Después de 14 meses de pandemia gestionada bajo una sucesión de Estados de Alarma, el último de más de medio año de duración, España recupera sus libertades con la satisfacción de constatar que nadie se ha visto privado del acceso al agua, por salud y por derecho
Catorce meses han pasado ya desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la pandemia de covid-19.
Algo más de un año en el que han fallecido 3,6 millones de personas en todo el mundo y una pandemia, la primera en la historia declarada por un coronavirus, que ha cambiado nuestra manera de vivir y de relacionarnos.
Una crisis sanitaria global que nos ha enseñado lo frágil que es la humanidad ante una naturaleza y un planeta que se defienden del maltrato al que los sometemos.
También nos ha mostrado que la colaboración y las alianzas, avanzar todos juntos, es el único camino para superar esta crisis.
Pero, sobre todo, nos hemos percatado de lo importante que es el agua y el colectivo de administraciones, empresas y trabajadores para garantizarnos el acceso a este derecho que se ha convertido en la mejor receta para la salud en estos meses interminables.
Tanto es así que allá por el mes de marzo de 2020, cuando se decretó el primer Estado de Alarma en España en el marco de la pandemia, el decreto reconocía la esencialidad del ciclo urbano del agua para garantizar a todos los ciudadanos el derecho efectivo de acceso al agua potable, dando cobertura a todos los colectivos vulnerables, también a los sobrevenidos como consecuencia de la crisis socioeconómica que acompaña a la enfermedad.
Así, a escasas horas del decaimiento del más largo de los Estados de Alarma decretado nunca en nuestro país- seis meses-, se puede constatar que no se ha producido ni un solo corte de suministro de agua a ningún ciudadano en ninguna parte del territorio nacional por impago.
Un esfuerzo colectivo de los operadores del ciclo urbano del agua
La pandemia de la Covid-19 ha supuesto enfrentarse a una crisis sanitaria nunca antes vivida, al menos en los últimos tiempos, que a nivel general ha cambiado radicalmente los hábitos y rutinas, y ha alterado el funcionamiento normal de la sociedad. Un período en el que los operadores de los servicios del agua han tenido que hacer frente a los retos derivados de prestar un servicio esencial en un contexto de crisis, con medidas de confinamiento.
Para afrontar esta crisis sanitaria, por parte del Gobierno se declaró el Estado de Alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prorrogado en múltiples ocasiones, la última por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, hasta el 9 de mayo de 2021.
La declaración del Estado de la Alarma y la diferente normativa aparejada que se ha ido aprobando, ha comportado la automática implantación en la operativa del sector público y privado de diferentes medidas con el objetivo común de combatir la rápida propagación del virus y de proteger la seguridad de las personas.
Medidas como la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios esenciales y de las infraestructuras críticas, estableciendo las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas durante el Estado de Alarma, con el objeto de garantizar la continuidad de los servicios del agua con los mismos niveles de calidad.
Se unía además el compromiso de proteger a los colectivos vulnerables, mediante el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19, prorrogado hasta agosto de 2021, que recoge la necesidad de garantizar el suministro de energía y agua a los usuarios vulnerables, prohibiendo la suspensión del servicio a dichos usuarios.
Esta normativa venía a blindar un compromiso claro del sector. Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, el 99% de los operadores de los servicios de agua urbana ─empresas públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales─ cuentan con mecanismos de acción social que permiten asegurar la asequibilidad del agua. Estos mecanismos consisten, generalmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad, siendo responsabilidad de los poderes y administraciones públicas la determinación de los beneficiarios.
Además, los procedimientos implantados suelen ser muy garantistas con el usuario, aunque debe ser un objetivo prioritario de los mecanismos de acción social evitar posibles errores administrativos e incidir en la agilidad y simplificación de los procedimientos, con la finalidad de que ningún hogar en situación de vulnerabilidad se quede sin suministro, dando así cumplimiento a este derecho humano universal.
Asimismo, en 2019, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEM) y AEAS elaboraron la Guía para la aplicación de mecanismos de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes ámbitos de gestión.
