La gratuidad del agua del grifo en la hostelería es una oportunidad bien recibida por el sector del agua urbana, que la ve como una oportunidad para afianzar la confianza en la excelente calidad de nuestras aguas



Las vacaciones de Semana Santa han dado un espaldarazo al sector turístico nacional que ha recuperado los niveles prepandemia de ocupación y ha alimentado la esperanza de la recuperación de uno de los motores de la economía española.
Entre las novedades de estas primeras vacaciones pascuales sin restricciones ni limitaciones a la movilidad, en las que el clima y la temperatura han ayudado, destaca el derecho a pedir agua del grifo en locales de hostelería y restauración.
Una costumbre poco arraigada en España, mucho más común en otros países de nuestro entorno, que surge como una herramienta para limitar los residuos plásticos del agua embotellada y que para el sector de las aguas urbanas supone una oportunidad para afianzar la confianza de los consumidores en el alimento más controlado y que más garantías de seguridad ofrece, amén de su excelente calidad en nuestro país.
España cuenta con los sistemas de filtración y gestión de aguas residuales más avanzados del mundo y toda el agua del grifo es apta para el consumo y cumple con los estándares de calidad de la UE
Morcillo destaca la oportunidad de esta medida para afianzar la confianza de los ciudadanos en la excelente calidad de las aguas del grifo que se sirven en toda España, que, hasta ahora, venía lastrada «por un extraño sentimiento de vergüenza que tenían los ciudadanos a pedir agua del grifo cuando en el resto de los países de nuestro entorno es una costumbre más que asentada por encima de las aguas embotelladas».
Agua, la bebida favorita de los españoles
Para los españoles el agua es la bebida preferida a tenor del consumo, aunque otros países de la UE nos superan: somos el cuarto productor de agua embotellada y el quinto en consumo. Casi 1.000 millones de euros al año gastamos los españoles en agua embotellada, con una ingesta media de 120 litros per cápita, un sobrecoste que no se justifica cuando en España disponemos de agua de grifo de excelente calidad.
Según el Ministerio de Sanidad, el precio medio del agua embotellada ronda los 21 céntimos por litro, si lo compramos en un supermercado, mientras que pagamos unos 1,57 euros por cada 1.000 litros de agua del grifo, es decir, 0,0015 céntimos por litro, prácticamente gratis.
Una Ley contra el «monstruo de las cloacas»
Más allá de la obligación en los negocios de restauración de ofrecer siempre de manera gratuita agua del grifo a los clientes la Ley de Residuos incorpora otros asuntos relevantes para el sector, según explica Morcillo, como la obligación de todas las administraciones e instituciones públicas de fomentar el consumo de agua del grifo en sus instalaciones.
Sin embargo, uno de los elementos más destacados de esta Ley por su afectación al servicio de las aguas urbanas es lo que se refiere a la responsabilidad ampliada de los primeros productores y, en especial, la incorporación de la nueva norma UNE que regula el etiquetado de toallitas húmedas para que se consideren biodegradables.
Para Morcillo es todo un logro del sector de las aguas urbanas que el artículo 60 de la Ley de Residuos recoja explícitamente la obligación de los productores de productos plásticos de un solo uso de sufragar los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos, incluida la limpieza en las infraestructuras de saneamiento y depuración, y de su posterior transporte y tratamiento.
Además, en el artículo 58.3 la Ley de Residuos se señala que los productos desechables vía inodoro certificados de conformidad con la Norma UNE 149002:2019 de “Criterios de aceptación de productos desechables vía inodoro”, que establece los requisitos que identifican qué es biodegradable y desintegrable, deberán cumplir los requisitos impuestos por esta norma, actualizada recientemente.
Una importante medida que aliviará el problema de las toallitas que arrojamos indebidamente al inodoro causando un grave perjuicio en los sistemas de saneamiento urbano, tal y como destaca Morcillo.
El ciclo completo de la gestión del agua desde el abastecimiento hasta el saneamiento de las aguas residuales tiene un coste aproximado de 100 euros por persona y año, de los que 40 euros corresponden al tratamiento de las aguas residuales y, solo las toallitas, implican entre cuatro y seis euros.
La incorporación de la norma UNE en la Ley de Residuos será una respuesta eficaz a la problemática de las obstrucciones en la red de saneamiento, al permitir contar con productos desechables de calidad y respetuosos con el medio ambiente, mediante el establecimiento de unos criterios objetivos.
Los productos de uso doméstico comercializados y marcados como “desechables vía inodoro” no deberán contener fibras plásticas en su composición −según quedan definidas en la Directiva (UE) 2019/904)− y cumplirán los criterios de aceptación relativos a sedimentación, dispersión y biodegradación establecidos en la misma.
Para ello, los productos deben superar con éxito todos los ensayos que acrediten que cumplen con los distintos requisitos a través de criterios de aceptación.
Asimismo, la Norma establece el marcado, etiquetado y los mensajes que se deben utilizar en los productos que cumplan con el estándar, para asegurar que sólo acaban en el inodoro aquellos que efectivamente sean desechables.
El estándar UNE 149002 se aplica a productos de uso habitual en el cuarto de baño, que están diseñados, etiquetados y comercializados implícita o explícitamente como desechables por vía inodoro.
