El Ejecutivo ha duplicado el número de efectivos que vigilan el cumplimiento de la normativa fluvial y medioambiental en el Mar Menor, donde el año pasado se abrieron el doble de expedientes sancionadores por riegos irregulares y pozos ilegales
El Gobierno quiere evitar que la situación del Mar Menor continúe degradándose. Y quiere acompañar a la Región de Murcia en sus planes para salvarlo. Tras un 2019 en el que se duplicaron los expendientes sancionadores por riegos irregulares -se ha pasado de 92 a 207 informes-, la secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha duplicado el número de efectivos que vigilan el cumplimiento de la normativa fluvial y medioambiental en el dominio público hidráulico de la cuenca del Segura. Esta es la medida más inmediata de un plan actualizado para el Mar Menor que incluye actuaciones urgentes, pero también otras estructurales como la preparación de un programa verde integrado para restaurar los ecosistemas.
Las nuevas actuaciones actualizan el Plan de Protección del Borde Litoral presentado en octubre pasado por el ministerio de Transición Ecológica. El documento destaca que se han reforzado los efectivos de apoyo a los agentes medioambientales y a la policía fluvial para vigilar y controlar el dominio público hidráulico. Además, en toda la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha reforzado el personal para intensificar la inspección de las superficies de riego, los pozos y las desaladoras.
Este equipo inspeccionará la zona en apoyo de los agentes medioambientales (AMAs) y los guardas fluviales. En total, actuarán dos grupos de trabajo, uno en desalobradoras y pozos ilegales y el segundo en superficies de riego ilegal. Según el Ministerio, ya se ha inspeccionado la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, con 3.000 hectáreas y se está inspeccionando ahora la cota 120 del Campo de Cartagena, que cuenta con una superficie de 11.100 hectáreas.
A parte de los expedientes por pozos ilegales, las sanciones se han multiplicado también por el uso de desalobradoras y por vertidos de agua residual. En lo referente a las desalobradoras sin autorización en el Campo de Cartagena, se están realizando inspecciones al menos dos días por semana con una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Esta operación ha motivado la apertura de un total de 93 expedientes por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor a final de 2019, casi el doble que el año anterior.
Por otro lado se han abierto 135 expedientes en 2019 por vertidos contaminantes de aguas residuales. Además, se han remitido 81 expedientes por un total de 1.206,78 hectáreas denunciadas por uso privativo de aguas sin autorización.
Un programa verde integrado
Por otro lado, la secretaría de Estado está trabajando en la preparación de un programa verde integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor, que «ordena, selecciona y prioriza» las propuestas del plan de eliminación de vertidos a esa laguna salada.
Esa actuación es paralela a la ejecución de las medidas identificadas como urgentes y de proyectos que aporten soluciones estructurales y su presupuesto, de forma que se garantice su viabilidad y el compromiso con la recuperación de la laguna salada, única por su alto valor ecológico.
En resumen, el Plan de Protección del Borde Litoral del Mar Menor, redactado por el Centro de Estudios de Puertos y Costas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), contempla actuaciones de adaptación como la reconsideración de la línea de deslinde o del tratamiento de las golas (canales de comunicación con el Mediterráneo). El documento prevé asimismo acciones en el perímetro litoral sobre las causas de degradación.
Entre las acciones propuestas, el plan da especial prioridad a la detección de posibles proyectos de restauración de ecosistemas litorales del Mar Menor que contribuyan a su resiliencia y capacidad de autodepuración. Ahora, el documento debe ser sometido de inmediato a consultas con los grupos de expertos que hacen el seguimiento del estado de la laguna y se remitirá al Gobierno de Murcia y a las corporaciones locales afectadas.
