Hubo un tiempo en que muchos ríos y lagos de Estados Unidos eran como los de una ucronía punk; una pesadilla donde la naturaleza hubiera sido erradicada por la codicia humana. Algunos de estos ríos estaban tan contaminados que no tenían ni un pez. Nada. Ni una sola especie. Solo agua tóxica y purulenta, transformada en una mayonesa negruzca. Muchos norteamericanos todavía se acuerdan de aquellos días. Cuando no podían ni pescar ni beber ni bañarse en los ríos y lagos de sus ciudades.

En la década de los 60, los ríos estadounidenses tenían seis veces más contaminación que en el año 1900. Los pesticidas, el crudo, los residuos ácidos de las minas y otro tipo de vertidos industriales hacían de las aguas americanas un vertedero nacional. El reverso de una economía que dependía en gran medida de las industrias manufactureras que hacían y deshacían a su antojo, en un desierto legal. Hasta que, un día de octubre de 1972, la Ley de Aguas Limpias o Clean Water Act por su nombre en inglés empezó a transformar el paisaje.

“La Ley de Agua Limpia fue extremadamente relevante. Estableció que no había derecho a contaminar el agua de Estados Unidos”, dice a El Ágora el doctor Scott Meschke, microbiólogo ocupacional y medioambiental de la Universidad de Washington. “Fue la primera vez que hubo límites aplicables al vertido de sustancias contaminantes en nuestras aguas. Dada su aplicación, ha habido una mejora significativa en la calidad del agua de superficie de EEUU. Ya no tenemos ríos que prendan fuego, ni plantas que viertan aguas fecales sin procesar como una operación normal”.

Los estudiosos y los gestores de los recursos hídricos en Estados Unidos han celebrado este pasado mes de octubre el 50 aniversario de la ley, que sigue siendo el instrumento con el que el Gobierno federal protege la calidad del agua. En Michigan, uno de los estados más industrializados y con problemas de contaminación acuática, la congresista demócrata Debbie Dingell honraba hace unos días a los responsables de haber impulsado la Ley de Agua Limpia. Entre ellos, su difunto marido, John Dingell.

“Un agua limpia y asequible es un derecho humano básico por el que llevo trabajando desde que fui elegida, y que John Dingell reconoció mucho antes que tantos otros”, dijo la representante Debbie Dingell. “El 50 aniversario de la Ley de Agua Limpia sirve como recordatorio de todo lo bueno que se puede hacer cuando trabajamos juntos para proteger los más preciosos y vitales recursos”.

Como todos los proyectos que dejan una huella profunda, la Ley de Agua Limpia tiene su propia mitología: la epopeya de su inspiración y de cómo llegó a fructificar. Aparentemente fue un desastre natural el que amalgamó la masa crítica necesaria para apuntalar la ley. Hablamos del incendio del Río Cuyahoga, en Cleveland, en el verano de 1969. Uno de los hitos de la historia ecologista de EEUU.

Los habitantes más curtidos de esta región de Ohio, que fue el puntal acerero de Estados Unidos durante varias décadas, aún recuerdan el aspecto del Cuyahoga. Y el olor. Una especie de caldo metálico y burbujeante, con manchas negras de bordes amarillentos, plagado de leños podridos y de ratas muertas infladas. “Era una cosa aterradora”, declaró Tim Donovan, uno de los antiguos empleados de la planta acerera Jones & Laughlin, a Smithsonian Magazine. “Existía la regla general de que, si te caías [al río], Dios no lo quiera, tendrías que ir inmediatamente al hospital”.

El 22 de junio de aquel 1969, una chispa de las vías ferroviarias que pasaban por encima prendió fuego a las aguas pestilentes del Cuyahoga. El incendio, cuyas llamaradas llegaron a ser tan altas como un edificio de cinco plantas, recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación. La revista Time incluso le dedicó una portada, y las escasas organizaciones ecologistas de aquella época usaron el interés para divulgar el ambientalismo entre la ciudadanía y convencer a las autoridades de que tomaran medidas profundas y duraderas.

“Algunas de las piedras angulares del ecologismo americano fueron colocadas en los meses siguientes al incendio del Cuyahoga”

Y tuvieron éxito. Algunas de las piedras angulares del ecologismo americano fueron colocadas en los meses siguientes al incendio del Cuyahoga. 1970 fue el primer año en que se celebró el Día de la Tierra, y el año, también, de la creación de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA), el organismo encargado de aplicar las leyes medioambientales del país. Incluida, desde 1972, la Ley de Aguas Limpias.

