Los investigadores del World Resources Institute han aprovechado su presencia en la Semana Mundial del Agua para recordar que sus estudios demuestran que asegurar el suministro y saneamiento de agua para 2030 podría costar apenas un 1% del PIB mundial, aunque hay diferencias por países
La comunidad internacional lo tiene muy claro: para hacer que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que busca garantizar el agua y el saneamiento para todos, sea una realidad en 2030, es necesario redoblar los esfuerzos. Según los últimos datos disponibles, el mundo necesitaría multiplicar por cuatro el índice de progreso actual si se quiere acabar con las más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que todavía viven sin agua potable administrada de manera segura, las 3.600 millones que no tienen acceso a un saneamiento adecuado y las 2.300 millones que carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar. Sin embargo, reducir estas terribles cifras podría costar mucho menos de lo que pensamos: resolver los problemas hídricos actuales costaría apenas un 1% del PIB mundial anual, es decir, en torno a 29 centavos de dólar por persona y día hasta 2030.
Así lo ha recordado estos días durante la celebración de la Semana Mundial del Agua de Estocolmo varios investigadores del World Resources Institute (WRI), uno de los mayores think-tanks del mundo dedicado a la transición ecológica y la gestión sostenible de recursos. Según un estudio elaborado el año pasado, si se invirtiera cada año un 1% del PIB en solucionar problemas hídricos como la falta de infraestructuras de potabilización y saneamiento se podría cumplir con la Agenda 2030 sin asumir grandes sacrificios. Y es que hablamos de una inversión que se recuperaría con creces: cada dólar que se destinara a mejorar el acceso al agua y su saneamiento supondría una media de 6,80 $ de retorno. Además, evitaría pérdidas de entre el 2 y el 10% del PIB global de aquí a 2050.
El estudio se centra en analizar qué inversiones y actuaciones sería necesarias para lograr cumplir con seis estrategias diferenciadas que, combinadas, supondrían lograr la seguridad hídrica. Una gestión del agua sostenible tiene, por tanto, seis caras, que van desde el acceso universal al agua potable hasta la puesta en marcha de legislaciones que permitan abordar y asegurar todas las políticas hídricas.
En concreto, hablamos de proporcionar agua potable administrada de manera segura a todas las poblaciones sin acceso; brindar servicios de saneamiento e higiene gestionados de forma segura a todas las poblaciones sin acceso; tratamiento de todas las aguas residuales industriales a niveles de tratamiento terciario; reducción de la carga de nutrientes a concentraciones aceptables dentro de los cuerpos de agua; abordar la escasez de agua alineando las extracciones de agua con la demanda de agua y teniendo en cuenta las tasas de flujo ambiental; y adoptar una gestión del agua que incluya regulaciones y legislación que acompañen las estrategias anteriores.
Según los investigadores del WRI, que han calculado las necesidades de inversión país por país siguiendo ese conjunto de polos de acción, 75 países -que suman la mitad de la población mundial- alcanzarían una gestión sostenible del agua invirtiendo menos de un 2% de su PIB anual en el sector. Otros 70 países requerirían un gasto de entre el 2 y el 8% para lograrlo y un grupo reducido de países con un alto estrés hídrico y una economía débil-entre los que se incluyen Bolivia, Chad, Malí, Etiopía o Madagasacar- tendrían que hacer esfuerzos de hasta un 20% de su PIB para poder asegurar el acceso al agua a toda su población.
Ante esta situación de desigualdad territorial, que además no incluye el coste de reemplazar la infraestructura existente, como tuberías o depuradoras, que pueden haber llegado al final de su vida efectiva, cobran especial importancia los llamados de las diferentes agencias de Naciones Unidas para mejorar la ayuda al desarrollo y fomentar la capacidad de resiliencia hídrica de los países más pobres que no puedan hacer frente a ese tipo de inversiones relativas a su PIB. En este sentido, lo primero es “ayudar a los países en vías de desarrollo para que puedan ampliar sus sistemas de seguimiento» y puedan conocer sus mayores retos hídricos y actúen en consecuencia, como explicó Stuart Warner, analista del PNUMA, en esta Semana Mundial del Agua.
