Según un informe de Seopan, la salida de la crisis pandémica y la expectativa ante la llegada de los fondos europeos ha insuflado energía al gasto e inversión pública en materia hídrica
La inminente llegada de los Fondos Europeos de reconstrucción y el acusado déficit de inversiones en infraestructuras en España, que suponía un aumento de la exposición al riesgo de impacto por el cambio climático, ha dinamizado la licitación pública, que ha crecido un 73% en el primer cuatrimestre, superando los 6.700 millones de euros
Según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) aumenta en gran medida el gasto en ferrocarriles (254,6%), puertos (194,2%), presas y embalses (1.738,4%) y depuradoras y desaladoras (365,5%).
Respecto a lo licitado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, casi 300 millones de euros, un 4,5% del presupuesto, destaca la subida de la licitación en las Confederaciones Hidrográficas (849,6%), las Sociedades Estatales del Agua (7.875,6%) o el Departamento General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (19.346,2%).
Semana decisiva para el “Plan España Puede”
España afronta una semana decisiva para la consolidación y ejecutabilidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española («PRTR») Plan “España Puede”. El Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin), que se celebra este viernes 18 de junio, podría empezar a debatir y aprobar los primeros planes de reconstrucción.
Sin embargo, la premura en los plazos y la complejidad de los planes presentados por cada Estado Miembro podría retrasar este debate. En cualquier caso, sí se espera para esta semana la evaluación del Ejecutivo comunitario del Plan España Puede, que el presidente del Gobierno presentó el pasado 7 de octubre, y que fue remitido a la Comisión Europea el 30 de abril.
La licitación pública que ha crecido un 73% en el primer cuatrimestre de 2021, superando los 6.700 millones de euros
Según el Plan “España Puede”, las necesidades de inversión pública en España en los próximos tres años se estiman en un 6% del PIB al año, para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE .
El Plan contempla una inversión pública de hasta 140.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, capaces de movilizar importantes recursos privados y aumentar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%.
La concentración de las medidas en aquellos ámbitos estratégicos de futuro tiene por objeto lograr la reducción del desempleo estructural, el aumento de la inversión productiva, una mayor creación y crecimiento de las empresas, la aceleración de los procesos de reorganización empresarial y desarrollo de redes, la difusión tecnológica, el impulso de la formación del capital humano, la generación y transferencia de conocimiento al proceso productivo, la mejora de la distribución de la renta, reduciendo las barreras de entrada en el mercado de empresas innovadoras y permitiendo un aumento de la productividad de los factores clave para la prosperidad futura.
En este sentido, la inversión “verde” representa un 37% del total, seguida de la digitalización, con un 33%. El Plan, diseñado para los próximos tres años, se estructura en torno a las cuatro transformaciones que el gobierno ha situado en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Lo cierto es que, si bien el agua tiene un rol vital de cara a la transición ecológica que soporta como un pilar básico la reconstrucción, en el Plan de oportunidades de España para salir de la crisis, la inversión prevista apenas llega al 1,2% de los 140.000 millones de euros con los que el país contará para la reconstrucción nacional de la economía, asolada por el paso de la pandemia de la COVID-19.Los 1.700 millones de euros para invertir en el ciclo integral del agua español se reparten en tres ejes estratégicos. 800 millones de euros se destinarán en los próximos años a la recuperación y restauración fluvial, para devolver la salud a nuestros ríos y acuíferos, de los que más del 40% presentan un mal estado de calidad, y para prevenir el riesgo de crecidas e inundaciones, que serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático, según los modelos de proyección meteorológica.
El saneamiento es la segunda línea de inversiones para la reconstrucción del agua. Serán 650 millones de euros con los que el Gobierno quiere dar carpetazo a la asignatura pendiente de la depuración. Con especial atención y apoyo a los municipios de menos de 5.000 habitantes equivalentes.
Constructoras e ingenierías priorizan 360 medidas con una dotación de 5.207 millones de euros en inversión hidráulica
La última partida destinada a la reconstrucción hídrica será la que financie el Plan Nacional de Digitalización de la Administración del agua. 250 millones de euros para anticiparse a las necesidades de información y transparencia que introduce la nueva directiva europea de calidad del agua para uso humano y el registro electrónico de derechos de agua que controle dónde va cada gota que extraen los 500.000 aprovechamientos de agua que hay en España.
Inversiones que se quedan cortas a tenor del informe elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) y TECNIBERIA, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, que han propuesto realizar 2.277 actuaciones concretas, que representan 100.428 Millones de Euros (M€) de inversión, a financiarse con los fondos Next Generation, un 12,7% mediante subvenciones y un 87,3% mediante financiación privada, logrando así un efecto multiplicador de casi 7 euros de financiación privada invertidos por cada euro de subvención del NG-EU.
Un Plan que probablemente será objeto de debate en la reunión que las grandes constructoras mantendrán con el Secretado de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este viernes 18 de junio, coincidiendo con la celebración del Ecofin .
La colaboración público-privada tendrá un efecto multiplicador de casi 7 euros de financiación privada invertidos por cada euro de subvención de los fondos europeos de reconstrucción
El Plan de depuración de aguas, por su parte, movilizaría 3.810 M€ para realizar las inversiones en agua y redes de saneamiento necesarias, con el fin de cumplir con las Directivas Europeas y mejorar la calidad ambiental del agua, lo que beneficiaría a cerca de dos millones de personas.
El Plan de prevención de avenidas propuesto incluye la construcción de presas para la protección frente a avenidas, que obtiene el ratio coste-beneficio más elevado de todas las tipologías de infraestructuras analizadas, por la reducción de daños económicos a la población, y otras medidas de prevención como encauzamientos o contención, con una inversión, en total, de 1.397 M€.
