Municipios, el cuarto y más corto pilar de la reconstrucción

España está a punto de recibir casi 9.000 millones de euros del primer trasvase procedente de los fondos europeos Next Generation, tras la aprobación esta misma semana en el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Un caudal que, una vez desbloqueado, se espera ingresar en forma de anticipo a lo largo del verano en las arcas del Estado, y al que se podrían sumar, a finales de año, otros 11.500 millones de euros, un segundo pago condicionado al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos pactados entre el Gobierno y Bruselas, y que elevaría a 19.000 millones el total de fondos europeos recibidos por nuestro país en 2021.

Pero más allá de la cantidades, en el sector empresarial y en la propia Administración preocupa la definición de las fórmulas de gobernanza de la gestión de los fondos, pues son conscientes que será del todo necesario mejorar y agilizar los arduos procesos de licitación, adjudicación y contratación para no perder un solo euro de inversión por la posible falta de capacidad para ejecutar, en tiempo y forma, los proyectos financiables con cargo a los fondos Next Generation.

Esta preocupación se agudiza según se desescala en la administración encargada de gestionar los proyectos, desde la Administración Central del Estado, pasando por la Autonómica, hasta llegar al ámbito local, que es donde, con más de 8.100 entes competentes, se cuestiona la propia capacidad de absorber la gestión de los proyectos que lleven al terreno el caudal de fondos para recuperarse, transformarse y ganar en resiliencia.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEM) señalan que han negociado duro con el Gobierno durante todos estos meses para erigirse como el cuarto pilar de la recuperación, y que los diversos ministerios ya han comprometido con los ayuntamientos 8.500 millones de euros procedentes de estos fondos europeos, una cifra que sin embargo, refieren “solo representa el 14% de la cantidad asignada por la UE a España”.

Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, prevé una asignación de más de 4.000 millones de euros; el de Industria, Comercio y Turismo, por diferentes vías, en torno a 1.600; más de 1.000 millones el de Transición Ecológica, y otras cantidades menores hasta llegar a los 8.500 millones, para formación, oficinas de justicia en los municipios o despoblación.

Por su cercanía a los ciudadanos y su rol en la tramitación de los proyectos, desde la FEMP insisten en que los ayuntamientos cumplirán un papel fundamental en la correcta ejecución de los fondos, y ello pese a que a las ingenierías y constructoras les preocupe que la falta de técnicos capacitados y de medios materiales impida a los municipios más pequeños cumplir con los exigentes requisitos y plazos fijados por Bruselas.

Incluso la propia vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista concedida a El Ágora, hacía un llamamiento para que la ejecución de las inversiones previstas con cargo a la recuperación “no sean una carga inasumible para los ayuntamientos” con escasa capacidad administrativa y de gestión, ante la envergadura de las actuaciones que se prevén en los próximos años.

Y en concreto, en alusión a las inversiones previstas en materia de digitalización de la gestión hidráulica y el impulso al saneamiento, ha pedido “un especial esfuerzo inversor en pequeños municipios que tienen poca capacidad para acometer las actuaciones que exige el cumplimiento de la  Directiva Marco del Agua en materia de saneamiento, con especial atención a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y algunos de menos de 20.000 habitantes que se han desarrollado dejando infra dimensionados u obsoletos sus sistemas de depuración”.

Ribera reclama que, tanto desde la administración clásica del agua (Dirección General del Agua y Confederaciones hidrológicas) como a través de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones provinciales u otras fórmulas de corporación supramunicipal o mancomunadas, contribuyan a que este esfuerzo inversor que sale de los Presupuestos Generales del Estado, con ayuda de los Fondos europeos de reconstrucción, y completados con otros fondos estructurales y de cohesión “sea percibido como una gran oportunidad con capacidad de gestión por parte de los pequeños municipios y no como una tortura, porque realmente acometer este tipo de inversiones, de obras de contratación puede desbordar la capacidad de un pequeño equipo municipal”.

Por su parte, Concha Santos, presidenta de la Asociación de Constructoras No Cotizadas (ANCI), ha destacado para El Ágora la gran oportunidad que significan estos fondos Next-Generation para reducir el déficit de inversión infraestructural que arrastra España desde la crisis económica de 2008, que redujo a mínimos la inversión pública.

“Este déficit inversor dejó aparcados multitud de proyectos que identifican las necesidades sobre el terreno. Conocemos las actuaciones que debemos desarrollar y ahora contamos con fondos para invertir, pero el gran reto está en la capacidad de gestionar y ejecutar en tiempo y forma todo este caudal sin que perdamos un solo euro”, afirma Santos.

