A poco menos de dos semanas para que termine el plazo de presentación de alegaciones al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático los objetivos de mitigación, resiliencia y adaptación de los recursos hídricos y su gestión son una lista de buenos deseos sin concreción presupuestaria para su ejecución
En plena desescalada tras ocho semanas, camino de 9 en algunas regiones, de confinamiento para frenar la expansión del coronavirus, España calienta motores para recuperar su economía. Una economía que, según la apuesta de Bruselas liderada por los españoles, será verde o no será.
Si ayer fue el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que obtuvo el visto bueno para el inicio de su tramitación parlamentaria, hoy en El Ágora pone el foco en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y su incidencia en la gestión de los recursos hídricos.
Un documento que se encuentra en fase de alegaciones hasta el próximo 4 de junio y que pretende estar listo a finales de año, con un horizonte temporal 2021-2030 y con el objetivo de establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.
En España, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. La temperatura media en el conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC desde la época preindustrial, el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 km2 en un plazo de 20 años.
Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. También otros muchos campos esenciales para nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda.
El ahorro, la reutilización de las aguas regeneradas y la desalación junto con el uso de energías renovables, pueden facilitar la adaptación al cambio climático
Vaya por delante que el borrador del PNACC no contempla ninguna partida financiera para su ejecución, si bien hace alusión al Plan PIMA Adapta que se enmarca dentro del actual Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y contemplaba actuaciones en los ámbitos de las costas, el dominio público hidráulico y los Parques Nacionales hasta 2020.
Adaptación, mitigación y resiliencia
El Plan de adaptación para el próximo decenio señala que en un país que ya utiliza de forma intensa el agua, es esencial dar respuesta a las nuevas presiones que se derivan del cambio climático y gestionar los conflictos de usos, planteando políticas y acciones concretas que refuercen la gestión integrada de agua y territorio.
El reto es crucial ya que, si no se interviene de forma adecuada, las demandas no podrán ser atendidas con los recursos disponibles abocándonos a una crisis estructural por el agua.
El ahorro, la reutilización de las aguas regeneradas y la desalación, junto con el uso de energías renovables, pueden facilitar la adaptación al cambio climático.
No obstante, los efectos del cambio climático se extienden más allá de la disponibilidad de recursos hídricos, afectando a otros aspectos relevantes de la gestión del agua, como son las demandas, la calidad del agua y de los ecosistemas, o la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, debiendo ser considerados estos efectos en la planificación hidrológica.
La experiencia y los apuntes de los expertos ya anuncian que los sistemas de modelización, esenciales para la planificación hidraúlica, urbanística, en la elaboración de los Planes de riesgo de inundaciones y de sequía y hasta para preveer lixivaciones y planificar inversiones infraestructurales requieren una revisión.
El cambio climático ha modificado los patrones de previsión y serán necesarias nuevas tecnologías y la incorporación de nuevos conocimientos para mejorar los sistemas los sistemas predictivos y adecuar los periodos de retorno, ya que todo apunta a más y más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales o periodos de sequía más prolongados y seguidos.
Así el Plan de adaptación señala que los estudios de evaluación de impactos desarrollados hasta la fecha deberán además actualizarse periódicamente conforme a las nuevas proyecciones climáticas regionalizadas para España a partir de los modelos globales y escenarios de los sucesivos informes del IPCC.
Uno de los ejes que presenta el Plan como novedad, aunque ya estaba recogido este paradigma en la Directiva Marco del Agua del año 2000, es la gestión de la sequía diferenciando el déficit de precipitaciones estructural de las situaciones de escasez de agua coyunturales por un incremento de la demanda.
Un fenómeno, el de la escasez ligado a la estacionalidad del turismo y otros usos, que llevan a plantearse la necesidad de buscar fuentes alternativas de agua para cubrir estos periodos de escasez.
