España parece empeñada en ser el último de la clase en materia ambiental. Aunque nos cueste mucho dinero. Un año más -y ya van cinco-, es el país de la Unión Europea con más expedientes ambientales abiertos por incumplir normativas comunitarias. Un total de 25 casos, la mayoría arrastrados de otros años, continúan siendo analizados en las instituciones europeas, lo que nos sitúa junto a Grecia en el primer puesto de esta triste lista. Aún así, no todo son malas noticias: las infracciones han bajado con respecto a años anteriores y 11 expedientes han sido cerrados sin sanciones. Pero aún quedan muchos deberes por hacer, sobre todo en depuración de agua y tratamiento de residuos.

Es importante resaltar esa caída relativa: en 2016 España tenía 26 expedientes abiertos, en 2017 subió a 30 y en 2018 llegó a tener 32. De hecho, entre 2015 y 2018, el país acumuló más infracciones de la normativa ambiental de la UE que cualquier otro estado miembro, con una media casi tres veces superior a la del resto del bloque. Pero en 2019, la tendencia parece cambiar con el cierre de 11 expedientes -relativos según adelanta eldiario.es a temas tan diversos como la caza de pájaros cantores o el retraso en la presentación de planes hidrológicos-, otra cifra récord, aunque en este caso positiva para España, ya que significa menos multas.

Los problemas vienen, sobre todo, de nuestra incorrecta gestión del agua. La (falta de) política hidríca coherente es el motivo por el que más nos reprenden desde Europa, aunque los problemas son de diferente índole: lagunas en la depuración de agua, dificultades en el tratamiento y el control de los vertidos provenientes de la agricultura y la ganadería, retrasos en la presentación de planes contra las inundaciones…

Pero no solo el agua nos trae de cabeza. También tenemos expedientes abiertos por contaminación del aire en las grandes ciudades -es decir, en Madrid y Barcelona- y por el deficiente sistema nacional de gestión de residuos, que acaba de saltar a la palestra pública con la catástrofe de Zaldibar, en el País Vasco. Y la fatídica lista de infracciones, que se puede consultar íntegra aquí, también incluye temas menos mediáticos como el reciclaje de pilas, la caza de la tórtola o la contaminación acústica.

Depuración de aguas

Como se advertía desde El Ágora la pasada semana, España está pagando multas de 10,35 millones de euros semestrales hasta 2023 por su problemas en la depuración de aguas. Hay 133 núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes que carecen todavía de tratamiento secundario de todos los vertidos, 30 años después de que se aprobara una normativa comunitaria que obligaba a ello. Además, España lleva desde 2011 arrastrando este expediente, que todavía parece lejos de resolverse: la respuesta a Bruselas en forma de Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (DSEAR) no llegará hasta este verano y todavía está pendiente la ejecución de unas 3.500 medidas de saneamiento y depuración recogidas en los planes hidrológicos.

Lo peor es que la multa puede crecer. De los 25 procesos que siguieron abiertos en España en 2019, siete corresponden a problemas con la depuración urbana y cuatro de ellos aún pueden deparar más sanciones para España. Agrupados en función del tamaño de las poblaciones que no depuran o que lo hacen mal, y de las zonas naturales afectadas, estos procedimientos sancionadores pueden seguir significando malas noticias para España si no se hace algo pronto con la deficiente depuración.

Planes contra inundaciones

Aunque las últimas grandes inundaciones de 2019 y 2020 han afectado sobre todo al litoral levantino, en este caso las advertencias de la UE van por ahora por otro sitio. En marzo de 2018, la Comisión le abrió un expediente a España por no haber completado, publicado o comunicado los planes de prevención y gestión de las inundaciones en las siete cuencas fluviales de las Islas Canarias: El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife.

El caso está ahora mismo siendo analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que desde que se produjera el primer requerimiento (2016), no ha habido reacción por parte del Gobierno en forma de plan. De persistir el problema, podría por tanto abrir otro frente sancionador.

Contaminación en Madrid y Barcelona

De nuevo, un problema que viene de antiguo. En 2011, la Comisión advirtió por primera vez a las autoridades españolas de que estaban fallando a la hora de proteger a los ciudadanos de la polución atmosférica, en varias zonas que incluían las grandes urbes pero también áreas consideradas rurales en Andalucía, Cataluña o Asturias. En 2015, concretó aún más y señaló solo a las dos mayores ciudades españolas, Madrid y Barcelona, por vulnerar repetidamente los umbrales de dióxido de nitrógeno.

Aunque en 2018 se concedió un último periodo de gracia para esperar a la implementación de medidas como las zonas de bajas emisiones en Madrid o Barcelona, la paciencia se agotó en julio de 2019, cuando anunció que llevaría el expediente ante el TJUE porque en Madrid y Barcelona se sigue sin conseguir rebajar la contaminación atmosférica a límites tolerables.

