Una sesión celebrada en la CNMV con expertos en derecho regulatorio puso el foco en que la asunción directa de servicios por parte de los entes locales, sin justificar previamente la mayor eficacia y calidad en la prestación que si eligieran competitivamente a un operador especializado, no está permitida por el ordenamiento jurídico
La Sala de Plenos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) acogió este lunes una sesión sobre el papel de las agencias regulatorias como garantes de la competencia y calidad de los servicios en favor de la ciudadanía. En el encuentro se presentó además la colección de libros sobre Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación editada por Marcial Pons que es fruto de los seminarios, debates y estudios jurídicos auspiciados por la Cátedra de Derecho de la Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona (CARSEP).
El catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de derecho de la Universidad de Barcelona, José Esteve Pardo, presentó la colección que consta de tres libros ya editados. El primero sobre los Principios de Derecho Regulatorio explica cómo las empresas monopolísticas de servicios públicos fracasaron en la prestación de servicios de calidad, cómo la regulación ha evolucionado de un modelo de monopolio a un modelo en competencia, y cómo las agencias reguladoras se han erigido en las garantes de los servicios en competencia con la finalidad de obtener, en beneficio de la ciudadanía, la mejor calidad y eficiencia de los servicios.
El segundo libro sobre Servicios en Plataforma aborda temas novedosos como el poder económico de las plataformas, las situaciones de desequilibrio en que se encuentran los usuarios de los servicios, los riesgos sociales asociados a las plataformas de difusión de contenidos, el cumplimiento de las normas por parte de los intermediarios digitales en la economía colaborativa, y la transformación de los servicios de trasporte en automóviles de turismo (uberización).
El tercer libro versa sobre la Autoprovisión administrativa en la gestión de servicios públicos, lo que en términos más periodísticos se conoce como la remunicipalización o internalización de servicios públicos. Se trata de una problemática que genera mucho interés en las autoridades de la Competencia.
Pilar Sánchez Núñez, consejera de la CNMC, destacó en la presentación de la sesión el papel del Estado y el derecho regulador como garantes de los mercados y la competencia más allá de las agencias reguladoras, así como los nuevos escenarios que se abren a causa de la transformación digital, como los riesgos para la privacidad y la acumulación de datos en los nuevos modelos de negocio. Sánchez Núñez también señaló la «imprescindible» colaboración público privada para lograr la transformación energética y digital. «La regulación es hoy más necesaria que nunca», insistió.
La sesión contó con las ponencias de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo, y de Manuel Campos Sánchez-Bordona, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quienes destacaron el cambio de paradigma que en los últimos años está viviendo el derecho y la legislación. La asunción de normas no vinculantes se ha convertido para las empresas en una regulación tan importante como la legal ya que el cumplimiento o no de esas normas de conducta supone el respaldo social de su actividad.
Muñoz Machado puso el foco en su intervención en el crecimiento de empresas públicas de las administraciones locales y recordó que la asunción directa de servicios, sin justificar previamente la mayor eficacia y calidad en la prestación que si eligieran competitivamente a un operador especializado, no está permitida por el ordenamiento jurídico desde que se aprobara en el 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. «Hay Entes Locales que piensan que sus técnicos son mejores que los técnicos de empresas privadas con una experiencia de años en prestar ese servicio. Eran situaciones que creíamos que habían desaparecido pero han vuelto con fuerza como medio para evitar la contratación de servicios. El bienestar de la población y la calidad del servicio deben estar por encima de estas ideas. Falta cultura de la regulación», señaló.
Por su parte, Manuel Campos Sánchez-Bordona, destacó el papel que desempeña la UE como regulador y cohesionador de los ordenamientos jurídicos europeos. Además destacó que las empresas «han caído en el entusiasmo de la autorregulación y los códigos de conductas» que harán que sea necesaria una armonización con la legislación cada vez más exhaustiva.
Se refirió también en su intervención a las técnicas de cooperación vertical (encargos a medios propios y de cooperación interadministrativa (trasferencia de competencias y cooperación horizontal público publico) como fórmulas de autoprovisionamiento de bienes y servicios por parte de las Administraciones públicas, indicando que la jurisprudencia europea delimita sus contornos para garantizar que estas fórmulas, que quedan extramuros del ámbito de aplicación de las reglas de la contratación pública, puedan distorsionar la competencia colocando a un operador en una posición privilegiada en relación con otros rivales.