Importantes diferencias por países
Para demostrar esa necesidad de impulsar la ayuda al desarrollo e ilustrar esa variabilidad de las inversiones por país, el estudio ofrece algunos ejemplos concretos. Estados Unidos, que se sitúa en el grupo de 75 países que necesitarían una inversión de menos del 2% de su PIB para lograr la gestión sostenible del agua, es uno de ellos, ya que solo necesitaría destinar un 0,78% del PIB anual para resolver todos sus problemas hídricos. En EEUU, la mayor brecha de inversión está en la falta de alineamiento entre demanda y extracción para paliar la escasez de agua, que representaría el 67% de los gastos del país para lograr “agua para todos”.
Estos inversiones moderadas palidecen en comparación con los daños que sufrirá el país si continúa la escasez de agua y no se toman acciones para evitarlo. En California, por ejemplo, la sequía ha alimentado los incendios forestales que causaron daños por valor de 24 mil millones de dólares en 2018 y se prevé que afectará negativamente la calidad del agua potable en los próximos años. De hecho, un estudio realizado por el Servicio Forestal de EEUU revela que casi la mitad de las cuencas fluviales que suministran agua al país norteamericano pueden no ser capaces de satisfacer las demandas en un futuro próximo, lo que podría limitar las necesidades municipales, la producción agrícola y el crecimiento industrial.
También en Sudáfrica, donde estuvieron muy cerca de tener que cortar completamente el suministro de agua a Ciudad del Cabo en 2018 por la grave sequía que sufría la zona, haría falta una inversión de justo el 2% de su PIB para solucionar los problemas hídricos nacionales. Más de la mitad de los costes estarían asociados con el suministro de agua potable y saneamiento, mientras que abordar la escasez supone aproximadamente el 20% de los gastos totales.
En el extremo opuesto encontramos los 17 países que necesitarían invertir más del 8% -y, en algunos caso, más del 20%- en lograr una gestión sostenible del agua. Por supuesto, esto no se debe solo a que tengan una política de gestión limitada o a la falta de infraestructuras: muchos de estos países tienen una economía nacional muy pobre, por lo que las inversiones relativas a su PIB se disparan. Esto supone que estos estados necesitarían inversiones externas, ya sea de bancos de desarrollo o de otras organizaciones de financiación internacional como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, para lograr cumplir el ODS 6.
Por ejemplo, lograr una gestión sostenible del agua en Malí podría requerir más del 8% de su PIB anual, de aquí a 2030. Y, al igual que en muchos países del África subsahariana, incluidos Eritrea, Zimbabue y Sierra Leona, las inversiones deberían centrarse en garantizar servicios básicos de agua potable y saneamiento, que representan el 58% de los costes totales. Esto se debe a que las inversiones en agua potable y el saneamiento están estrechamente relacionadas: los países donde el agua potable limpia y accesible es escasa tienden a tener también lagunas en el acceso al saneamiento, y viceversa.
Los investigadores precisan que para elaborar el estudio se han utilizado datos globales, por lo que no deben ser entendidos como costes totalmente precisos ni recomendaciones concretas de acciones sobre el terreno. El estudio recuerda que “la gestión eficaz de los recursos hídricos requiere una inmersión más profunda en las condiciones locales, teniendo en cuenta los desafíos hídricos nacionales, los datos microeconómicos y el panorama político”. Es decir, los cálculos sobre el PIB que se usan en el estudio deben usarse como un punto de partida para futuras investigaciones y, sobre todo, para empezar a distinguir qué países necesitan una mayor inversión.
Y es que, según el estudio, “las soluciones a los desafíos relacionados con el agua ya están estudiadas y pormenorizadas», pero hace falta una mayor inversión tanto del sector público como del privado y sobre todola voluntad política necesaria para implementarlos. Los autores de la investigación son claros: “Es hora de que las soluciones de agua se vean no como una carga, sino como una oportunidad».
