El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena, han presentado en Madrid los resultados de dos estudios que ayudan a situar la problemática de la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua y los pasos a realizar para solventar el déficit de financiación.
La principal conclusión de ambos informes es que España acumula un importante déficit de inversión en infraestructuras. Se requiere duplicar la inversión actual hasta los 4.900 millones de euros para acercarla a las necesidades reales del ciclo urbano del agua. De esta manera se garantizaría el derecho al acceso al agua potable, la calidad del servicio de abastecimiento de agua, el saneamiento y el reto de la adaptación al cambio climático.
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Sin embargo, no se hace el esfuerzo necesario para mantener y renovar ese patrimonio, señalan los informes. La media anual de inversión real en el periodo 2009-2015 no ha superado los 2.400 millones de euros, un 49% de lo necesario. Esa cantidad ha caído incluso más en los últimos años, llevando a España a tocar suelo en lo que a inversiones en infraestructura de ciclo urbano del agua se refiere.
La planificación hidrológica prevé las nuevas actuaciones inversoras a realizar para cumplir con las nuevas necesidades. Para el ámbito urbano se contemplan 11.800 millones de euros en el actual ciclo de planificación de seis años y, que en el cómputo anual, se han ajustado a 1.900 millones de euros.
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Financiación más justa
Actualmente, en España se invierten unos 585 millones de euros al año al año en renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua, cuando las necesidades evaluadas ascienden a 2.221 millones de euros. Según el informe, esta cifra «revela que urge realizar un esfuerzo inversor sostenido, ya que se está invirtiendo entre un 70% y un 80% menos de lo necesario, lo que conlleva un preocupante envejecimiento de las infraestructuras, que amenaza la sostenibilidad y eficiencia alcanzada por el sector en los últimos años».
La forma de financiar este déficit de inversiones se analiza en un segundo informe, Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, un estudio complementario encargado por AGA y AEAS a la consultora PriceWaterhousseCooper.
En este trabajo se apunta a que «la vía de financiación más factible, más justa y más transparente para solventar las necesidades reales de inversión sería una subida escalonada de tarifas que permita financiar las nuevas infraestructuras y mantener las actuales para garantizar su eficiencia».
Para acometer estas inversiones, Manuel Marchena, presidente institucional de AGA, considera que debería producirse una subida tarifaria desde los 2,2 euros/m3 (1.000 litros) actuales, a los 3,6 euros/m3, en un periodo máximo de 10 años. «Esta subida supone un porcentaje del 60% pero apenas serían siete céntimos al año de subida por cada 1.000 litros consumidos», afirma Marchena.
Pese a lo impopular de una subida tarifaria, tanto Marchena como Morcillo recuerdan que España es uno de los países que menos paga por el agua, máxime teniendo en cuenta el estrés hídrico del país. La tarifa media actual de 2,2 euros los 1.000 litros apenas representa un 0,9% de la renta media familiar, muy por debajo del umbral establecido por Naciones Unidas para garantizar el derecho de acceso al agua potable fijado universalmente en el 3% de la renta.
Además en España para pagar el recibo del agua hacemos un esfuerzo económico del 71%, frente al 123% del que supone el recibo de electricidad o el 125% que hacemos para pagar la telefonía.
Esta subida situaría a España en la media de los países comunitarios y permitiría , «no solo acometer las nuevas infraestructuras necesarias sino un correcto mantenimiento de las ya existentes para conservar los estándares de eficiencia y calidad alcanzados por los operadores del ciclo urbano. Además contribuiría al cumplimiento de las obligaciones de saneamiento que exige Bruselas que en España apenas llega al 38%, lo que implica cuantiosas multas procedentes de Bruselas», afirma Marchena.
«La inversión en infraestructuras del agua debe considerarse un gasto social que garantiza el derecho humano de acceso al agua potable»
Tanto como AGA como AEAS insisten en que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento deberían incluirse como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones involucradas en su desarrollo y conservación, y considerarse no un gasto infraestructural sino un coste social que garantiza un derecho fundamental como es el acceso al agua y al saneamiento.
Entre las medidas para afrontar el déficit de inversión resaltan el fomento de la agrupación municipal para ganar economías de escala; el establecimiento de una estructura de costes y tarifaria armonizada a nivel nacional, para lo que sería de utilidad un cuerpo regulador independiente y transparente; así como ajustes en la normativa de contratación pública.
Los datos globales nacionales del inventario establecen que en España contamos con un rico patrimonio en infraestructuras del ciclo del agua urbana, con 23.789 kilómetros de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento); 248.245 kilómetros de red de abastecimiento; 189.203 kilómetros de red de saneamiento; 1.640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP); 29.305 depósitos; 456 tanques de tormenta; y 2.232 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).
Los datos arrojados por el estudio cuantifican unas necesidades de inversión anuales en renovación de estas infraestructuras situadas en los 2.221 millones de euros, alrededor de 48 euros per cápita y año la mitad de lo necesario que se situaría en los 105 euros per cápita y año.
