El director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, pide más acción pública y Gobernanza en Latinoamérica ante el retraso en el acceso al agua
Latinoamérica, con una cobertura promedio de acceso al agua potable de entre el 55 y 60%, requiere una «mayor acción pública» para lograr que un cien por cien de su población tenga acceso al agua, según advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El administrador asistente y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, analiza en una entrevista con la agencia Efe la situación regional de acceso al agua, que junto al saneamiento es el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
«El porcentaje de cobertura al que aspiramos es el cien por cien», puntualizó López-Calva, para quien el mensaje del PNUD no pretende ser de «optimismo, sino más bien un llamado a mucha mayor acción pública» para garantizar esa cobertura universal al agua potable.
Al referirse al panorama regional, López-Calva estima que la cobertura de agua está «alrededor del 60» o «entre 55 y 60%» lo que supone una «brecha muy grande que tenemos que insistir en cubrir», añade el oficial desde la sede del PNUD en Nueva York.
López-Calva llama la atención sobre la «enorme heterogeneidad» que existe entre los países en términos de acceso al agua, y que vincula a aspectos como el nivel de desarrollo, ingresos, regulación o institucional.
Pero también alerta sobre la «inequidad» que se vive al interior de los mismos países, al explicar que pese a que algunos cuentan con una cobertura amplia en la provisión de agua, el acceso a este recurso puede ser heterogéneo de un territorio a otro.
«La región tiene unos déficits enormes, tanto en promedio como región como al interior de los países», añade el delegado internacional, que defiende el acceso al agua como «un derecho».
En América Latina y el Caribe (ALC), como en gran parte del mundo, el acceso al agua sigue siendo muy desigual
El PNUD señala que estas desigualdades no son inevitables. Universalizar el acceso a este recurso es, en última instancia, una cuestión de gobernanza. El agua es un servicio básico y un derecho humano que los estados deben garantizar por igual a todos los ciudadanos, sin importar en qué parte del territorio vivan o cuánto puedan pagar por el servicio. Mejorar su gestión para lograr “agua para todos” requiere considerar los marcos y sistemas institucionales que determinan quién puede usarla, cuándo y cómo.
Un problema de Gobernanza
En todo caso, observa que en la actualidad no existe una «escasez de agua estructural» que ya se prevé como una de las consecuencias del cambio climático, sino una «mala gobernanza» de este recurso y de ahí la importancia de tener un Estado «fuerte» y con «decisión de invertir en infraestructuras hídricas para poder llevar el agua a todos los ciudadanos».
Para los casos en los que se requiera financiación, recomienda analizar los mecanismos que permitan al sector privado intervenir en la inversión en infraestructura, aunque aclaró que cada país debe debatir este asunto «de manera soberana».
Además, respalda que se involucre a los ciudadanos en la gestión comunitaria de los recursos naturales.
Uno de estos casos que cita como ejemplo es el de la comunidad de Teniente Martínez, en Paraguay, donde pobladores y autoridades locales han apoyado la implementación de «soluciones basadas en la naturaleza». En ese lugar, se instaló una planta potabilizadora de agua y una red de distribución con el financiamiento del PNUD.
Paraguay se destaca como uno de los países que más ha mejorado en el mundo. Este cambio no es resultado de un repentino aumento en la cantidad de agua disponible en el país, sino el resultado de inversiones intencionales para mejorar la gobernanza del agua, incluidas medidas como el establecimiento de nuevos marcos legales, la creación de capacidad estatal y el establecimiento de nuevos modelos de compromiso con comunidades locales.
López-Calva señala como parte de los compromisos de la gobernanza del agua que se proteja el recurso hídrico. «Según las estimaciones, para el 2050, que no es muy lejos, estaríamos hablando de que alrededor del 50% de la población tendría problemas de acceso al agua, si se mantiene la tendencia actual», advierte.
En este sentido, subraya que el acceso al agua «ya es un problema de emergencia» y defiende como «válido» y «pertinente» hacer un llamado a los países de la región para que avancen en este aspecto y vayan «más allá de los promedios».
Para ello pide poner este tema «sobre la mesa como una prioridad muy importante para los Gobiernos», al subrayar que Latinoamérica «en general» está todavía rezagada en el logro de una cobertura universal de acceso al agua potable.
En especial, llama a que se superen las desigualdades en el acceso a este recurso, al señalar el impacto que esta situación tiene entre ciertos grupos étnicos o entre mujeres y niños, en quienes se delega el transporte del agua, muchas veces desde lugares distantes.