Garantía de agua y de salud
Algunos operadores, como Aigües de Barcelona, ya antes de la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, diseñaron protocolos con el objeto de anticiparse a los riesgos derivados de la propagación del virus. Y desde la declaración del Estado de Alarma y hasta el momento se han adoptado una serie de medidas que han permitido garantizar tanto la protección de la salud de la plantilla como la prestación del servicio del ciclo de agua con la calidad, seguridad y continuidad de siempre, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.
Uno de los grandes retos fue adaptar el funcionamiento de las plantillas a la situación de confinamiento y de limitación casi total de la movilidad, sin afectar al servicio.
Para ello fue necesaria la adopción de medidas para proteger al personal con más riesgo apartándolo de la operación de campo o de las oficinas, la implantación del teletrabajo y, en el ámbito operativo, garantizar el funcionamiento de las instalaciones críticas y esenciales con la presencia permanente de trabajadores en las instalaciones.
En el caso de Suez este confinamiento en las instalaciones se llevó a cabo por parte de más de 200 personas en presencia en la operación y en el laboratorio y más de 100 como personal de backup.
Inicialmente se cerraron las oficinas de atención al cliente, para garantizar la salud de la ciudadanía, y se reforzaron los canales de atención no presenciales, donde se podían hacer todas las gestiones: atención al cliente, averías e incidencias.
Lo cierto es que, con o sin escudo social, en España nadie se ha quedado sin agua durante la pandemia y todos los operadores se han esforzado por dar cobertura a las instalaciones sanitarias provisionales que se iban habilitando para aliviar la presión hospitalaria de la pandemia, hospitales de campaña en los que el agua ha sido un elemento esencial para garantizar la higiene y la salud.
En España nadie se ha quedado sin agua durante la pandemia
Una de las conclusiones importantes que se puede extraer en el caso de España respecto a la respuesta dada por el sector del agua urbana frente a la Covid-19, es la ejemplar actuación de los operadores de servicios de agua, que ha garantizado en todo momento la continuidad y la calidad del servicio, y en particular el acceso al servicio a las personas más vulnerables, a pesar de no contar con ningún tipo de ayudas públicas específicas.
Lo cierto es que, a pesar del impacto económico en los servicios del agua, debido por una parte a unos menores ingresos para hacer frente a los costes, a causa del parón de las actividades turísticas, comerciales e industriales y, por otra parte, a la asunción de los mecanismos de asequibilidad para los ciudadanos, el sector no ha contado con ningún tipo de ayudas públicas.
No obstante, lo aprendido a raíz de esta crisis sanitaria también debe utilizarse para concienciarse de la necesidad de tener mecanismos de sostenibilidad e invertir en la transformación de las infraestructuras para garantizar la resiliencia del servicio. Y es que ésta depende de las inversiones se lleven a cabo en los próximos años, y en particular de la capacidad de impulsar el agua regenerada como una fuente más de abastecimiento de agua.
Red de alerta temprana
Otra de las grandes aportaciones del sector del agua urbana a la lucha contra la pandemia ha sido la puesta a disposición de las autoridades sanitarias todo el conocimiento que el control de las aguas residuales podía ofrecer respecto a la evolución de la covid-19 en cada municipio para ayudar y agilizar la toma de decisiones.
Así el análisis de las aguas residuales ha pasado a formar parte de la red de alerta temprana epidemiológica gracias a herramientas que han permitido anticipar decisiones es esencial para ganarle tiempo a la enfermedad como priorizar zonas para la desinfección de las calles, decretar el cierre de áreas de recreo o jardines, incluso decidir reforzar la vigilancia para el uso obligatorio de mascarillas y control de aforos y garantizar una mayor protección al conjunto de la ciudadanía ahora que la vuelta a la normalidad es inminente.
En este contexto el monitoreo de las aguas residuales de las ciudades, grandes y pequeñas, se ha convertido en una solución eficaz que permite detectar trazas no infectivas del virus excretadas por los enfermos antes incluso de que el sistema sanitario detecte la enfermedad del nuevo coronavirus. Y de esta manera, adelantar hasta diez días la toma de decisiones a los responsables consistoriales así como proporcionar información de interés a las autoridades sanitarias.
