Cómo avanzar en infraestructura hídrica sostenible en Latinoamérica

El diseño adecuado de las infraestructuras es crucial para la seguridad hídrica, la protección frente a eventos extremos y para garantizar la adecuada calidad de las aguas. Ello implica el respeto a los objetivos ambientales y el aseguramiento de su mantenimiento.

Sin embargo, para lograr este nivel es necesario invertir grandes cifras, con presupuestos que deben ser planificados considerando la gestión integrada de los recursos hídricos y el principio de quien contamina paga. Dado el nivel de inversiones, la situación se vuelve compleja para los países, por lo que la quinta y última jornada de la Semana Medioambiental Iberoamericana, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estuvo centrada en la sostenibilidad de las infraestructuras hídricas, analizando los casos de Argentina, Bolivia y Paraguay.

Agustín Alonso, ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del CAF, conversó con Adriano Álvaro Borús, presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) de Argentina; Oscar Reynaldo Meave Silva, coordinador de la Unidad Técnica de Presas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, y con Hugo Ramón Ruiz Fleitas, director general de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay.

Argentina: presas concesionadas y provinciales

Adriano Álvaro Borús, presidente del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) de Argentina, comentó la situación de las presas argentinas, las condiciones de seguridad que presentan y su sostenibilidad en el tiempo. Para ello, mencionó la evolución histórica de estas infraestructuras, dando cuenta que la mayor cantidad se construyó entre los años 40 y 80, debido a la actuación conjunta entre empresas Agua y Energía Eléctrica del Estado Nacional e Hidronor, de manera tal que la generación hidroeléctrica llegó a cubrir el 50% de la demanda, lo que no se pudo mantener durante los años siguientes. “Dejaron de construirse presas y la demanda aumentó”, precisó Adriano Álvaro Borús.

En 1996, el gobierno liquidó ambas empresas y el Estado nacional mantuvo el control de 31 aprovechamientos hidroeléctricos, que fueron concesionados a empresas privadas y cuya seguridad es controlada por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). Alrededor de 150 presas pasaron a jurisdicción de provincias, las que tienen el dominio de sus recursos naturales a partir de 1994.

“En esta transferencia de dominio no se incluyeron los recursos humanos y económicos para brindar un adecuado mantenimiento y conservación a estas infraestructuras”, precisó el profesional, por lo que esta situación generó dos escenarios muy diferentes en cuanto a las condiciones de seguridad de las estructuras. De esta manera, los aprovechamientos concesionados por el Estado nacional cuentan con operadores privados que trabajan con rutinas de mantenimiento, seguridad y vigilancia de las presas, que permiten el cumplimiento de las normas de seguridad internacionales. En tanto, “las presas que pasaron a las provincias han tenido una suerte completamente diferente, con condiciones de conservación muy dispar, dependiendo de los recursos y de las decisiones políticas de cada jurisdicción, es normal que no cuenten con programas de aplicación sistemática de seguridad en presas ni siquiera de mantenimiento”, advirtió.

A partir de un diagnóstico del ORSEP sobre las presas provinciales, “como norma general, se presencia la falta absoluta de mantenimiento, ausencia de vigilancia, no existen dispositivos de auscultación, para conocer el comportamiento de la presa ante distintas situaciones de crecidas o niveles de embalses, y en algunos casos hay componentes vinculados a la seguridad fuera de servicio”.

Por ello, el organismo generó recomendaciones de medidas estructurales y no estructurales para restablecer las condiciones de seguridad, por lo menos las originales de la etapa de diseño de las obras y, en lo posible, acercarlas a las condiciones actuales en materia de seguridad que sí se aplican en las presas concesionadas por el Estado nacional.

Para regular esta situación, es necesario contar con un marco regulatorio que permita extender las medidas de seguridad de las presas concesionadas a todas las del país. “Nuestro país no cuenta con una ley de seguridad de presas que logre este cometido, por lo que el ORSEP viene bregando por esta ley, que permita generalizar la implementación de prácticas más actualizadas y consagradas por la experiencia mundial”, especificó el ejecutivo.

Este proyecto de ley también contempla la creación de un registro nacional de presas, tratando de compilar toda la información que pueda obtenerse para un mayor conocimiento de las presas y poder clasificarlas por riesgo. Asimismo, contempla la creación de un fondo de financiamiento destinado a trabajos de rehabilitación y recuperación de presas, sobre todo las provinciales, de aquellas provincias que adhieran a la ley, dado que será una ley por adhesión.

Bolivia: proyectos multipropósito

El ingeniero Oscar Meave Silva, coordinador de la Unidad Técnica de Presas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, se refirió a las acciones del gobierno boliviano para establecer un marco regulatorio en temática de seguridad de presas.

Meave afirmó que, en la actualidad, están abocados a crear esquemas de trabajo más sistemáticos y mejor ordenados para abordar proyectos de uso múltiple. Para ello, en 2015, con el apoyo de la cooperación alemana GIZ, estudiaron las condiciones de los proyectos multipropósito para desarrollar un esquema de trabajo más esquemático para el abordaje de estas iniciativas. Con ello, se creó el programa Nexo, a través del cual se ha preparado un documento con identificación de criterios para este tipo de proyectos, así como una guía para la formulación de ellos.

