El Congreso ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una norma que introduce dos impuestos al plástico y establece la gratuidad del agua del grifo en la restauración
El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tras incorporar varias enmiendas incorporadas al texto en el Senado, donde el proyecto de ley se aprobó la semana pasada.
Esta nueva ley es la pieza principal del paquete normativo en materia de economía circular y residuos, donde además de actualizar la normativa de residuos, se aborda uno de los principales retos ambientales de la actualidad: los plásticos de un solo uso. «Viene a completar el trabajo realizado a lo largo de la legislatura, en la que, además de la Estrategia Española de Economía Circular y su Primer Plan de Acción, se han aprobado ya seis reales decretos en materia de residuos”, según ha destacado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera tras la aprobación.
La Ley da un papel protagonista a las medidas de prevención e incluye los objetivos de reducir el peso de los residuos producidos un 13% en 2025 y un 15% en 2030
El texto aprobado constituye una de las claves para impulsar la economía circular en España y ha sido incluido como una de las reformas estructurales del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Establece nuevos objetivos en materia de prevención de residuos que señalan una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2030 respecto a los generados en 2010.
Además, prevé que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 metros cuadrados destinen el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario, por ejemplo, mediante la venta a granel o el uso de envases reutilizables; la prohibición de destrucción o la eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos.
Asimismo, incluye un plan para incorporar la recogida separada de otros flujos de residuos como el textil o el aceite de cocina usado y una hoja de ruta para eliminar el amianto de los edificios en España.
Por otro lado, la normativa traspone la directiva europea de plásticos por la que quedará prohibida la venta y distribución de, entre otros, vasos, cubiertos de plástico o bastoncillos.
En relación con los objetivos comunitarios de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso, la ley prevé evaluar su grado de cumplimiento en 2023 y 2027, de forma que, si no se cumplen los objetivos fijados para esos años, 70% y 85% respectivamente, se deberá implantar un sistema de depósito, devolución y retorno en el plazo de dos años, pudiendo quedar afectados otros envases además de las botellas de plástico.
Además, se introduce también un impuesto estatal a los envases de plástico no reutilizables para avanzar en prevención y en la reducción de su uso en el territorio español, impulsando así las primeras opciones de la jerarquía de residuos.
Por otro lado, se ha revisado la regulación marco de la responsabilidad ampliada del productor en coherencia con la normativa comunitaria, para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de los residuos.
La nueva Ley de Residuos introduce las previsiones de desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor para los textiles, los muebles y enseres y los plásticos de uso agrario en el plazo de 3 años desde su entrada en vigor, así como para otros productos de plástico como los del tabaco.
Con esta regulación se pretende dar cobertura a distintas iniciativas que están surgiendo en estos sectores, y también servirá para dar respuesta a las importantes deficiencias encontradas en la gestión de los residuos generados por estos productos y los problemas ambientales asociados a ello, siguiendo así las recomendaciones de la Comisión Europea, que considera que la implantación de un sistema de responsabilidad ampliada del productor es un instrumento clave para la mejora de la gestión de estos residuos y la aplicación del principio de jerarquía.
Agua de grifo obligatoria en hostelería y restauración
La norma establece la obligación de que la hostelería ofrezca «siempre» a sus clientes la posibilidad de agua del grifo, en lugar de envasada, y para las administraciones públicas, la reducción del agua embotellada en sus dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, donde se permitirán envases de un solo uso.
Además, el texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir el 50% de los alimentos desechados per cápita a nivel de hogar, distribución minorista y consumo en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.
También destaca el refuerzo de las medidas relacionadas con la obtención de la información sobre la generación y gestión de los residuos, de manera que se garantice la trazabilidad desde que el residuo se genera hasta su completo tratamiento, y que se mejore la información disponible sobre la situación de la gestión de los residuos.
Entre las novedades de la nueva normativa también la revisión del régimen sancionador, que incluye nuevas infracciones, como el abandono de basura dispersa (littering) o la quema no autorizada de residuos agrarios y silvícolas, y el no establecimiento de recogidas separadas.
Por otro lado, también incluye una disposición específica sobre el amianto, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto con un calendario para su retirada. Además, la ley revisa los procedimientos de declaración de subproducto y de fin de condición de residuo, habilitando la posibilidad de desarrollo a nivel autonómico para agilizar la transición hacia la economía circular.
Del mismo modo, se establece que las entidades locales deberán aprobar ordenanzas municipales que permitan lograr los objetivos fijados en la ley y tendrán que establecer tasas diferenciadas que tengan en cuenta el coste real de las operaciones de gestión de residuos realizadas y que permitan implantar sistemas de pago por generación.
Fiscalidad verde
Por último, con el ánimo de avanzar hacia la economía circular, se introduce en la ley otro instrumento económico, además del impuesto a los envases de plástico no reutilizables, en la forma de medida fiscal que mejorarán la aplicación de la jerarquía de residuos. Ambos instrumentos entrarán en vigor en 2023.
En concreto, se establece un impuesto al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración, con el fin de cambiar la gestión de los residuos, en especial, los residuos municipales en España, de forma que se disminuya el uso de estas operaciones de tratamiento menos favorables según el principio de jerarquía de residuos, y de lograr mayores avances en los objetivos de reciclado establecidos. Este impuesto se configura como cedido a las comunidades autónomas, que tendrán competencias para su gestión, las cuales podrán dedicar los ingresos a la política de residuos.
Regulación de los suelos contaminados
La ley contiene también la regulación de los suelos contaminados, manteniéndose el anterior régimen jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos. Como novedad, se ha incluido la creación del Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos, y se precisan ciertos aspectos del procedimiento de declaración de suelos contaminados y su descontaminación.
