Nuestro corresponsal en México Emiliano Rodríguez reflexiona sobre la situación de los servicios de agua en el país, los problemas de abastecimiento y las dificultades de financiación, así como de la necesidad de la colaboración público privada para garantizar un servicio de calidad a la población
Lo que sabemos sobre la percepción del servicio de agua potable en el país, aparte de las cifras oficiales, proviene de las encuestas realizadas por INEGI, en paralelo con sus encuestas nacionales sobre hogares, por encargo de CONAGUA y con el diseño y supervisión del Instituto Nacional de Ingeniería. Los datos arrojados señalan lo que de manera anecdótica sabíamos: los servicios de agua potable en el país no son buenos en su enorme mayoría y ciertas deficiencias son graves y muy evidentes.
El 95% de las viviendas cuentan con algún dispositivo de almacenamiento de agua y el promedio de dispositivos en las viviendas es de 1.7, lo que significa que la enorme mayoría cuentan con dos o más dispositivos de almacenamiento, lo que respalda el resultado de que menos de la mitad de las viviendas recibe agua a diario, aunque sea por horas. Los dispositivos de almacenamiento, cumplen una función reguladora para asegurar a las familias la disponiblidad de agua. Lo que por otro lado oculta la evidencia de continuidad del servicio durante las 24 horas del día en el caso de recibirlo diario. Datos de la primera encuesta arrojan que menos del 15% de la población recibe servicio en forma continua durante las 24 horas del día.
Pero la existencia de la regulación doméstica para la disponibilidad de agua, conlleva el cuestionamiento de su calidad, lo que se refleja en el consumo de agua embotellada en el 78% de las viviendas. El consumo de agua embotellada se da porque consideran en su enorme mayoría, que el agua embotellada no es riesgosa o porque no tiene sabor y olor. Contrario a lo que perciben en el servicio de agua seguramente.
El pago promedio del agua embotellada, por familia es de 180 pesos, en tanto que el pago promedio, por familia del servicio domiciliario de agua, es de 137 pesos. Y estamos hablando de volúmenes cuya comparación es ociosa. Pero lo peor para quienes se preocupan por el tema de tarifas, es que más del 60% de los encuestados consideran que se cobra más de lo que cuesta el servicio que se presta.
«Menos del 15% de la población recibe servicio de agua en forma continua durante las 24 horas del día»
A la luz de estos datos no podemos afirmar que los servicios en el país sean buenos, aunque en varias de las ciudades grandes, el servicio sea aceptable.
El sector de agua potable cuenta con una compleja situación que presenta el financiamiento de los servicios y que incluye:
- Falta de viabilidad financiera de la gran mayoría de los Organismos Operadores.
- Vertiente 1: Las leyes estatales proclaman la obligación de establecer tarifas que permitan la recuperación total de los costos. En la práctica las tarifas se sitúan aún por debajo de los costos reales. Los apoyos federales parecieran alentar esta situación, en lugar de inhibirla.
- Vertiente 2: Los bajos niveles de eficiencia de los Organismos Operadores contribuyen sustancialmente al déficit financiero.
Financiación insuficiente
El financiamiento del subsector se ha vuelto un tema crítico. La idea de que la tarifa tiene que ser la fuente primaria de recursos, omite la realidad institucional y administrativa de la mayoría de los organismos operadores, el contexto político en el que se determinan éstas, así como las condiciones de calidad de los propios servicios.
En términos generales, los resultados alcanzados por el país en materia de coberturas de agua potable y saneamiento son importantes. No obstante, son insuficientes. La cobertura universal demanda la revisión de lo que se ha hecho en la materia, incluyendo, la revisión puntual del arreglo institucional (formal e informal) que permita atender y resolver los problemas estructurales del subsector.
Es indudable que la participación privada podría tener un papel importante que jugar dado el importe tan alto que se requeriría para la cobertura universal. Pensar que los gobiernos municipales por su cuenta podrían hacerlo, sería absurdo, cuando se prevé con el nivel observado de los presupuestos oficiales, que los tres órdenes de gobierno juntos no tendrían la capacidad de enfrentarlo.
Sin embargo, las experiencias de participación privada se han visto muy restringidas en cuanto a la decisión de los concesionarios a participar con importantes inversiones, dadas las dificultades que se enfrentan para el manejo de tarifas y la falta de una regulación del sector que pudiera brindar seguridades a los posibles inversionistas.
Además las políticas observadas del actual gobierno federal y la gran mayoría que en los gobiernos locales se observa, a nivel de legislaturas estatales, de rechazo a lo que llaman genéricamente privatización del sector, cuando se menciona la posibilidad de participación público privada en la administración de los servicios, cierra en forma alarmante la posibilidad de avanzar seriamente en el mejoramiento de la calidad de los servicios en el país.
Debe aceptarse la necesidad de un sistema regulatorio que apoye la libertad de gestión que el organismo operador de servicios requiere para su óptimo funcionamiento, obtener recaudación esencial acorde con los costos de operación y evitar la insuficiencia presupuestal, eliminando subsidios tarifarios y estableciendo tarifas reales orientadas hacia la actividad laboral con base en planeación a corto, mediano y largo plazo y en cumplimiento de los mejores indicadores de gestión con resultados tangibles en la prestación de los servicios.
Contando con un buen sistema regulatorio para todos los operadores, sin deferencia de su institucionalidad, podría llegarse a la conclusión de que la participación privada, sería un beneficio al entrar en igualdad de circunstancias y su participación, podría incrementar las inversiones en el sector en beneficio de toda la población.
