El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta finales del mes de septiembre de la garantía de protección por el impago de suministros básicos como el agua, el gas y la electricidad, impidiendo el corte de los mismos en los hogares, una medida que habría finalizado el 21 de julio
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de varias medidas de contenido social puestas en marcha a raíz de la expansión del coronavirus. Es el caso de la garantía de protección por el impago de suministros básicos como el agua, la electricidad y el gas, impidiendo el corte de los mismos en los hogares. El objetivo, según el Gobierno, es minimizar el impacto económico que la pandemia ha tenido en los colectivos más vulnerables. También se extiende la moratoria de hipotecas y alquileres.
Estas medidas, que habrían finalizado el 21 de julio -un mes después del fin del Estado de alarma-, se amplían hasta el 30 de septiembre.
A efectos de homogeneizar el conjunto de medidas del «escudo social», el Gobierno también prevé ampliar el periodo de percepción del bono social para suministros básicos hasta el 30 de septiembre.
Actualmente tienen acceso al bono social en torno a 1,3 millones de hogares por criterios de renta, familias numerosas y monoparentales, pensionistas con pensión mínima, personas con discapacitados a su cargo y víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
Un sector comprometido
El sector del agua se ha convertido en un ejemplo tanto de competencia para salvaguardar la salud de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, como de buen hacer para garantizar la continuidad de un servicio que, si bien siempre es esencial, en tiempos de pandemia ha sido fundamental.
Garantizar el suministro de agua potable fue una de las encomiendas principales que recogió el Real Decreto de Estado de Alarma, como sector estratégico ante la crisis humanitaria y económica provocada por la evolución de laCOVID-19. Y todas las empresas establecieron los mecanismos necesarios para garantizar el abastecimiento, el saneamiento y la depuración a toda la ciudadanía en el peor de los escenarios.Precisamente por su condición de servicio público esencial, el sector ejecutó también acciones para incrementar los mecanismos habituales que garanticen la prestación universal del servicio y la solidaridad en todos los aspectos.
Si bien el 17 de marzo, el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció la prohibición durante un mes, prorrogable, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, el posterior Real Decreto de 31 de marzo eliminó la condición de vulnerabilidad para extender la prohibición de corte de suministro a cualquier persona.
Durante el Estado de alarma el consumo de agua ha caído en torno a un 15% debido al cerrojazo de la actividad industrial y la caída del turismo. A esta bajada del consumo hay que unir los impagos que, como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19, se han incrementado un 50% pasando del 3,5% al 5,5%.
Esta situación, como puso de manifiesto el sector en la reciente presentación del informe “El sector del ciclo urbano del agua como vetor de recuperación sostenible tras la crisis del COVID-19″ elaborado por la consultora PWC, pone en riesgo el modelo ya que el equilibrio económico es una condición ineludible para la correcta prestación de este servicio esencial, tal y como refleja la Directiva del Marco del Agua de la Unión Europea.
