Tras la declaración de la Confederación Hidrográfica, el Gobierno de España deberá aprobar un Real Decreto que recoja medidas para evitar que la cuenca del Guadalquivir entre en situación límite



A pesar de los vientos ábregos que han traído precipitaciones el pasado fin de semana a Sevilla, Jaén o Córdoba, la situación de la cuenca del Guadalquivir es de grave escasez. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declaraba este martes la situación excepcional de sequía extraordinaria y la activación del Protocolo de acuerdo al Plan especial de Sequía, tomándose las medidas de restricción de suministro que todo ello conlleva.
En concreto, la declaración del estado de sequía afecta a «gran parte de la cuenca», incluyendo entre otros el sistema de regulación general, que supone el 70% de los embalses.
El Sistema de Regulación General, del que dependen en gran medida los regadíos andaluces, se encuentra actualmente a tan solo un 21% de capacidad. Es decir, de 5.721 hm3, tan solo hay 1.201 hm3 de agua. En datos generales, la cuenca del Guadalquivir tiene 8.115,355 hm3 de capacidad. Solo un 26,16% (2.122,575 hm3) está lleno. Según la media de los últimos diez años, la cuenca debería superar el 50% de su capacidad.
Entre las primeras medidas que se ordenarán con el decreto de sequía está la reserva de 400 hectómetros cúbicos de agua para el abastecimiento humano, según ha detallado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La última vez que se activó el decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir fue en 2008, y sirvió para interrumpir de manera casi absoluta el riego a través de los embalses, así como la reducción del gasto manera muy importante por parte de los ayuntamientos.
La declaración es el paso previo para que la Junta de Gobierno de la CHG solicite al Gobierno de España la aprobación de sendos decretos de sequía. Los decretos de sequía engloban por un lado la regulación de las condiciones de la utilización del dominio público hidráulico para la mejor superación del período de sequía, y por otro, un Real Decreto-Ley con la aprobación de las medidas fiscales y económicas compensatorias para paliar los efectos socioeconómicos, que las restricciones impuestas están suponiendo.
En localidades como Lucena, en Córdoba, ya se han dejado de baldear las calles y se riega menos los parques y jardines. La comarca malagueña de la Axarquía ha dejado sus pozos sin agua. Y en el norte de Córdoba, cuyo ganado depende del embalse de Sierra Boyera, poca agua queda para que beban los animales. De ahí que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya haya autorizado a los ganaderos a buscar pozos.
