FIDEX pide un Pacto de Estado para financiar la adaptación al cambio climático

FIDEX pide un Pacto de Estado para financiar la adaptación al cambio climático

Las ingenierías reclaman un Pacto de Estado y colaboración público-privada para garantizar la financiación de la adaptación de las infraestructuras a los riesgos del cambio climático, como se establece en el anteproyecto de Ley aprobado esta semana

 


El Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX) considera que integrar los riesgos derivados del cambio climático para adaptar las infraestructuras del transporte, tal y como recoge el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, debe traducirse en un Pacto de Estado que garantice su financiación.

FIDEX explica que las necesidades presupuestarias crecerán notablemente con las nuevas condiciones climáticas y recuerda que cerca del 50% de la red viaria y ferroviaria en España podría verse afectada por fenómenos extremos.

Ello obligará a llevar a cabo diversas medidas, como por ejemplo la revisión del drenaje de las infraestructuras ante la sucesión de lluvia torrenciales, que constituye una de las principales amenazas, tal como ya se ha comprobado lamentablemente en nuestro país con acontecimientos como la DANA que el pasado mes de septiembre se cebó con el centro y este peninsular.

transporte
Las redes de carreteras sufrirán graves daños por la acción del cambio climático

También existe un alto riesgo de deformaciones del pavimento o de proliferación de incendios cerca de las vías por los cada vez más frecuentes episodios de sequía.

Por todo ello, favorecer la colaboración público-privada se antoja fundamental, dada las ataduras de inversión pública y las cifras de déficit y deuda pública del país, que pueden alcanzar el 11% del PIB y el 122%, respectivamente, a consecuencia de la crisis del COVID-19.

Sin embargo, FIDEX recuerda que para promover la colaboración público-privada es fundamental modificar la “Ley de Desindexación de la Economía Española”, concretamente el artículo 10 que reduce a mínimos la rentabilidad de los contratos de concesión.

De acuerdo con esta ley, la rentabilidad para un contrato de concesión a cinco años está limitada a valores muy por debajo (3,5%) de los umbrales mínimos (6%-8%) a los que está dispuesto a entrar un fondo de inversión privado, ahuyentando al inversor y dificultando el lanzamiento de planes de inversión pública basados en esta fórmula.

Cambio necesario para la infraestructura hidráulica

En el caso de las infraestructuras hidráulicas Fidex ya recordó que “la paralización de la inversión pública para cumplir con los objetivos de déficit ha dejado pendientes de ejecución más de 500 actuaciones prioritarias”.

Insisten en la necesaria modificación de la Ley de Desindexación de la Economía Española (que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público); por considerarla “un freno a la colaboración Público-Privada (CPP) en el sector de las grandes infraestructuras, pues se trata de la única vía de financiación viable hoy día para sacar adelante estos proyectos que precisan más de 12.000 millones de euros para su puesta en marcha”.

La falta de experiencia de España en el desarrollo de esta fórmula de colaboración público-privada está llevando a la Administración a publicar unos pliegos “hiperdirigidos” cuando lo que correspondería en su caso es marcar los estándares de calidad dejando que sea el inversor quien aplique sus propios procedimientos para garantizar la eficiencia.

“Estos escollos legales son precisamente los que están provocando la fuga de la inversión privada nacional al extranjero, dando lugar a la paradoja de que las concesionarias españolas, las más experimentadas del mundo, están financiando proyectos fuera de nuestras fronteras al encontrar condiciones más favorables que en el mercado doméstico”, apunta FIDEX.

Adaptar el saneamiento a los nuevos criterios de calidad

FIDEX considera que solo superando estas barreras “se puede avanzar a buen paso en el desarrollo de infraestructuras de depuración”, facilitando el cumplimiento de la normativa europea en materia de gestión de aguas residuales, por la que España viene siendo sancionada.

En concreto, el correctivo asciende a 12 millones de euros por existir todavía nueve municipios de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento, más 10,9 millones por cada semestre de retraso hasta solucionar la situación.

En el caso de estas infraestructuras, FIDEX aboga por modificar las condiciones para que sea la disponibilidad y no el volumen del agua que llega a la depuradora (un factor sumamente variable pues depende de factores como la pluviometría o el movimiento poblacional) el criterio que se exija al inversor como garantía de servicio; es decir, que la depuradora funcione 24 horas los 365 días al año y que los análisis del agua depurada cumplan los requisitos de calidad establecidos.

Además, atraer la inversión privada en este caso exige también la creación de “lotes mixtos” o, lo que es lo mismo, contratos de concesión que combinen depuradoras urbanas (de mayor tamaño y rentabilidad) con pequeñas depuradoras de ámbito rural para que el efecto medio sea una rentabilidad suficiente, ya que si el Estado solo privatiza la gestión de las de menor tamaño, el inversor difícilmente apostará por el proyecto.


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