El déficit tarifario que arrastra históricamente el agua urbana se ve ahora agravado por el contexto inflacionista global que marca los precios industriales más altos de los últimos 29 años, un encarecimiento que desequilibra los contratos de prestación de servicios
El precio medio del agua para uso doméstico en España es de apenas 1,90 €/m³. La factura de este servicio básico supone sólo el 0,90% del presupuesto medio familiar, muy por debajo del 3% marcado por la ONU para abastecimiento como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua. De hecho, en España, con un céntimo de euro, un ciudadano dispone de 5 litros de agua potable, incluyendo tanto el servicio de abastecimiento como el de saneamiento.
Estos precios están muy lejos cubrir el coste de los servicios, así como de cumplir con las exigencias marcadas por el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua (DMA).
La tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio.
Por todo ello, el sector del agua urbana considera imprescindible establecer una estructura tarifaria clara, transparente y fácilmente comprensible para el ciudadano, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo.
Un déficit tarifario agravado por la inflación
Este déficit tarifario que arrastra históricamente el agua urbana se ve ahora agravado por el contexto inflacionista global, que ya se está dejando sentir en la economía nacional e internacional, lastrando en muchos ámbitos la recuperación post-pandemia.
El índice de precios industriales cerró septiembre en 5,7 puntos por encima de agosto, la tasa más alta desde diciembre de 1977, subida que se traduce en un ascenso interanual del 23,6%, con incrementos en todos los sectores, siendo especialmente significativo el sector de la energía, cuya tasa se elevó un 14,1% mensual y un 58,8% interanual.
Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística señalan que es el mayor incremento energético desde que se comenzó a medir este sector, en 1976. Pero es que, aún dejando fuera la energía, el aumento interanual hubiese sido del 8,8%, la tasa más alta, entonces, desde enero de 1985.
Todo ello afecta de manera clara a las operadoras el ciclo integral del agua, para las que, independientemente de su condición de públicas, privadas o mixtas, el coste energético es, después del personal, la segunda partida más importante en sus costes de explotación, con un consumo energético medio de 0,95 KWh/m³ por cada mil litros de agua tratada.
Según el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena, si bien es cierto que las operadoras del agua urbana han avanzado mucho en la eficiencia energética, e incluso algunas de sus plantas son autosuficientes energéticamente hablando, esta subida de los costes industriales en general y energéticos en particular ya está ocasionando un desequilibrio económico en los contratos de prestación de servicios.
En este sentido ha anunciado que el sector está analizando y realizando un informe que se presentará a las Administraciones Públicas para poner de manifiesto el impacto que esta corriente inflacionista está teniendo en el sector del agua urbana.
El objetivo es analizar los supuestos que recoge la propia Ley de Contratos del Estado para que este excepcional sobrecoste se corrija y se pueda actualizar este reconocimiento de costes, que impacta directamente en el servicio, explica Marchena.
Y añade que la Ley contempla, bien la revisión de las condiciones, bien la ampliación de los contratos de concesión por esta coyuntura excepcional, ya que de otro modo el encarecimiento de las materias primas, que en el caso de los productos químicos han subido un 70%, la energía y los combustibles tendrían que trasladarse vía tarifa o vía subvención.
Según el XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento 2020, elaborado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en España la media de consumo energético por cada 1.000 litros de agua se ha reducido ligeramente hasta los 0,95 KWh/m³.
El aprovechamiento energético producido por el sector, o lo que es lo mismo, la generación de energía verde y renovable por parte de los servicios de agua urbana, ha subido respecto al anterior Estudio Nacional y se sitúa en torno a los 611 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un año a una población de unos 185.000 habitantes.
El 69% de los operadores de los servicios de agua urbana cuenta con dispositivos de aprovechamiento energético, lo que supone, en términos generales, el 49% del consumo total de energía del operador, del cual el 61% se destina a autoconsumo y el 39% se vierte a la red.
Recuperación de costes
Todo este contexto no hace sino agravar el déficit tarifario del agua en España, que debe progresar en al menos dos principios básicos y obligatorios que establece la Directiva Marco del Agua: la recuperación de costes y la adecuada contribución del usuario en los servicios de agua potable y saneamiento.
Un incumplimiento sistemático por parte de España por el que ya hemos sido apercibidos por la Comisión Europea y que podría acarrear sanciones económicas de no corregirlo.
De hecho, desde hace años el sector del agua urbana viene reclamando la urgencia de realizar un esfuerzo inversor sostenido en infraestructuras, ya que actualmente la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario.
Todo ello parece abocarnos a una subida contenida del precio del agua que permita, al menos, dar cumplimiento a las directivas europeas. Una subida que no hay que confundir con la que experimentan los recibos de este servicio esencial, que de manera habitual son utilizados (casi en un 50% de media, aunque en Barcelona ese porcentaje puede llegar hasta el 78,2%) para el cobro de conceptos destinados a las Administraciones Públicas (ej. tasas e impuestos).
Así, esta semana hemos visto como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) decidía encarecer el recibo del agua para 2022, que no la tarifa por el agua urbana, con un incremento medio del 3%, aunque puede llegar hasta el 5,1%, de la tasa de tratamiento de residuos municipales (TMTR), lo que significa que a partir del año que viene habrá un encarecimiento de la factura del agua que podría ir de 15 a 30 céntimos por cada factura.
Una factura llena de conceptos ajenos al consumo agua
La tasa metropolitana de tratamiento de residuos (TMTR) es uno de los muchos conceptos que se pueden encontrar en la factura del agua, y que son totalmente ajenos al suministro del recurso.
Así, en el caso de la ciudad de Barcelona puede apreciarse como hasta un 78,2% de lo que pagan los ciudadanos a través de la factura se corresponde a conceptos destinados a las Administraciones Públicas, destinándose tan solo el 21,8% a la operadora del servicio: Aigües de Barcelona.
Una decisión que contó con la oposición del PP y Barcelona pel Canvi, y con la que desde el AMB pretenden trasladar al ciudadano el incremento de los costes operacionales que tiene prestar diversos servicios municipales, según aseguraban fuentes del AMB.
Sin embargo, en el sector del agua urbana no deja de sorprender que puedan aprobarse -incluso con cierto consenso- subidas de tasas incorporadas en las facturas del agua -como esta TMTR- aduciendo a sobrecostes operacionales, pero que cuando se hable de actualizar los servicios de suministro y se mencionen esos mismos costes -ligados, estos sí, a tareas como la potabilización, distribución o el saneamiento del agua urbana- haya una frontal oposición.
Oposición a cumplir con la legislación europea (principio de recuperación de costes y adecuada contribución del usuario en los servicios de agua potable) por parte de algunos municipios que resulta absolutamente incomprensible más aun después de las reiteradas advertencias y sanciones que ha impuesto Bruselas con el saneamiento: quien no cumple, paga.
