Chile: la gobernanza del agua requiere una participación corresponsable alejada de dogmatismos

El Foro de la Economía del Agua ha celebrado su III Conversatorio sobre Agua en Chile en el que se ha abordado el papel de los usuarios y de la administración pública en la gestión del agua, con especial acento en el acceso al agua en el medio rural.

En el evento, en el que han colaborado la Universidad Adolfo Ibáñez, la Católica de Chile y la Universidad de Chile, además de la Universidad de Granada (España), se ha puesto el foco en la participación en la gestión del agua, especialmente de los usuarios de recursos hídricos, que cobra cada vez más importancia en la medida en que la dimensión ambiental del agua aumenta su peso.

En este III Conversatorio del Agua en Chile se han presentado experiencias de éxito de la participación ciudadana en los distintos sistemas administrativos, como el español o el norteamericano, prestando especial atención al caso chileno, con las organizaciones de usuarios del agua (OUAs). 

Todos los participantes han señalado la importancia de contar con herramientas participativas en las que la colaboración público-privada y las alianzas entre instituciones, empresas y administración permitan desarrollar y ejecutar las soluciones que entre todos se planteen para avanzar en seguridad hídrica, especialmente en Chile, donde el proceso constituyente conforma un momento esencial para encarar el futuro de la buena gobernanza del agua.

Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua, ha destacado la necesidad de apuntalar los pilares de transparencia y participación, que «no son un objetivo en sí mismos, sino que asientan las políticas públicas y fijan los mecanismos de rendición de cuentas» de los gestores.

Esta participación, según ha explicado Arana, consiste en el derecho a ser escuchado y a recibir una explicación motivada; pero la decisión y la responsabilidad corresponde a los representantes elegidos. «No hay que confundir la democracia directa de la democracia delegada, y en todo caso, hay que evitar dogmatismos que dañan servicios públicos esenciales como los relacionados con el agua, que deben estar lejos de la ideologización».

 “Gobierno, gestión y participación son las tres patas de la buena gobernanza”

Arana ha explicado que el agua tiene una enorme tradición participativa. Las Confederaciones Hidrográficas españolas son un ejemplo de ello, «porque allí se representan todos los usuarios y se facilita un punto de encuentro que favorece el acuerdo para una buena gobernanza». No obstante, también ha destacado la necesidad de mejorar estos mecanismos de participación para avanzar en la garantía de universalización del derecho al agua.

Vanessa Casado, profesora en la Facultad de Derecho de Texas A&M y profesora asociada de investigación en el Departamento de Economía Agrícola de Texas A&M, ha abogado por un derecho humano al agua proactivo y no reactivo. «Hay que anticiparse al problema, a la inseguridad hídrica, no usarlo como un arma sino como elemento inspirador de toda la regulación».

Para favorecer un buen sistema participativo ha apostado por una gestión integrada de las cuencas, por una visión que regule tanto la cantidad como la calidad de las masas de agua para todos los usos; y como elemento fundamental para esta buena gestión integral, en la que cabe la participación, ha señalado los registros nacionales de derechos de agua.

Solo con un buen registro de usuarios y cantidades asignadas se puede llevar a cabo una correcta planificación donde oferta y demanda forman parte de la toma de decisiones para avanzar en la gestión sostenible del agua, ha señalado.

Asimismo, Casado ha destacado que en EEUU se adolece de falta de integración en la gestión, pues «no hay una visión integral ni entre calidad-cantidad, ni en la conexión entre masas superficiales y subterráneas», y ha apuntado que Chile tiene el sistema de mercado de agua más robusto del continente americano porque, aún cuando hay una sequía pertinaz, han podido cubrir las necesidades de abastecimiento de la sociedad chilena.

Un servicio público esencial

Antonio Fanlo, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de La Rioja, ha explicado que en España la inclusión del derecho humano al agua en el Tratado de Naciones Unidas es un elemento excesivamente ideologizado porque «ya en 1869  se declararon públicas todas las aguas corrientes«, y ha destacado que el acceso al agua y al saneamiento debe entenderse como  «un derecho prestacional», al identificar nuestro ordenamiento jurídico que se trata de un derecho local, un servicio público esencial de prestación local obligatoria.

Y en este sentido, ha insistido que lo importante de los derechos humanos prestacionales es fijarse en cómo se asegura esa prestación, que en España se ha solucionado con la obligatoriedad de prestación a los entes locales.

Asimismo, Fanlo ha destacado que España, quizá por su irregularidad en el aporte de lluvias, configuró la participación de los usuarios en  la primera ley de aguas del mundo, en 1869, y esta ley ya incluyó como fórmula de aprovechamiento colectivo la experiencia de las comunidades de regantes.

«Ya en el siglo XIX se declaran públicas todas las aguas corrientes, se ordenan los usos y se establecen preferencias de unos usos sobre otros, sujetándose cualquier derecho privativo a concesión administrativa, al tiempo que se reconocen los aprovechamientos colectivos de agua para riegos».

Más allá de la realidad geográfica e hidrológica propia en España, Fanlo ha concluido que el derecho de aguas ha estado guiado por dos conceptos: el agua como vector de desarrollo socioeconómico hasta finales de siglo XX, y el agua como recurso natural con elevada dimensión ambiental.

La realidad hidrológica española es la irregularidad en los aportes pluviométricos. Ya en 1913 se promovió la estatalización de las obras hidráulicas y esa condición ha inspirado el modelo confederado. Es el antecedente a las Confederaciones de cuencas que permiten la colaboración inversora entre estado y usuarios; y de ahí surge el concepto de unidad de cuenca como unidad geográfica.

