lo explicita la CNMC, señala la obsolescencia y déficit de inversiones para mejora y renovación de las redes de abastecimiento del agua urbana y confirma las tesis de las asociaciones del sector AGA y AEAS que cuantifican este déficit en casi un 70%.
Otro de los asuntos mejorables que recalca el informe de la CNMC es el impacto que tiene la no recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua en la sostenibilidad del servicio. La vulneración de este principio básico, que recoge el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, a juicio de los expertos del organismo, genera ineficiencias en la producción y en el consumo.
Tampoco está conforme la CNMC con el establecimiento de las tarifas del agua en España y afirma que su diseño es “inadecuado e ineficiente”. En este sentido apunta que no tiene en cuenta las características económicas de estos servicios ni de un recurso escaso como el agua.
Esto se traduce en una gran disparidad a la hora de diseñar las tarifas, lo que no incentiva, en general, comportamientos deseables como el ahorro de agua. Competencia recomienda que se elaboren criterios metodológicos comunes de referencia para que el diseño de los precios del agua sea eficiente y procompetitivo.
Un reto más complicado si cabe en este contexto económico en el que los operadores de agua urbana tendrán que hacer frente a un número creciente de impagos de colectivos vulnerables a los que habrá que dar soluciones.
El agua como motor de reconstrucción
El sector del ciclo urbano del agua adolece desde hace años de un importante déficit de inversiones en infraestructuras hidráulicas que comprometen su principal reto de futuro: asegurar la eficiencia y la eficacia en la gestión de un recurso cada vez más escaso en el contexto de cambio climático y crisis económica, donde es fundamental garantizar el derecho universal de acceso al agua potable y al saneamiento.
Sin embargo, la industria está convencida de que en la nueva realidad pueden desempeñar un papel esencial como palanca para la recuperación y la reconstrucción verde en el marco del Pacto Verde Europeo.
Unas propuestas basadas en el informe El sector del ciclo urbano del agua como vetor de recuperación sostenible tras la crisis del COVID-19 elaborado por la consultora PWC.
Las patronales del ciclo urbano, AGA y AEAS, ven en los fondos europeos, tanto en el Green Deal o Pacto Verde Europeo como en los de reconstrucción , el New Generation, una oportunidad para que España recupere los niveles necesarios de inversión en las infraestructuras del ciclo del agua.
Unas inversiones estimadas en 5.000 millones de euros anuales, el doble de los 2.500 millones actuales y que permitirían convertirse en una palanca para el cremimiento y la reconstrucción verde del país con una aportación importantísima al Producto Interior Bruto nacional, de más de 1.800 millones de euros al año y la generación de 43.000 empleos anuales.
Según se desprende del estudio, la inversión en infraestructura del ciclo del agua tiene un fuerte efecto arrastre, generando empleo no solamente de forma directa, sino también de forma indirecta e inducida.
Los operadores del ciclo urbano tienen capacidad para generar empleo de calidad y equitativo con mayor salario medio, que es de un 15% superior a la media española; mayor peso de los contratos fijos, que alcanzan casi el 85% versus el 74% en la media española y una menor brecha salarial de género, el 38% inferior a la media española.
Mejorar las infraestructuras fomentará la sostenibilidad ambiental en la medida en que España es el segundo país en la mayor reutilización de agua a nivel global. Además, la huella de carbono del sector del ciclo urbano del agua es inferior a la media de la industria española: como dato produce el 28% de la energía que consume respecto al 6% de la industria e impulsa el consumo responsable de agua mediante la progresividad de las tarifas.
Adicionalmente, el sector invierte activamente en mantener los ecosistemas, y reduce la contaminación a través del saneamiento del agua.
Se trata de una industria socialmente responsable que apoya a los colectivos en situación de vulnerabilidad, cuenta con bonificaciones y fondos de solidaridad para apoyar a las rentas bajas, jubilados y familias numerosas, de los que se benefician un 4,7% de los clientes, generando una reducción media del importe facturado de más del -50%.
Un esfuerzo que se ha incrementado durante el Estado de Alarma, un periodo en el que los operadores han asumido el incremento del 50% de los impagos por el incremento de los niveles de pobreza sin que a nadie se le haya desprovisto del acceso al agua.
Activos valorados en 207.492 millones
España acumula un importante déficit de inversión en infraestructuras. Se requiere duplicar la inversión actual hasta los 5.000 millones de euros para acercarla a las necesidades reales del ciclo urbano del agua. De esta manera se garantizaría el derecho al acceso al agua potable, la calidad del servicio de abastecimiento, el saneamiento y el reto de la adaptación al cambio climático.
