Una juez de Girona pide al Supremo que investigue a Puigdemont por prevaricación, fraude y falsedad documental por desviar fondos del canon del agua a la adquisición de obras de arte para el consistorio por importe de un millón de euros en el año 2015
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicita que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental en la gestión del agua urbana de la ciudad cuando era alcalde.
Según han informado a la Agencia de noticias Europa Press fuentes jurídicas, la magistrada ha accedido a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, ya que considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para «la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas» a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.
El inicio de esta investigación se remonta a 2015, tras una denuncia de la CUP presentada ante la Fiscalía Anticorrupción
Según consta en la investigación, la gestión del servicio de agua en Girona corría en aquellos años a cargo de Aigües de Girona, Salt i Sarriá de Ter, S.A. (Agissa), una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter.
En marzo de 2013, en el marco de la aprobación de la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios.
Artificio contable
De esa cantidad, el Consistorio que entonces dirigía Puigdemont recibió un total de 2.625.000 euros, importe que «debía revertir en el propio servicio» de aguas, según informe del secretario del Ayuntamiento que consta en el escrito de Anticorrupción.
Sin embargo, y mediante un «artificio» contable, explica el fiscal, un millón de euros de ese canon acabaron en la compra de un fondo de arte que había pertenecido al historiador Rafael Santos Torroella y que estaba valorado en 4,7 millones.
El artificio consistió en la «modificación de crédito por transferencia entre partidas» y finalmente la compra y financiación de la colección fue autorizada por un total de 11 concejales del Pleno del Ayuntamiento del 14 de febrero de 2014. Una modificación de crédito que, tal y como remarcan los informes periciales, no se podía llevar a cabo porque «no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario al estar afecto a una finalidad concreta», esto es, «el ciclo del agua».
Ese principio de recuperación de costes es, además, una de las obligaciones que exige la Directiva Marco del Agua por cuya falta de cumplimiento Bruselas ha llamado la atención en numerosas ocasiones a España.
La operación para ocultar la procedencia del dinero para el primer pago de la colección de arte se hizo, para Anticorrupción, «con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont». Una maniobra que, en opinión de la magistrada de Girona, contravino la Ley de Haciendas Locales.
Ahora, la Sala de lo Penal del alto tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena deberá decidir si abre causa contra Puigdemont por este asunto.
En caso de hacerlo, se nombraría un instructor, que sería quien decidiría si pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder imputar al ex president y que se sumaría al suplicatorio que ya solicitó el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena.
Sería curioso que lo que no consiguió el juez Llarena en Europa por un delito de “rebelión” lo logre ahora Marchena por prevaricación en la gestión del agua de Girona, la ciudad que gobernó durante cinco años (2011-2016).