Para las constructoras es necesario impulsar la real ejecución de esas inversiones, intentando aprovechar la oportunidad que se presenta con los Fondos Europeos NG-EU para la recuperación, cuyos principios y objetivos incluyen la gestión del agua y la protección de la biodiversidad como una parte destacada.

Además, destaca que los ayuntamientos serán muy importantes y tienen que ponerse al día para garantizar el cumplimiento del nivel de fiscalización que Europa ha puesto a estos fondos. “No solo es que cada seis meses tengamos que certificar el avance del proyecto para percibir el siguiente pago, sino que, si no hemos sido capaces de estar a la altura, deberemos devolver las cantidades asignadas”, añade Santos.

Asimismo, la presidenta de ANCI señala como especialmente complejos los proyectos relacionados con el agua urbana, por ser de competencia exclusivamente urbana y por la envergadura de las inversiones que hay que llevar a cabo en un ámbito como el local, que adolece en la mayoría de ocasiones de economías de escala y de la capacidad gestora necesaria.

Y en concreto señala actuaciones en depuración, saneamiento y reutilización; la eficiencia en el uso del agua, que exige una importante reducción de fugas y pérdidas mediante la renovación de las redes de distribución de agua; la gestión de residuos; la modernización de regadíos, la rehabilitación de viviendas, la movilidad sostenible segura y conectada, el desarrollo de energías renovables, el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico y la mejora de zonas comerciales.

Para Santos la principal dificultad está en los órganos de contratación y refiere que la Gobernanza de los fondos será fundamental para no perder oportunidades.

Así, pide anticiparse a los posibles cuellos de botella que surjan en el proceso de recuperación en el ámbito local, y espera un paso al frente por parte del Gobierno en la definición de esta Gobernanza y el desarrollo legislativo necesario para que se puedan canalizar adecuadamente la gestión de los proyectos y arbitrar el acompañamiento y los protocolos de actuación que garanticen un correcto y eficiente uso de todos estos fondos que están por llegar.

¿La recuperación hidráulica?

El Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia de España espera 1.700 millones de euros para invertir en el ciclo integral del agua español, que se reparten en tres ejes estratégicos: 800 millones de euros se destinarán a la recuperación y restauración fluvial, para devolver la salud a nuestros ríos y acuíferos, de los que más del 40% presentan un mal estado de calidad, y para prevenir el riesgo de crecidas e inundaciones, que serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático, según los modelos de proyección meteorológica.

El saneamiento es la segunda línea de inversiones para la reconstrucción del agua. Serán 650 millones de euros con los que el Gobierno quiere dar carpetazo a la asignatura pendiente de la depuración, con especial atención y apoyo a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La última partida destinada a la reconstrucción hídrica será la que financie el Plan Nacional de Digitalización de la Administración del agua: 250 millones de euros para anticiparse a las necesidades de información y transparencia que introduce la nueva Directiva Europea de Calidad del Agua para Consumo Humano, y el registro electrónico de derechos de agua, que controle dónde va cada gota que extraen los más de 500.000 aprovechamientos de agua que hay en España.

Para el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que intervino recientemente en un evento organizado por Ecoembes, “es desde la política local, la política total, desde donde se puede afrontar de forma más efectiva la adopción de este nuevo modelo económico que buscamos con la recuperación”.

Caballero destacó un cambio “en la arquitectura de las decisiones”, porque cada vez son más los Ayuntamientos que se tienen que hacer cargo, y es en los municipios donde se interviene sobre materias como los ciclos del agua, la limpieza, procesos urbanísticos más sostenibles, políticas de rehabilitación… “Hay soluciones técnicas y ahora necesitamos mentalidad, disposición y recursos para afrontarlo”, destacaba Caballero.

Sin embargo, el temor a que el trasvase de fondos europeos no llegue a los entes locales por este temor a no ser capaces de gestionarlos debidamente se hace palpable en todos los ámbitos territoriales de la política.

Por ejemplo, la Xunta de Galicia ha denunciado que el 98% de los ayuntamientos gallegos podría «quedar fuera» de los Next Generation, al menos en lo referente a la asignación de recursos para movilidad sostenible; y recuerda que en la última conferencia sectorial de transportes, el Ministerio del ramo trasladó a las autonomías que los fondos de reconstrucción para la mejora de la movilidad y la digitalización deben ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes.

Pese a lo complicado del escenario, hay municipios que tienen claro que los Next Generation son su oportunidad para adaptarse a la nueva realidad, que una vez pasada la crisis sanitaria, será definida por el nuevo escenario climático, que nos lleva, entre otros efectos, a enfrentarnos a un mayor estrés hídrico, al tiempo que nos aboca a periodos prolongados de sequía e inundaciones frecuentes y más intensas, lo que obliga a invertir para adaptar las ciudades y preparar a las personas.