España cuenta con 1.342 áreas de alto riesgo potencial de inundación, fluviales y marinas, y a pesar de ser el país con más embalses per cápita del mundo, las inundaciones provocan pérdidas millonarias. Los mapas de zonas inundables, que datan de 2013, se someterán a consulta pública este verano
Las inundaciones, a pesar de ser el país con más embalses per cápita del mundo, son la catástrofe natural que mayores daños generan en España, estimados en una media de 800 millones de euros anuales, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
España cuenta con 1.342 áreas de alto riesgo potencial de inundación, fluviales y marinas.
La costa de Galicia se sitúa en primer lugar con 210 zonas de máxima peligrosidad, seguida de las cuencas mediterráneas de Andalucía con 200 y de la del Guadalquivir y Cantábrico Occidental, cada una con 110.
Según el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad, de estos 1.342 enclaves, en torno a 850 son áreas fluviales de riesgo potencial significativo de inundación y otras 450 son marinas, de acuerdo con los planes de riesgo de inundación aprobados en el año 2016.
Desde la Ley del Suelo reformulada en 2015, existe la obligación de incorporar a los planes generales de ordenación urbana un mapa de riesgos naturales para este tipo de desastres
Estos Planes tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones.
El ámbito territorial de los planes de gestión del riesgo de inundación es el de las demarcaciones hidrográficas.
800 millones de euros para más de 1.000 actuaciones
Los planes se están poniendo en marcha desde 2016 y en la mayor parte de los casos no se han podido implantar todas las medidas.
Los planes de riesgo de inundación contemplan actuaciones tales como obras en cauces, obras de restauración de ríos, encauzamientos o de ordenación del territorio
Estos planes han contado durante su elaboración con un amplio proceso de participación pública sobre la base de la mejora de la coordinación entre administraciones; el empleo de nuevas tecnologías para una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua.
Precisamente, se acaba de terminar la revisión de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de las cuencas intercomunitarias, tal y como pedía la UE y estamos en proceso de revisar los mapas de zonas inundables, que datan de 2013, y que se pondrán en consulta pública en verano, según han confirmado fuentes ministeriales a El Ágora.
Los planes de gestión de riesgo de inundación (PGRI), que se aprobaron en 2016 serán revisados en 2021, de acuerdo con una Directiva Europea que establece que estos planes se sujetan a revisiones periódicas cada seis años.
Estos planes son obligatorios y contemplan actuaciones tales como obras en cauces, obras de restauración de ríos, encauzamientos o de ordenación del territorio.
Además, como norma general, establecen que desde diciembre de 2016 no se puede construir en una zona. Para garantizar que se respeta la normativa de no construir en los lugares marcados se realiza un informe anual de seguimiento.
El Ministerio de Transición Ecológica afirma que es necesario mejorar en las tareas de prevención y concienciación de la población y de los mecanismos de protección civil, por parte de las autoridades locales y autonómicas de modo que se pueda incrementar el conocimiento de la población y su preparación para una emergencia de estas características.
En la actualidad todas las cuencas disponen de planes de riesgo de inundación incluida Canarias, donde han sufrido un retraso de carácter administrativo.
