Los nuevos datos del Gasto Nacional en Protección Ambiental reflejan que las empresas continúan liderando las inversiones en esta materia. En general, el gasto se redujo por primera vez en cinco años, siendo la gestión de las aguas residuales uno de los ámbitos más afectados
La naturaleza está viviendo sus horas más bajas debido a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y, dado los beneficios que nos aporta un medioambiente sano, invertir en ella, más que una apuesta segura, es toda una prioridad.
En este contexto, el Gasto Nacional en Protección Ambiental (GNPA), que se presenta como el total de los recursos económicos realmente utilizados para prevenir la degradación del medio ambiente, no ha parado de incrementarse desde el 2015. Sin embargo, esa tendencia se ha visto alterada el año pasado.
Así lo ha puesto de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, según sus datos, ha informado de que durante el 2020 se destinaron 19.159,6 millones de euros (1,71% del Producto Interior Bruto) a la protección ambiental, lo que suponen 733 millones menos que en el 2019, es decir, una disminución del 3,7%.
Fiel a las tendencias, lo que si se mantuvo fue el peso de la gestión de residuos dentro del GNPA, que acaparó el 63,8% del presupuesto total, seguida de lejos por la gestión de las aguas residuales, con un 18,2% que, por su parte, sufrió una de las mayores disminuciones de gasto respecto al año anterior.
De este modo, el Derecho Humano al saneamiento en España vio cómo se dedicó un 4,2% menos de presupuesto para gestionar las aguas residuales, una pieza clave dentro del ciclo urbano del agua ya que de su buen tratamiento depende que no se inicie un circulo vicioso de contaminación. No hay que olvidar que la falta de saneamiento se lleva por delante la vida de más de un millón de personas de forma directa en todo el mundo. Y es que la calidad del agua que bebemos y utilizamos en nuestro día a día depende de la buena gestión de las aguas residuales.
Pero, además de representar un seguro de vida, de la buena gestión de las aguas residuales también depende un futuro resiliente ya que la inversión en las plantas depuradoras significa poder mejorar sus procesos hasta el punto de que puedan volverse autosuficientes y ofrecer recursos y materias esenciales para el desarrollo sostenible.
Empresas, a la vanguardia de la protección
En los datos del INE queda refleja una realidad y es que las empresas o el sector ‘sociedades’ aportaron casi el 50% del gasto en protección ambiental en 2020, una cantidad que, aunque sea un 6,8% menos en comparación con el periodo anterior, es casi 2.400 millones más de lo que aportó el sector público.
Así, el gasto del sector Administraciones Públicas e ISFLSH representó el 35,5% del total. Alcanzó los 6.808 millones, cantidad similar a la de 2019.
Los datos no hacen sino evidenciar el vital papel del sector privado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al poseer no solo los recursos financieros, sino también las herramientas y la capacidad para hacer frente al reto climático que vivimos en la actualidad.
Aun así, cabe destacar que no se trata de una lucha en solitario, sino que tanto sector público y privado deben aunar esfuerzos para lograr objetivos. De hecho, son muchas las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales las que hacen en hincapié en la necesidad de forjar alianzas, de avanzar en colaboración público-privada y en nuevos enfoques de cooperación porque “ninguna parte puede avanzar sin la ayuda de la otra”.