Depuración y saneamiento
Las actuaciones que se proponen desde Seopan y Tecniberia para depuración y saneamiento están comprendidas en la política tractora número 2 del PRTR de España, Infraestructuras y ecosistemas resilientes, constituyendo medios para alcanzar los objetivos de preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
Asimismo, están en línea con las Recomendaciones del Consejo, en el marco del Semestre Europeo, y contribuirán a dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS6) de Naciones Unidas, consistente en “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Para las constructoras es necesario impulsar la real ejecución de esas inversiones intentando aprovechar la oportunidad que se presenta con los Fondos Europeos NG-UE para la recuperación, cuyos principios y objetivos incluyen la gestión del agua y la protección de la biodiversidad.
En el caso de España, en los últimos años, numerosas actuaciones cuya ejecución estaba prevista no se han llegado a realizar.
La escasez de inversiones en infraestructuras durante la crisis ha tenido su reflejo también en este tipo de infraestructuras. Ese retraso inversor ha tenido consecuencias visibles, como las multas de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva 97/271, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Pero hay otras menos visibles que tienen que ver con el deterioro de los ecosistemas. Ello, unido a que la construcción y puesta en servicio de las depuradoras pueden generar un importante retorno económico y creación de empleo, abogan por su aceleración.
En este macroproyecto propuesto por constructoras e ingenierías se incluyen 213 actuaciones por un valor total de 3.810 M€, que beneficiaría de forma directa a una población de 2.099.794 habitantes.
Estas actuaciones comprenden tanto la construcción, ampliación y mejoras de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) como de actuaciones de abastecimiento, conducciones y actuaciones de reutilización, en fase iniciada de planificación, siendo tanto básicas (es decir, de ejecución obligatoria marcada por una directiva europea) como no básicas.
Según el análisis de coste beneficio que recoge el informe de Seopan para estas inversiones se obtendría un retorno de la mejora de la calidad ambiental de las aguas cuantificado en 25 euros per cápita y generaría 53.335 empleos.
Colaboración público-privada, un multiplicador de los fondos UE
El mismo informe destaca que la mayoría de las actuaciones que integran este macroproyecto son susceptibles de financiación por el sector privado, multiplicando así el efecto de los fondos europeos obtenidos.
En este sentido, proponen que la inversión podría estructurarse mediante una concesión a un agente privado para la realización del proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de tiempo suficiente (20 años) y con una aportación de la Administración en forma de subvención (un porcentaje reducido de la inversión a realizar, estimado del 5%).
Con esta fórmula la administración no solo podrá multiplicar el potencial de los fondos europeos y logrará acometer más proyectos de interés para el país, sino también podrá aprovecharse de los beneficios inherentes a las concesiones de obra y servicios como la traslación de riesgos al sector privado, aprovecharse de la capacidad gestora de este, ajustarse a plazos y costes, laminar el coste en varios ejercicios, etc.
Suponiendo que la totalidad de las actuaciones de depuración y el 20% de las de abastecimiento y conducciones sean susceptibles de acometerse por concesión, el impacto en los fondos de este macroproyecto sería de 470 M€ en lugar de los 3.810 M€ inicialmente previstos.
Aunque actualmente muchas actuaciones de depuración y saneamiento no tienen proyectos de construcción cerrados, la elaboración de los mismos podría ser ágil, pudiendo la mayoría de ellos estar listos para finales de 2021, debiendo estar todos concluidos para mediados de 2022.
La licitación de las actuaciones podría, por lo tanto, iniciarse a mediados de 2021, prolongándose como mucho hasta finales de 2022. Las adjudicaciones deberían iniciarse a principios de 2022 y adjudicarse el 70% antes de finales de dicho año y el resto durante el año 2023.
Las obras deberían ejecutarse desde la segunda mitad de 2022 hasta finales de 2026.
Prevención de inundaciones y avenidas
Las inundaciones son, junto a las sequías, los fenómenos naturales de mayor trascendencia socioeconómica a nivel mundial.
En el caso particular de España, las inundaciones son la catástrofe natural que mayores daños genera, atendiendo a datos disponibles en el Ministerio de Transición Ecológica y en la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBERIA.
Según datos procedentes de estudios y estimaciones realizadas por el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, las pérdidas provocadas por este fenómeno en el periodo 1987-2002 ascendieron a 12.000 millones de euros, y 25 muertes de media anual, previéndose hasta el año 2033 pérdidas superiores a los 800 millones de euros de media anual en daños.
Así, puede destacarse, según las estadísticas del Consorcio, que sólo en bienes asegurados, en el período 1971-2016, casi el 50% de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, llegando a ser casi el 65% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen cerca de 130 M€ cada año.
En el macroproyecto esbozado por Seopan se incluyen 147 actuaciones por un valor total de 1.397 millones de euros, con un impacto positivo en la creación de empleo, rentabilidad económico-social y retorno fiscal.
La construcción de presas para la protección frente a avenidas supondría una reducción de los daños económicos del 43% y de la población afectada del 65%
La construcción de presas para la protección frente a avenidas tiene un índice beneficio-coste de 12, lo que, para la inversión planteada supone un beneficio previsto de más de 7.188 M€ Igualmente, dicha inversión supondría una reducción de los daños económicos del 43% y de la población afectada del 65% .
La financiación para acometer estas inversiones debe venir directamente de los fondos Next Generation que recibirá España (principalmente de fondos no reembolsables) y que se tramitarán directamente desde el MITECO y a través de las CCAA y las administraciones locales, por lo que son difícilmente concesionables por su volumen e impacto, y difícilmente se prevé el uso de la colaboración público-privada, salvo para la construcción, operación y mantenimiento de determinadas infraestructuras de presas de gran volumen de inversión.