«Fuimos pioneros también en el principio de participación», una participación activa y contributiva en las obras hidráulicas que se desarrollan y que en España han sido definitorias de cómo lo serán en otros países donde la escasez va en aumento. «Sin infraestructuras la disponibilidad sería del orden del 9%», ha señalado.

Como remate, Fanlo ha insistido en que la participación para que sea productiva exige que los participantes compartan la responsabilidad económica de la gestión.

Gestión colaborativa público-privada

Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, ha destacado que la gestión del agua en Chile tiene que pasar por una gestión colaborativa público-privada, y ha señalado que «hay que buscar la fórmula para que los usuarios que poseen derechos de agua se integren en el proceso participativo de la gestión de los recursos hídricos».

Estos usuarios tienen que comprometerse y corresponsabilizarse en un uso sostenible del agua, tanto en calidad como en cantidad. Hay que buscar fuentes no convencionales para afrontar la escasez con la que amenaza el cambio climático a través de la buena gestión, la eficiencia, el desarrollo de infraestructuras, la desalación y la reutilización de agua regenerada.

«La función de los usuarios es trabajar en la sostenibilidad, hay que encontrar el equilibrio entre las tensiones sobre la demanda y la eficiencia», ha concluido.

El 84% de las regiones rurales chilenas consumen aguas no tratadas

Rocío Espinoza, directora de la Fundación Amulén, la Fundación del Agua en Chile, se ha centrado en la brecha del agua en las comunidades rurales chilenas, de las que un 84% consumen aguas no tratadas/no potables procedentes de pozos, ríos o camiones cisterna (aljibes).

Espinosa ha destacado que el acceso al agua incide directamente en la superación de la pobreza y afecta multidimensionalmente tanto a la salud de las comunidades, como al desarrollo económico, la educación o la equidad de género.

Ha afirmado que “las comunas con mayor carencia de agua potable son las que mantienen tasas de pobreza más altas, con un promedio por sobre el 80% de sus habitantes en segmentos D+E”.

Según datos de la Fundación Amulen las personas que carecen de agua potable se abastecen principalmente de pozos, ríos o esteros y camiones aljibes, representando estos últimos un gasto de 180.000 millones al Estado.

Además, ha añadido que las regiones rurales que se abastecen de fuentes informales pagan el agua más cara que allí donde cuentan con un sistema de abastecimiento y servicio de agua potable.

Los datos constatan las necesidades urgentes de inversión, especialmente en las zonas rurales.

Un 22% de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) han sufrido fallas o cortes no operacionales. «El fallo principal es operativo y se debe a la falta de recursos para inversiones y gastos asociados a su tarea», ha señalado.

Afirmación que ha ilustrado con el ejemplo de la región de Valparaíso, donde el 92% de la población rural atendida sufrió interrupciones en el suministro de agua en 2017. Arica-Parinacota y Atacama también sufrieron importantes cortes de suministro de agua, que aumentaron de aproximadamente el 30% en 2014 a más del 50% en 2017. Magallanes, también presenta un aumento importante en la población afectada, que alcanza más del 60% en 2017.

Jessica López, presidenta ejecutiva de ANDESS, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ha explicado que el sector sanitario urbano está compuesto por 59 empresas, 54 de ellas efectivamente en operación, que atienden áreas de concesión exclusivas en las 16 regiones del país, con cobertura a 5,7 millones de hogares a nivel nacional. Unos 17 millones de personas en 397 localidades, y que la cobertura urbana de agua potable en Chile llega al 99,9% (Fuente SISS), mientras que la de alcantarillado se acerca a 97%.

Además, se cuenta con una tarifa promedio muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que a pesar de ello ha permitido afrontar inversiones de 9.767 millones de dólares en los últimos 20 años: el 29% de la inversión se ha destinado al tratamiento de aguas servidas (saneamiento) y el 62% a la producción de agua potable y alcantarillado.

López ha hecho hincapié en la clara vocación sectorial de apostar por soluciones innovadoras basadas en la naturaleza que permitan a las ciudades ganar en resiliencia frente al impacto del cambio climático, así como sobre la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. Y ha puesto como ejemplo cómo los Mega estanques de Pirque, desarrollados por Aguas Andinas, permitieron garantizar el suministro de agua de calidad a todo el área metropolitana de Santiago de Chile pese al fenómeno de alta turbidez del río Maipo debido a las lluvias convectivas.

Este avance en resiliencia es uno de los principales desafíos del agua urbana en Chile, ha apuntado López, que aboga por invertir en las fuentes convencionales de agua (en calidad y cantidad) al tiempo que se buscan fuentes alternativas y se avanza en la interconexión hídrica y en una buena planificación de oferta y demanda para garantizar la seguridad hídrica a todos los chilenos.

Una seguridad que aún está lejos de alcanzarse en las regiones rurales donde el Estado ha incrementado las inversiones en los últimos años para paliar la brecha hídrica que lastra el desarrollo socioeconómico y personal de sus habitantes.

En este sentido, López ha resaltado que ante este escenario de escasez hídrica, cambio climático y pandemia, la inversión en agua potable rural aumentó significativamente en 2021, un 70% mayor al año anterior, alcanzando una cifra de M$ 246.591.697.

En cuanto a la participación de los usuarios en la definición del nuevo rumbo que inicia la gestión del agua en Chile, todos los ponentes han abogado por una participación corresponsable en el uso y en el pago de los servicios e infraestructuras del agua potable y saneamiento, para alejar así los recursos hídricos de la contaminación ideológica que a la larga lastraría la eficiencia y la sostenibilidad de su gestión.