Diversos informes apuntan que España, al igual que el resto del continente europeo, sufre un déficit en la inversión en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en el ciclo urbano del agua. Algunos sitúan esta cifra entre los 38.000 y 54.000 millones de euros y otros directamente superan la barrera de los 60.000 millones de euros.
En este sentido, la Catedra Aquae de Economía del Agua, junto a la Asociación Española De Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Universidad Politécnica de Cataluña, han elaborado un exhaustivo estudio, Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, con el que se pretende ya no solo mostrar las necesidades de inversión en renovación en el ciclo urbano del agua en España, sino elaborar un inventario aproximado de las redes e infraestructuras singulares que la componen y exponer su valor económico.
De acuerdo con sus datos, el valor de los activos del ciclo urbano del agua en España suma un total de 207.492 millones de euros, de los cuales, 170.114 millones se corresponden a la red de abastecimiento y saneamiento, y 37.377 millones al resto de infraestructuras.
En este sentido, los investigadores consideran que Andalucía, con un 16.27% del total, Cataluña, con un 12.75% del total, la Comunidad valenciana, con un 12,75% y la Comunidad de Madrid, con el 10,87%, son las regiones que representan un mayor valor actual.
Por el contrario, La Rioja, Cantabria, Navarra y Asturias son la que menos valor poseen, no superando en ninguno de los casos el 2% del total
En cuanto a los resultados por estratos de población, los municipios de menos de 20.000 habitantes acumulan el 37,01% del valor actual total, seguido de las áreas metropolitanas (22,24%). Cabe destacar que estos estratos acumulan un mayor número de población y de municipios en España y, por tanto, un mayor número de redes e infraestructuras.
Impulso azul para una recuperación verde
Los operadores del ciclo urbano del agua, a la cabeza del sector internacional, cuentan con la capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo reactivando la economía. De hecho en el conjunto de la economía nacional acometer y reducir este déficit de inversiones infraestructurales reportará un incremento del PIB de más de 1.800 millones de euros con un mayor impacto sobre la economía local.
Más del 75% de su efecto arrastre y del valor añadido generado sobre la industria se retiene a nivel nacional y esto se debe a que buena parte de los agentes que participan en la inversión (construcción, metalurgia, productos plásticos, etc.) tienen actividad a nivel nacional.
En el plano ambiental permitiría a España converger con el resto de economías avanzadas de Europa y lograr los objetivos de la Agenda de 2030 de Naciones Unidas reforzando cuatro pilares estratégicos como fomentar la depuración terciaria y una mayor reutilización del agua; reducción de fugas o pérdidas en el ciclo del agua urbano; reducción del estrés hídrico como consecuencia de un uso más eficiente del agua y alcanzar la neutralidad de carbono potenciando la cogeneración y el autoconsumo.
España ha reducido las inversiones en el ciclo del agua, pasando de un 0,36% del PIB entre 2007-09 a un 0,14% del PIB entre 2014-17.
La reducción de las inversiones en infraestructura del ciclo urbano del agua ha generado un déficit de inversión anual de unos 2.500 millones de euros.
En el caso de la infraestructura de agua urbana este déficit ha llevado a una red envejecida y más ineficiente que genera un mayor coste de mantenimiento y mayores pérdidas de agua.
La inversión de los últimos años no llega a cubrir el 50% de los requerimientos para el cumplimiento con las directrices europeas y el mantenimiento de una red eficiente.
Las inversiones en nuevas infraestructuras están centradas en la mejora de la depuración a nivel nacional para alcanzar los objetivos de depuración terciara.
Para los responsables de AGA y AEAS en esta reconstrucción va a ser fundamental la colaboración público-pública y se ponen a disposición de las administraciones implicadas para certificar y garantizar todo aquel proyecto que permita optar a esos recursos financieros europeos que redunden en una mejora de la economía del país pero también en la eficiencia, resiliencia y mejora del servicio.
Desde el sector insisten en que además es esencial mejorar en la colaboración público-pública, para armonizar los ejes de ejecución y plantear medidas viables desde abajo hacia arriba, desde lo local a lo nacional.
Y en este sentido ha pedido reforzar el papel de la Sociedad de Aguas de las Cuencas de España, Acuaes, como vehículo esencial para esa coordinación.
