El Govern de la Generalitat ha abonado 18,85 millones por la resolución final del contrato de la gestión de abastecimiento de agua en alta con ATLL (Aguas Ter Llobregat) y ha elevado la liquidación definitiva a 56,94 millones de euros
Govern de Cataluña ha informado de que ha abonado un total de 18,85 millones de euros en concepto de «la resolución definitiva final del contrato de la gestión de abastecimiento de agua en alta de ATLL (Aguas del Ter Llobregat)» y asegura que el conseller de Territorio, Damià Calvet, firmó el 13 de marzo la resolución por la cual se determina el importe de esta liquidación definitiva final en 56,94 millones de euros.
Esta cantidad, según el Govern, es mayor que los 53,8 millones que se fijaron en 2019 en la liquidación definitiva provisional y la diferencia se debe, según las fuentes, a que la liquidación provisional se calculó con los datos estimativos que tenía la administración.
La Generalitat pidió a la concesionaria documentación que permitiera un cálculo más exacto, en base a la cual se ha calculado la liquidación definitiva final.La propuesta final fue formulada el 25 de mayo por la Comisión de apoyo a la liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat de 27 de diciembre de 2012.
Esta comisión había sido creada por el Govern el 17 de julio de 2018 para evaluar los aspectos jurídicos y económicos de la liquidación del contrato y presentar al órgano de contratación la propuesta de liquidación.
La Generalitat ha informado de que, del cálculo inicial de 53,8 millones, 34 están condicionados a una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la petición de retorno por ingreso indebido del aumento abonado por ATLLCGCSA -la antigua concesionaria- en concepto de liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2013-2017.
Otros 3,98 millones fueron abonados por la Generalitat a la empresa el 17 de mayo de 2019.
La administración autonómica asegura que, hasta ahora, «los tribunales han dado la razón a la Generalitat en todas las peticiones de medidas cautelares que la empresa ATLLCGCSA ha presentado contra cada uno de los actos que el Govern ha llevado a cabo para cumplir la sentencia que anuló la adjudicación del contrato, y en las posteriores actuaciones para garantizar la continuidad de la prestación de un servicio esencial».
La última decisión en este sentido fue la interlocutoria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 5 de mayo que rechazó, «por falta de fundamento», la querella presentada el 27 de diciembre de «2018 por ATLLCGCSA contra el conseller de Territorio y Sostenibilidad y el director general de Patrimonio por prevaricación administrativa».