El agua de Doñana

En este caso, ha sido necesaria una década de incumplimientos para que Bruselas lleve a España ante el TJUE. La Comisión considera que el agua que necesita el Parque Nacional de Doñana para sobrevivir está siendo expoliada de manera sistemática para «fines agrícolas y turísticos», explotando tanto el acuífero subterráneo que sostiene los humedales protegidos como el propio estuario del Guadalquivir. Para la UE, la fuerte disminución en los niveles de agua subterránea ha hecho que muchos hábitats integrados en la red europea Natura 2000 «sean extremadamente vulnerables a las sequías periódicas del área, por lo que continúan deteriorándose».

La primera denuncia data de 2010, pero tras dos avisos sin respuesta por parte del Gobierno, en enero de 2019 se remitió el caso a la justicia europea. Es decir, otra posible multa en ciernes si no se actúa. Precisamente, una delegación de la Unesco y otras entidades internacionales visita el parque esta semana para comprobar el estado de conservación del humedal más grande de Europa.

Filtración de nitratos

La UE también considera que España (en este caso, junto con Italia) no protege de manera adecuada sus aguas de las filtraciones de nitratos que pueden provocar la agricultura -a través de ciertos fertilizantes- y la ganadería intensiva. Al parecer, España no monitorea sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad de detectar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la efectividad de los programas de limitación de este contaminante, por lo que la legislación, que está directamente transpuesta de la normativa europea, no se está aplicando de manera adecuada.

En este caso, el ministerio de Transición Ecológica ya está trabajando en un programa de control sobre las zonas afectadas para adelantarse a infracciones con sanción económica, aunque aún no ha sido aprobado. El último requerimiento sobre este tema data de noviembre de 2018.

Vertederos sin control

Otro tema en el que las sanciones ya vienen de lejos: de hecho, el TJUE ya falló en contra de España en 2016 y 2017 por la existencia de 88 vertederos ilegales contra los que no se había actuado en más de una década a pesar de los repetidos requerimientos de Bruselas en la materia. Ahora, continúa activo desde 2018 un expediente sancionador por infracciones en al menos 1.500 vertederos, esta vez «legales», que la Comisión exige que sean clausurados cuanto antes para que haya planes de regeneración en los terrenos.

La UE nos recrimina además que ni siquiera proporcionemos la información completa sobre esos vertederos y apunta a sancionarnos de nuevo si no se toman acciones pronto. Los avisos se acumulan, pero España tampoco reconoce la existencia de la mayoría de los vertederos por los que ya se nos ha multado.

Otro frente aparece en el reciclado, concretamente el de pilas y baterías. Según Europa, no hemos remitido los datos sobre la tasa de recogida de estos componentes electrónicos, lo que impide saber si estamos cumpliendo con la normativa europea. Una desconfianza que no extraña si se observa el desolador panorama general en materia de economía circular: la Comisión afirma que el país está «lejos de alcanzar» el objetivo de la UE de reciclar el 50% de los residuos urbanos a finales de 2020.

Contaminación acústica

Por último, la Comisión ha urgido a España para que adopte normativas que ayuden a cumplir las directivas en materia de contaminación acústica. La Directiva europea sobre ruido exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición acústica tanto en las grandes zonas urbanas como en todas las áreas residenciales que se encuentren junto a los ferrocarriles, carreteras y aeropuertos principales. En teoría, estos mapas sirven como base para definir medidas para reducir la contaminación acústica.

Después de recibir un primer aviso en septiembre de 2016 y un segundo en enero de 2018, España aún no ha entregado mapas de ruido estratégicos y planes de acción para muchas de las aglomeraciones, carreteras principales y ferrocarriles principales dentro de su territorio. Además, España no ha revisado ni revisado los planes de acción existentes para los principales aeropuertos.

Otras infracciones

Aunque los hasta ahora enumerados son los problemas más importantes y generales en materia ambiental por los que nos está recriminando Europa, hasta llegar a las 25 infracciones abiertas actualmente hay que sumar una serie de casos más concretos, relacionados con infracciones puntuales.

Está por ejemplo el caso de la tórtola europea, un ave migratoria muy codiciada por los cazadores y que tiene lugar de paso preferente por España. Bruselas considera que en España no se está protegiendo de manera adecuada. La normativa europea obliga a introducir una moratoria cinegética para esta especie, pero no tuvo casi incidencia en la concesión de permisos de caza, regulados por las comunidades autónomas. La Fiscalía española ya ha remitido un oficio instando a los gobiernos regionales a remediar la situación ante la amenaza de que la Comisión decida llevarnos de nuevo a los tribunales.

También hay un requerimiento en marcha desde 2014 por haber construido una parte de la vía de AVE entre Almería y Sevilla en un entorno protegido sin el informe ambiental pertinente. Al parecer, la construcción ya está afectando a las aves de la zona, muchas de ellos con estatus protegido. Además, hay requerimientos abiertos por proyectos aún no construidos como el del embalse de Biscarrués, sobre el río Gállego, en Huesca, contra el que hay una fuerte oposición local.

En definitiva, una larga lista de infracciones ambientales que, aunque haya mejorado con respecto al año pasado, sigue situando a España como la última de la clase en materia de cumplimiento de la legislación verde. Un dudoso honor que, además, sale muy caro.