Sin embargo, la asociación Cleveland Historical, desarrollada por la Universidad Estatal de Cleveland, tiene una actitud algo más crítica, incluso iconoclasta, respecto al incendio del Cuyahoga. Los historiadores argumentan que el siniestro no fue ni el único ni el más grave. En las décadas anteriores hubo 12 accidentes semejantes. De hecho, pese a haber alcanzado una talla mítica en el acervo ecologista, no existe ninguna foto de las llamaradas. La que apareció esos días en la portada de la revista Time era del incendio de 1952. Incluso así, sirvió para engordar el mito.

Cleveland Historical añade que la conciencia ecologista ya estaba activa en 1969. Un año antes del incendio, la ciudad había aprobado por mayoría absoluta un fondo de 100 millones de dólares para limpiar el río. Los trabajos estaban en curso. Respecto a las factorías contaminantes, como los astilleros, las refinerías o las fábricas de pintura, muchas ya habían cerrado las puertas como fruto del proceso de desindustrialización que había empezado a cambiar la faz de Estados Unidos.

Sea como fuere, el accidente marcó la historia ambientalista del país, quedando como uno de esos eventos catárticos que hace que las personas abran los ojos y vean, en este caso, un futuro sucio de ríos muertos que resulta necesario evitar. La Ley de Agua Limpia cumplió buena parte de su cometido. Hoy, las aguas del Cuyahoga donde antes solo había basura son habitadas por 70 tipos de peces; en lugar de fábricas anticuadas hay restaurantes con terrazas, e incluso se da una especie de peregrinación por parte de los amantes de la gestión del agua.

“Tengo gente que viene a mi oficina, habitualmente, desde otros estados y desde otras partes del mundo”, declaró a la agencia Associated Press Kurt Princic, jefe de distrito de la Agencia de Protección Medioambiental de Ohio. “Quiere saber cómo pasamos de estar como estábamos en los años 60 a cómo estamos hoy. Todo empieza con la Ley de Aguas Limpias, partenariados y trabajo duro”.

Efectos de la Clean Water Act

Más allá de este río de Ohio, la ley se dejó notar por todo Estados Unidos. “Ha brindado tremendos beneficios a la salud pública, la recreación y la vida salvaje, y es la principal manera en la que protegemos los cuerpos acuáticos de la polución y la destrucción”, dice a El Ágora Karen Levy, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Washington. “La proporción de aguas adecuadas para la pesca aumentó un 12% entre 1972 y 2001, y las medidas indican una caída sustancial en los niveles de contaminación”.

Otro elemento que abrillanta la ley es la épica de su aprobación. La noche anterior al voto, el presidente Richard Nixon la vetó. Argumentaba que resultaba demasiado costosa (24.000 millones de dólares) y que la acción estatal pondría freno a la actividad económica, elevando, posiblemente, los precios, e introduciendo distorsiones en los mercados. Pero una gran mayoría de congresistas de ambos partidos no estaban de acuerdo. Sus votos pudieron sortear el veto presidencial.

Aun así, queda camino por recorrer, como apuntan los científicos consultados para este artículo. “Entre el 40% y el 50% de los ríos y arroyos están actualmente dañados (no cumplen los estándares para poderse nadar o ejercer la pesca en ellos)”, cuenta el Dr. Scott Meschke, “y hay desafíos a la autoridad de la EPA para regular determinadas aguas”. La Agencia de Protección Medioambiental ha visto sus poderes recortados por el Tribunal Supremo, dominado por jueces conservadores.

Otro problema estructural que tiene que ver con las leyes, añade la profesora Karen Levy, es la descoordinación que existe entre las distintas autoridades nacionales. “Diferentes estados tienen diferentes niveles de calidad en lo que respecta a la recolección de datos, diferentes frecuencias de monitorización y diferentes interpretaciones de lo que cuenta como calidad aceptable del agua y lo que cuenta como dañado. Esto lleva a desigualdades en el acceso a un agua segura para consumo y recreación en Estados Unidos”.

Además, continúa Levy, la ley “se centra en la contaminación de fuentes identificables como las factorías y plantas de aguas residuales, pero no en las más difusas fuentes de contaminación que son el agua de lluvia o el derretimiento de la nieve, que recogen sustancias contaminantes de grandes porciones del paisaje, como las granjas o las calles de una ciudad”. Abarcar también estos aspectos, según Levy, debería de ser una prioridad.

Mientras tanto, el Gobierno federal sigue tratando de mejorar la calidad del agua. Una parte del plan de infraestructuras aprobado por la Administración Biden en 2021 incluye 50.000 millones de dólares para reemplazar las tuberías de plomo, actualizar la gestión de aguas residuales y ampliar el acceso al agua potable. Alejando al país uno o dos palmos más de aquel panorama de pesadilla.