España, amenazada para mejorar su gestión de aguas residuales urbanas

Europa advierte a España para que mejore su gestión de aguas residuales

La Comisión Europea ha advertido a España que como no cumpla la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, también ha amenazado con iniciar un procedimiento similar por no cumplir con la normativa sobre gestión de residuos radioactivos y seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes


En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea ha amenazado con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir con los requisitos de la UE establecidos en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo).

En concreto, España está incumpliendo esta directiva en 145 ciudades o urbanizaciones del territorio nacional que deberían haber solventado el problema el 31 de diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 2000 o el 31 de diciembre de 2005.

Ante la incapacidad del gobierno español por aplicar la directiva durante esas fechas, “a pesar de los avances menores”, la Comisión Europea ha informado de que las autoridades españolas disponen de dos meses acatar la normativa sobre aguas residuales urbanas. En caso de no hacerlo, La UE ha advertido que “podría remitir el caso al TJUE“.

De forma conjunta, la CE ha destacado que Eslovaquia “no ha proporcionado un sistema colector para 233 núcleos urbanos ni tampoco ha garantizado que las aguas residuales urbanas que entran en los sistemas colectores sean objeto de un tratamiento adecuado”.

En el paquete mensual, la CE ha apuntado que, a pesar de los esfuerzos de Eslovaquia, que reconoce el problema, y de las ayudas de la Unión, no se espera que cumpla sus obligaciones en un futuro próximo. Ante esto, también ha amenazado a este país con elevar el caso al tribunal.

España, en el foco de Bruselas

A parte del incumplimiento de esta directiva, la CE ha informado que España, junto a otros países, ha incumplido otra serie de normas en otros campos.

Es el caso de los residuos radioactivos. Según la Comisión, ni España ni Bélgica no han adoptado un programa nacional de gestión de residuos radiactivos que cumpla determinados requisitos de la Directiva sobre combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (Directiva 2011/70/Euratom del Consejo).

“Esta Directiva establece un marco comunitario para asegurar la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar imponer a las generaciones futuras cargas indebidas”, ha destacado el comunicado de la Comisión Europea.

Estos dos Estados deberían haber notificado a la CE sus programas nacionales el 23 de agosto de 2015, pero al no realizar la gestión, la CE se ha visto obligada a realizar un ultimátum en el que ha informado que “si Bélgica y España no actúan en los próximos dos meses, la Comisión podría optar por llevar a ambos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Por otro lado, la Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a Austria, Bélgica, España, Estonia y Hungría por no transponer su legislación a la directiva europea sobre seguridad básica (Directiva 2013/59/Euratom del Consejo) para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que obliga, entre otras cosas, a tener un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón.

En concreto, la directiva moderniza el marco legislativo europeo sobre protección a los peligros derivados de la radiación y establece estándares básicos de seguridad para trabajadores y pacientes expuestos a radiaciones ionizantes.

Ahora estos países disponen de un plazo de dos meses para responder a las cuestiones demandadas por las autoridades europeas. Si no lo hacen de manera satisfactoria, Bruselas dará un nuevo paso en el procedimiento que tendrá la forma de dictamen motivado, la última fase antes de elevar el asunto al TUE.



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