La hoja de ruta del Gobierno insiste en que en la medida de lo posible, las medidas de adaptación serán objeto de análisis coste-beneficio, siendo prioritarias, en todo caso, las medidas orientadas al ahorro de agua, la diversificación de la oferta, la mejora del estado de las masas y los ecosistemas acuáticos, la mejora de la conectividad ecológica, la adaptación de las infraestructuras hidráulicas (regulación, distribución, saneamiento, depuración…) a los nuevos escenarios y la eficiencia energética, incorporando las energías renovables al esquema conjunto de uso de agua y energía, como medio de reducir los costes de explotación de la generación y transporte de recursos como las aguas regeneradas y desaladas.
La calidad de las masas de agua, asignatura pendidente en España
Los impactos y riesgos asociados a los recursos hídricos por efecto del cambio climático van más allá de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, debiendo abordar la gestión del recurso desde una visión holística e integradora.
En este sentido, dentro de la estrategias de adaptación desarrolladas a nivel de cuenca en respuesta a la reducción de riesgos frente al cambio climático, deberán priorizarse actuaciones de mejora de la calidad de las aguas, reforzando las acciones de depuración y de control de la contaminación puntual y difusa, junto con la definición de regímenes de caudales adecuados, que eviten que la falta de caudales incida en la calidad del agua y la conservación de especies, situación que se verá agravada por el cambio climático.Ambos aspectos ya vienen siendo regulados por la Directiva Marco del Agua desde hace 20 años, si bien es cierto que España incumple en este punto la normativa comunitaria y ha sido objeto de cuantiosas sanciones por mantener un número importante de núcleos poblaciones sin acceso al saneamiento de sus aguas residuales.
Si bien, en este sentido el Gobierno mantiene declaradas algunas de las intervenciones necesarias como obras de interés general las deficiencias en saneamiento y depuración son una asignatura pendiente en España que arrastra un retraso de más de quince años.
El Gobierno es consciente de que es necesario seguir la evolución de las presiones significativas. Este mejor conocimiento requerirá la incorporación de tecnología de medición para saber en tiempo real el consumo de los distintos usos de agua y la situación real de cada una de las fuentes de recursos hídricos.
Y entre ellas las relacionadas con las distintas clases de utilización del agua, tanto por extracción y sus efectos hidromorfológicos relacionados como por el retorno de aguas residuales, lixiviados, excedentes aportados, etc.
El conocimiento real de los usos del agua en España es esencial para el diseño de estrategias de adaptación efectivas y realistas, que aborden un control estricto de los usos en el marco del régimen concesional y legalidad vigente.
Para lograrlo quiere mejorar el conocimiento sobre el régimen concesional existente que incluya información sobre consumos reales y derechos existentes, grado de depuración, retornos de regadío, reutilización…
Los sistemas de seguimiento en materia de cambio climático integrarán una Red de seguimiento de los efectos del cambio climático en las masas de agua, especialmente en las no alteradas por la acción humana directa. Una Red de seguimiento del estado de todas las masas de agua (calidad y cantidad) y una Base Central del Agua en coordinación con los Registros del Agua de los organismos de cuenca, con información real del régimen concesional existente.
Lograr una plena adaptación de los recursos hídricos y favorecer la mitigación, adaptación y resiliencia con una visión holística del agua y el territorio no puede lograrse sin una buena base presupuestaria y sin alusiones al déficit de inversión infraestructural en el ciclo integral de agua, superior al 70% en los últimos años.
Gestionar los nuevos riesgos climáticos como sequías o inundaciones exige invertir no solo en sistemas de predicción, donde la tecnología juega un papel destacado, sino en sistemas de drenaje, gestión de costa, escorrentías y redefinición de los mapas, así como la remodedación de una parte del territorio especialmente expuesto a estos riesgos en el nuevo escenario climático.
Es difícil no compartir los loables objetivos del Plan, pero sin un soporte presupuestario realista que permita acomete los cambios requeridos dificilmente seremos capaces de adaptar la gestión e los recursos al impacto que ya conocemos del cambio climático en la cantidad y calidad del agua disponible y en las infraestructuras que permiten sus uso y que ya de por sí, por su obsolescencia presentan dificultades operativas en los nuevos escenarios.