Hoy, existe una serie de proyectos multipropósitos en funcionamiento, como la presa Misicuni, construida recientemente con una capacidad de 180 Hm3, para generación hidroeléctrica, riego y agua potable.

Como parte del análisis de los factores de sostenibilidad de los proyectos, se ha desarrollado una lista sistematizada, para verificar punto por punto cuáles son los factores a atender con mayor cuidado, como el nivel de la demanda, la planificación territorial y la estabilidad geotécnica, debido a las tasas de erosión y de sedimentación, que se presenta con una verdadera problemática.

Actualmente, en Bolivia “se tiene poco avance en cuanto a los aspectos de planificación hídrica, tenemos solamente 14 cuencas, en las cuales se viene desarrollando un proceso de gestión integrada de recursos hídricos, a través de los planes directores de cuencas, también en las ciudades principales se han desarrollado planes maestros de abastecimiento de agua potable y eso debe venir acompañado de planes específicos para eventos extremos”, señaló.

A ello se suma que hay muchos casos de presas con mal mantenimiento y falta de acciones para solucionar problemas de sedimentación. Y también hay una gran preocupación de la sociedad civil que ve que la duración de algunas presas solo llega a los 15 años, “lo que surge de un mal enfoque, mal abordaje, al momento de seleccionar los sitios, los esquemas de los proyectos, lo que estamos tratando de analizar y abordar a través de los diferentes programas”, especificó.

Por ello, se han abocado a hacer una lista de las causas del desabastecimiento de los embalses, y muchos de ellos son debido a problemas de causas naturales, en tanto que en otros hay una inadecuada gestión del recurso hídrico, y por último, problemas estructurales en las propias obras. “Pero el problema principal en Bolivia es el de la sedimentación, con excesivo ingreso y acumulación de sedimentos en el vaso de almacenamiento, lo que fue subestimado en la etapa de preinversión o se ha contado con malos planes de mantención”, explicó Oscar Meave Silva.

Pese a ello, existen casos exitosos, como la presa Tacagua, en el Departamento de Oruro, que está en operación desde 1960 y es el segundo sistema de riesgo más importante que se construyó en esa época. Esta ha llegado a tener una sedimentación cercana al 50% de su capacidad y se tienen que analizar medidas de solución, dado que brinda un gran beneficio a la región. A este ejemplo, se suma la presa Huacata, construida en la década de los 90 y concluida en 2004, que es alimentada por una fuente de agua a través de un trasvase ubicado a poco más de 4 km en otra cuenca.

Paraguay: avances en las brechas

Hugo Ruiz Fleitas, director general de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay se refirió a las medidas adoptadas para reducir las brechas en cuanto a la prestación de los servicios.

Paraguay es un país muy rico en disponibilidad de agua, ya sea aguas superficiales o subterráneas, así como en precipitaciones. Sin embargo, está bajo un período de sequía extraordinaria, que afecta los recursos hídricos.

Ruiz contó que tienen categorías de servicios: los concesionarios (más de 2.000 conexiones), de los cuales hay uno solo: sociedad anónima del Estado; y permisionarios (menos de 2.000 conexiones), que llegan a más de 5.500, los que en su mayoría son comunitarios.

Paraguay ha alcanzado en agua potable por redes el 79% de cobertura a nivel nacional, pero “lo que refleja la brecha que existe es en redes de alcantarillado sanitario y en tratamiento de los efluentes”, de acuerdo con Ruiz. Por ello, han avanzado en obras que datan de la década anterior, como plantas de tratamiento, efluentes en Asunción y el área metropolitana, además de la habilitación reciente de un acueducto del Chaco Central en la región occidental del país, que lleva agua desde el río Paraguay hasta el corazón del Chaco a 200 km. Desde ahí, se realiza la distribución a 70.000 personas, de las cuales el 40% corresponde a comunidades indígenas.

Han iniciado una serie de proyectos para ampliar la cobertura en distintas áreas del país, con un nivel de inversión ya aprobado por los financiadores que alcanza los 600 millones de dólares y comprende el mejoramiento del sistema de agua, plantas de tratamiento de agua potable, redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes.

Con ello, pretenden alcanzar el 25,8% de cobertura en redes de alcantarillado sanitario, y el 22,16% de cobertura en plantas de tratamiento de aguas residuales. Se espera que las obras puedan comenzar en 2022. A ellas se suman obras que aún no cuentan con inversión aprobada y otras que están en estudio de preinversión.

“Con este escenario presentado, siguiendo los lineamientos de los ODS 6, el plan nacional de agua potable y saneamiento de Paraguay, refleja el plan nacional de desarrollo y también busca el cumplimiento de los ODS 6 para el año 2030”, afirma Ruiz, pero reconoce que los niveles de inversión son sumamente importantes y requieren un fortalecimiento del sector para poder gestionar adecuadamente los recursos.

Si bien la necesidad de recursos para financiamiento siempre constituye uno de los recursos clave para poder avanzar en los objetivos que se proponen, ellos avanzan enfocados en la sostenibilidad de los proyectos, centrados en ejes como adquisiciones sostenibles, economía circular, eficiencia energética y transformación digital.