España, que ya ha abonado casi 63 millones de euros en multas por incumplimiento de las directivas europeas de calidad de las masas de agua y depuración, asume que hasta 2025, cuando culminen las obras de depuración en Matalascañas, no cumplirá con la normativa comunitaria
España arrastra la signatura pendiente del saneamiento y la depuración de núcleos urbanos, un suspenso por el que ya lleva abonados más de 62,96 millones de euros en concepto de sanción por el incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, por el que se han abonado hasta la fecha los 12 millones de euros correspondientes a la suma de las multas a tanto alzado y cinco pagos semestrales de la multa coercitiva, por un importe total de 50.966.945,10 euros, lo que supone un importe en total de 62.966.945,10 euros.
En una respuesta escrita a la pregunta parlamentaria registrada por Más País, el Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico (Miteco), explica que estas cuantías, que corresponden abonar a cada una de las administraciones responsables están determinadas en el procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de abril de 2011 en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales.
El mes de junio de 2021, la Comisión Europea emitió el Dictamen Motivado complementario conocido como “Pequeñas Aglomeraciones”, por el incumplimiento de 332 aglomeraciones urbanas frente a las 606 aglomeraciones identificadas en 2012.
El Miteco responde a Más País que, de la misma manera que se han reducido casi a la mitad el número de pequeños municipios que incumplen la directiva, actualmente dos de las nueve aglomeraciones que incumplían en el procedimiento de “Zonas Normales”, Tarifa y Coín, ya lo hacen, por lo que son siete las aglomeraciones urbanas incluidas en la multa por incumplimiento impuesta a España: cinco en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Nerja y Matalascañas), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar).
De las siete aglomeraciones urbanas incluidas en la multa impuesta a España en el procedimiento de infracción de “Zonas Normales”, es responsabilidad de la Administración General del Estado el cumplimiento de cuatro de ellas: Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este.
Informa el Miteco que está previsto que a lo largo de este año 2022 la Comisión Europea acredite el cumplimiento de las aglomeraciones de Nerja y Gijón-Este, con la entrada en funcionamiento de las respectivas depuradoras y la consecuente presentación de muestras representativas del efluente tratado como prueba del cumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Asimismo, se estima la entrada en funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate en 2024, y en 2025 que finalicen las obras de la EDAR de Matalascañas.
«Una de las líneas prioritarias y estratégicas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la mejora de la depuración de las aguas residuales con el objetivo de alcanzar unas condiciones de calidad adecuadas en el agua que llega a los ríos».
Por este motivo, «el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está poniendo todos los medios tanto para cumplir con las sanciones impuestas por la Unión Europea e impedir nuevas sanciones, como para conseguir que el 100% de las aglomeraciones depuren adecuadamente sus aguas, a pesar de que según los artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, son los municipios los que tienen competencias propias en el tratamiento de las aguas residuales y, por tanto, son competentes para prestar servicios de saneamiento y depuración por si solos o con el auxilio de su Comunidad Autónoma».
Inversiones hasta 2027
Así mismo, los Planes Hidrológicos del tercer ciclo (2022/2027), que se aprobarán a lo largo del presente año, contemplan unas inversiones hasta 2027 de alrededor de 7.400 millones para mejorar el saneamiento y la depuración, de los que 2.800 millones van a ser financiados por la Administración General del estado. Además, en los Presupuestos Generales del Estado se han incrementado en 100 millones de euros las inversiones destinadas al saneamiento y la depuración.
A este esfuerzo inversor se suman las ayudas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha habilitado para apoyar a las aglomeraciones menores de 5.000 habitantes-equivalentes que se encuentren en procedimientos de infracción o no conformes con la Directiva Europea para que puedan corregir esta situación. Se ha habilitado una partida inicial de 100 millones de euros que tendrá su continuidad en próximos ejercicios.
El Gobierno confía en que el esfuerzo inversor y la colaboración entre las distintas Administraciones competentes, permitirá revertir la situación actual y reducir de forma importante el número de aglomeraciones que actualmente no depuran sus aguas de forma adecuada.
El Miteco indica en su respuesta a las Cortes que el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), constituye un instrumento de gobernanza, no un listado de actuaciones a ejecutar, destinado a mejorar la eficacia de las acciones públicas en materia de saneamiento y depuración.
En concreto, el Plan DSEAR, entre otros cometidos, fija los criterios para priorizar las medidas que sí que incluyen en la nueva planificación hidrológica, establece las medidas para reforzar la cooperación entre las Administraciones competentes en materia de saneamiento y define las actuaciones que deben ser consideradas de Interés General del Estado.
Es decir, el Plan DSEAR ha sido clave para que los Organismos de cuenca hayan podido priorizar de forma más adecuada las actuaciones de saneamiento y depuración recogidas en sus programas de medidas a ejecutar hasta 2027.
España volverá al TJUE si se autorizan nuevos regadíos en Doñana
La Comisión Europea ha amenazado a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una multa por el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana, un paso que Bruselas estudia si las autoridades no toman «lo antes posible» medidas para adecuarse a lo dictado por los tribunales.
En una carta firmada por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooiker, Bruselas expresa su «honda preocupación» por el impacto que pueda tener en Doñana el retraso del cumplimiento de esta sentencia y, además, considera «cuando menos desconcertante» que el gobierno andaluz esté contemplando la adopción de medidas que «agravarían la situación y pondrían en grave riesgo» el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo.
Por todo ello, Bruselas avisa de que está dispuesta a hacer uso de «todos los instrumentos que tiene a su disposición» y acudir por segunda vez al Tribunal de Justicia para solicitar sanciones ante el plan del Gobierno andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana «que no cuentan con los preceptivos permisos».
El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del Agua y de Hábitats.
La sentencia de junio también señaló que no se han adoptado «medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos» situados en las zonas ‘Doñana’, ‘Doñana Norte y Oeste’ y ‘Dehesa del Estero y Montes de Moguer’.
En su carta, Bruselas advierte del «efecto llamada» que podría generar la regularización de estás zonas de regadío en torno a Doñana, lo que podría tener repercusiones negativas sobre las aguas subterráneas y pone en valor la importancia de la conservación de Doñana y sus hábitats naturales.
En un paso más, la Comisión Europea pone de relieve que «aún no hemos concluido que se estén aplicando todas las medidas necesarias» para cumplir con la sentencia». Además, la dirección general de Medio Ambiente recuerda que la aplicación correcta y en el plazo del Derecho de la UE es «esencial».
Ahora España dispone de un mes para dar explicaciones sobre la propuesta legislativa y la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE. España remitirá la carta al Gobierno andaluz, que tiene las competencias para contestar a la misiva, según fuente del Ejecutivo Español.
